Hay muchas maneras de conocer una ciudad. Una consiste en recorrer sus calles, observar sus espacios públicos y escuchar a quienes viven en ella. Otra es examinar qué problemas llegan al gobierno local, desde dónde se plantean y qué respuestas reciben.
El informe de gestión del programa «Sé parte de tu Municipio», elaborado en el marco de la asistencia técnica del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) al Municipio de Carmelo, ofrece una aproximación a esta segunda dimensión.
El trabajo registra 75 demandas correspondientes a 12 barrios o agrupaciones territoriales, con información relevada entre setiembre y octubre de 2025 y un estado de situación actualizado a agosto de 2026.
De esas 75 demandas, 34 figuran como finalizadas, nueve en ejecución, 20 por iniciar y 12 clasificadas como no viables.
Los números describen una parte de la actividad municipal. Pero también permiten formular preguntas sobre la organización de la ciudad, las oportunidades de participación, las prioridades de inversión y la relación entre las instituciones y la ciudadanía.
Porque una demanda vecinal no es solamente un pedido de obra o servicio. También puede ser una expresión de cómo las personas experimentan el territorio, qué consideran necesario para su vida cotidiana y qué esperan del Estado.
El 57% de las demandas recibió alguna respuesta de ejecución, pero solo el 45,3% está finalizado
El informe permite distinguir cuatro situaciones:
- 34 demandas finalizadas (45,3%): actuaciones registradas como concluidas.
- 9 demandas en ejecución (12%): intervenciones que todavía se encuentran en desarrollo.
- 20 demandas por iniciar (26,7%): asuntos pendientes de comienzo.
- 12 demandas no viables (16%): planteos que, según la clasificación del informe, no pueden concretarse en las condiciones consideradas.
Si se suman las demandas finalizadas y las que están en ejecución, el porcentaje alcanza el 57,3%.
Sin embargo, ese indicador no debe confundirse con el de resolución efectiva. Una intervención en ejecución todavía puede enfrentar dificultades, cambios de alcance o demoras.
Tampoco el número de demandas finalizadas informa por sí solo sobre la magnitud de las obras, su costo, el tiempo de respuesta o el grado de satisfacción de quienes las solicitaron.
Resolver una reparación puntual y ejecutar una intervención urbana de mayor escala son actuaciones diferentes, aunque ambas puedan contabilizarse como una demanda atendida.
Desde la gestión pública, esto plantea una primera cuestión metodológica: medir cuánto se hizo es necesario, pero también importa conocer qué se hizo, cuánto demoró, a quiénes benefició y qué problema logró resolver.
Los barrios hablan, pero no todos tienen las mismas posibilidades de hacerse escuchar
Uno de los aspectos más significativos del trabajo es su distribución territorial.
El Cerro concentra 13 demandas, seguido por Centenario, con nueve; Mihanovich, con ocho; y Saravia y Zagarzazú, con siete cada uno.
En conjunto, estos cinco territorios reúnen 44 de las 75 demandas registradas, equivalentes al 58,7% del total.
La concentración admite distintas interpretaciones.
Puede relacionarse con necesidades urbanas acumuladas, con una mayor capacidad de organización vecinal, con el conocimiento de los mecanismos de participación o con la intensidad de los problemas identificados.
También puede responder a diferencias en la cantidad de habitantes o en la forma en que se realizaron las instancias de consulta.
El informe disponible no permite determinar cuál de estas explicaciones tiene mayor peso.
Esta limitación es importante porque la cantidad de reclamos no equivale necesariamente a la cantidad de necesidades.
Un barrio con pocas demandas no tiene por qué ser un barrio con pocos problemas. Puede tratarse de un territorio donde los habitantes encuentran mayores dificultades para participar, donde existen otras vías de comunicación con las autoridades o donde las necesidades no se expresaron durante el relevamiento.
Desde una perspectiva sociológica, la participación está condicionada por factores como el tiempo disponible, las redes de organización, el acceso a la información y la confianza en las instituciones.
Desde una mirada antropológica, también importa comprender cómo los vecinos identifican los problemas, qué significado atribuyen a los espacios compartidos y qué experiencias anteriores influyen en su decisión de participar.
Por eso, los barrios no hablan como si fueran una sola persona. En cada uno conviven generaciones, trayectorias, intereses y necesidades diferentes.
Escuchar a un barrio requiere reconocer esa diversidad.
