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Mar. Nov 26th, 2024
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El proyecto de ley que busca incluir supuestamente a un régimen jurídico a los “perros peligrosos” encontró “lagunas” legales ayer en la Cámara de Diputados. Solo se aprobó en general y se postergó por tres semanas el debate en particular de cada artículo. En este tiempo, intentarán solucionar ambigüedades, algunas básicas, como definir las razas de los “perros peligrosos”, que no se citan en la ley. Se advirtió además de una sobre legislación, ya que existen normas vigentes referentes al tema.

Pese al intenso debate en Cámara de Diputados y una serie de postergaciones previas, los diputados no pudieron aclarar todas las ambigüedades que existen en el proyecto de ley presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) y en vez de optar por el rechazo y remitir al archivo, se optó por aprobar en general y estudiar de nuevo en 22 días cómo adecuar cada artículo.

Esgaib se molestó por las dudas planteadas a su proyecto, afirmando que no se puede “cumplir con el deseo que tiene la mayoría de la gente”. Sugirió aprobar en Diputados y luego debatir los puntos cuestionados en la Cámara de Senadores.

Sobre las críticas por el hecho de que ya existen leyes sobre el tema, Esgaib recriminó que “a partir de que tocó el tema, saltaron los genios” a plantear las reglamentaciones.

Varios legisladores plantearon sus cuestionamientos fundados contra esta iniciativa, comenzando por el hecho de que ya existen leyes vigentes como la Ley Nº 4840/2013 “De protección y bienestar animal” y su modificación, mediante Ley Nº 5892/17, y una reglamentación puntual sobre la tenencia de animales peligrosos, y que si bien reconocen que pueden tener falencias, la ley tampoco las soluciona.

Sin embargo, una mayoría de diputados consideró que pese a las críticas, el “espíritu” del proyecto era loable, ante lo cual, concretamente el diputado Miguel Del Puerto (ANR, HC) recomendó la aprobación en general y la postergación del estudio de los artículos.

En 22 días se volverá a debatir artículo por artículo, entre los cuales hay críticas sobre la posibilidad de la imposición de un seguro obligatorio contra daños a terceros, a ser contratado por los dueños de estos perros, o delegar a los municipios el registro de animales peligrosos.

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