La desigualdad territorial: lo que muestran los porcentajes y lo que todavía falta conocer
La distribución de las respuestas municipales introduce otra dimensión del análisis.
El Cerro presenta diez demandas finalizadas sobre 13 registradas, lo que representa una tasa de finalización del 76,9%. Si se incorpora una intervención en ejecución, el porcentaje de demandas atendidas alcanza el 84,6%.
Centenario muestra una situación diferente: de nueve demandas, dos están finalizadas, una en ejecución, tres por iniciar y tres clasificadas como no viables.
Su tasa de finalización es del 22,2%, mientras que la proporción de demandas finalizadas o en ejecución alcanza el 33,3%.
Mihanovich registra ocho demandas, con tres finalizadas y dos en ejecución. Saravia presenta siete, de las cuales dos están finalizadas y una en ejecución.
Estas diferencias son relevantes para analizar la distribución territorial de las respuestas.
No obstante, sería incorrecto concluir únicamente a partir de ellas que existe un trato desigual deliberado hacia determinados barrios.
Las demandas pueden tener distintos costos, grados de complejidad, requisitos técnicos, competencias institucionales o plazos de ejecución.
Además, los porcentajes pueden variar considerablemente cuando el número de casos es pequeño.
En un territorio con tres demandas, por ejemplo, resolver una más modifica la tasa de finalización en 33,3 puntos porcentuales.
El informe muestra, por tanto, diferencias territoriales en el estado de las demandas, pero no demuestra por sí solo las causas de esas diferencias.
Para avanzar hacia un diagnóstico de desigualdad urbana sería necesario cruzar los registros con otras variables: población de cada barrio, condiciones habitacionales, infraestructura disponible, accesibilidad, características socioeconómicas e inversión pública recibida.
También sería necesario conocer cuáles fueron las demandas rechazadas como no viables y los motivos de esa clasificación.
La desigualdad no se expresa solamente en la existencia de problemas. También puede manifestarse en la capacidad de las personas para convertir esos problemas en asuntos reconocidos por las instituciones y obtener respuestas.
Esa dimensión merece ser investigada.
La infraestructura y los espacios públicos ocupan un lugar central en las demandas
La clasificación temática del informe muestra que las mayores concentraciones corresponden a ornato y espacios verdes e infraestructura.
En un segundo nivel aparecen los espacios públicos. Luego se ubican asuntos relacionados con seguridad vial y residuos.
Las restantes demandas se distribuyen entre convivencia, tránsito, urbanismo, gestión y deporte.
Esta composición permite observar el peso que tienen las condiciones materiales del entorno en las preocupaciones registradas.
Los espacios verdes, las calles, la circulación, la limpieza y los lugares de encuentro forman parte de la experiencia cotidiana de vivir en una ciudad.
No son asuntos aislados.
El estado de una calle puede influir en la movilidad de personas mayores o con discapacidad. La disponibilidad de espacios públicos puede incidir en las oportunidades de encuentro. Las condiciones de limpieza y mantenimiento pueden modificar el uso que los habitantes hacen de determinados lugares.
Sin embargo, el informe no permite afirmar que estas sean las principales preocupaciones de toda la población de Carmelo. Permite señalar que fueron las categorías más frecuentes entre las demandas efectivamente registradas.
Esta distinción evita confundir una agenda surgida de la participación con un diagnóstico integral de necesidades urbanas.
¿Alcanza con preguntarles a los vecinos?
La consulta ciudadana constituye un mecanismo para identificar problemas, incorporar conocimientos del territorio y acercar las instituciones a la población.
Pero preguntar no equivale a planificar.
Una política pública necesita definir objetivos, establecer prioridades, asignar responsabilidades, prever recursos, determinar plazos y evaluar resultados.
Si la consulta funciona únicamente como una recepción de pedidos, existe el riesgo de construir una agenda fragmentada, compuesta por intervenciones individuales que no necesariamente responden a una estrategia territorial.
Por el contrario, cuando las demandas se integran a un diagnóstico urbano, pueden aportar información para diseñar programas de alcance más amplio.
Por ejemplo, varios reclamos relacionados con espacios verdes podrían analizarse conjuntamente para elaborar un plan de mantenimiento y recuperación de espacios públicos.
Las demandas sobre seguridad vial podrían contribuir a identificar corredores de circulación que requieren intervenciones coordinadas.
Y los problemas de residuos podrían examinarse junto con las características de los servicios, los hábitos de disposición y las condiciones de cada zona.
La diferencia está en pasar de una lógica centrada exclusivamente en responder solicitudes a otra que también permita prevenir problemas y organizar inversiones.
Ambas funciones pueden complementarse.
La participación aporta conocimiento situado: lo que las personas observan y experimentan en su entorno.
La planificación pública incorpora criterios técnicos, presupuestales, ambientales y de equidad que permiten evaluar las intervenciones desde una perspectiva de ciudad.
El presupuesto también forma parte de la participación
La posibilidad de transformar una demanda en una intervención depende, entre otros factores, de los recursos disponibles y de las competencias de cada nivel de gobierno.
En Uruguay, la Ley 19.272 de Descentralización y Participación Ciudadana establece mecanismos para que los municipios promuevan la participación de la población en los asuntos locales.
La normativa también vincula la gestión municipal con los programas presupuestales departamentales, los recursos asignados y las responsabilidades institucionales.
Esto significa que la participación ciudadana no puede analizarse separadamente de la estructura de financiamiento y de las atribuciones del Municipio.
Un gobierno local puede recibir una demanda que requiera decisiones o recursos de la Intendencia, de organismos nacionales o de otras instituciones.
En esos casos, la respuesta depende también de la coordinación entre distintos niveles del Estado.
De allí surge una pregunta fundamental: ¿qué parte de las demandas registradas por el programa podía resolver directamente el Municipio de Carmelo y qué parte requería acuerdos con otros organismos?
El material disponible no ofrece un desglose que permita responderlo.
Tampoco presenta los costos de las intervenciones, los recursos asignados a cada barrio ni un calendario presupuestal para las actuaciones pendientes.
Esa información permitiría comprender mejor por qué algunas demandas se resolvieron y otras permanecen sin iniciar.
Además, ayudaría a distinguir entre limitaciones presupuestales, dificultades administrativas, problemas técnicos y decisiones de priorización.
La transparencia, en este sentido, no consiste solamente en publicar porcentajes de cumplimiento. También implica explicar los criterios que orientan las decisiones.
La participación como vínculo entre las personas y el gobierno
Los procesos participativos tienen una dimensión institucional y otra social.
La primera se relaciona con los mecanismos de consulta, registro, evaluación y respuesta.
La segunda involucra las expectativas, experiencias y relaciones que las personas construyen con el gobierno local.
Cuando un vecino presenta una demanda, participa de una instancia en la que su experiencia cotidiana se convierte en información para la administración.
Lo que sucede después también forma parte de ese vínculo.
Una respuesta favorable puede contribuir a sostener la participación. Una demanda pendiente puede generar nuevas consultas. Una decisión de inviabilidad puede requerir explicaciones técnicas y alternativas.
No obstante, el informe no contiene información suficiente para medir la confianza ciudadana ni para establecer cómo evolucionó a partir del programa.
Sería necesario incorporar entrevistas, instancias de devolución y mecanismos de seguimiento que permitan conocer la experiencia de los participantes.
También sería útil identificar quiénes participaron y quiénes no: jóvenes, adultos mayores, comerciantes, organizaciones barriales, personas con discapacidad y habitantes de distintas zonas.
La representatividad de un proceso participativo no depende solamente del número de demandas recogidas, sino también de la diversidad de personas y situaciones que logra incorporar.
De las demandas a una política de ciudad: tres escenarios posibles
Los resultados del trabajo permiten considerar distintos caminos para la continuidad del programa. No se trata de pronósticos, sino de escenarios de gestión que podrían evaluarse a partir de la información disponible.
Un primer escenario es la continuidad del sistema de recepción y respuesta.
En este modelo, el Municipio mantiene el registro de demandas, ejecuta las intervenciones posibles y actualiza periódicamente su estado.
La ventaja es contar con un mecanismo identificable para canalizar problemas cotidianos. Su principal limitación metodológica aparece cuando las demandas se analizan de manera aislada y no se vinculan con objetivos territoriales más amplios.
Un segundo escenario consiste en incorporar criterios explícitos de equidad territorial.
En este caso, las demandas se cruzan con información sobre población, infraestructura, vulnerabilidad social, accesibilidad y distribución histórica de inversiones.
Las prioridades dejan de depender exclusivamente de la cantidad de reclamos y pasan a considerar también la intensidad de las necesidades.
Esto permitiría examinar si determinados territorios requieren intervenciones adicionales, incluso cuando registran una participación menor.
Un tercer escenario es la construcción de una planificación participativa de mediano plazo.
Aquí, las demandas vecinales se utilizan como uno de los insumos para elaborar programas municipales con objetivos, presupuesto, cronograma e indicadores de resultados.
Las consultas no desaparecen. Se integran a un proceso que combina participación, decisiones técnicas, coordinación institucional y evaluación pública.
En cualquiera de los escenarios, la viabilidad depende de las competencias municipales, los recursos disponibles y los acuerdos que puedan establecerse con otros organismos.
¿Cómo convertir el informe en una herramienta permanente?
El trabajo del CLAEH ofrece una base para construir un sistema de seguimiento territorial.
Un desarrollo metodológico posible sería organizar la información en cuatro etapas.
La primera consistiría en ampliar el diagnóstico. Además de registrar demandas, sería necesario identificar condiciones urbanas, características de la población y necesidades que no necesariamente llegan por los canales de participación.
La segunda implicaría establecer criterios públicos de priorización. Entre ellos podrían considerarse la urgencia, el riesgo, la cantidad de personas beneficiadas, la situación socioeconómica del territorio, el costo y la competencia institucional.
La tercera sería vincular las prioridades con programas y presupuestos. Cada intervención debería contar, cuando corresponda, con responsables, fuentes de financiamiento y plazos estimados.
La cuarta consistiría en evaluar y comunicar resultados. No solamente informar cuántas demandas se cerraron, sino verificar qué cambios produjeron las actuaciones y cómo los perciben sus destinatarios.
Este enfoque permitiría construir una serie histórica, comparar períodos y observar si las diferencias territoriales aumentan, disminuyen o responden a situaciones específicas.
También facilitaría un seguimiento público de las demandas clasificadas como no viables, una categoría que merece explicaciones porque representa el 16% de los registros.
Conocer los motivos de inviabilidad permitiría distinguir entre planteos técnicamente imposibles, intervenciones fuera de competencia, restricciones presupuestales y proyectos que podrían reformularse.
¿Puede este trabajo convertirse en una herramienta para cuidar Carmelo?
La información reunida por el programa permite pensar el cuidado de la ciudad como una responsabilidad compartida, aunque con funciones diferentes.
Los habitantes conocen aspectos de la vida cotidiana que pueden pasar inadvertidos en los diagnósticos administrativos. Las organizaciones sociales pueden contribuir a identificar necesidades colectivas. Los equipos técnicos disponen de herramientas para evaluar alternativas. Y las autoridades tienen la responsabilidad de decidir, asignar recursos y rendir cuentas dentro de sus competencias.
Cuidar una ciudad, desde esta perspectiva, no se limita a conservar sus espacios físicos. También implica sostener condiciones de accesibilidad, convivencia, movilidad y uso compartido del territorio.
El desafío es convertir información dispersa en conocimiento público y ese conocimiento en decisiones que puedan explicarse, ejecutarse y evaluarse.
Las 75 demandas registradas constituyen una muestra concreta de asuntos que llegaron al Municipio. No representan necesariamente la totalidad de los problemas de Carmelo ni todas las voces de sus habitantes.
Pero ofrecen un punto de partida para investigar qué necesidades se expresan, cuáles permanecen menos visibles y cómo se distribuye la capacidad institucional de respuesta.
El valor futuro del trabajo dependerá, entre otras cuestiones, de que sus datos puedan actualizarse, contrastarse con otras fuentes y utilizarse para orientar programas y presupuestos.
La pregunta que queda abierta no es solamente cuántas demandas puede resolver el Municipio, sino cómo puede utilizar lo aprendido para planificar una ciudad en la que las necesidades de todos sus territorios tengan posibilidades de ser reconocidas y atendidas.
Fuentes: Informe de gestión municipal del programa «Sé parte de tu Municipio», elaborado en el marco de la asistencia técnica del CLAEH al Municipio de Carmelo. Período relevado: setiembre-octubre de 2025. Estado de situación: agosto de 2026. Ley 19.272 de Descentralización y Participación Ciudadana. Los análisis y escenarios desarrollados son interpretaciones periodísticas y no deben atribuirse como conclusiones del CLAEH.

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