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La Provincia busca comprometer hasta 85 millones de dólares para una obra vial mientras siguen pendientes respuestas sobre ingresos, empleo y servicios esenciales. Una iniciativa privada no debería ordenar las prioridades del Estado ni trasladar automáticamente su financiamiento a los contribuyentes: la urgencia de una contratación nunca debería silenciar la urgencia de una familia.
La discusión por la Travesía Urbana expone una distorsión profunda: la política concentra su energía en financiar una obra cuya prioridad frente a otras necesidades todavía debe demostrar. Mejorar la circulación puede ser conveniente, pero no alcanza para justificar cualquier calendario, costo o endeudamiento. Una inversión puede ser útil y, aun así, tener que esperar. Antes de comprometer recursos, los diputados deberían exigir una comparación pública con alternativas capaces de generar empleo, fortalecer empresas, recuperar infraestructura básica y mejorar las condiciones de vida en los municipios.
El origen privado del proyecto merece una discusión particular. Que una empresa proponga una intervención no obliga al Estado a convertirla en prioridad ni a garantizarle financiamiento público; la propia documentación oficial reconoce que la declaración de interés público no generaba por sí misma una obligación de contratar. Como criterio político, quien impulsa una oportunidad empresarial debería presentar también cómo financiarla y qué riesgos está dispuesto a asumir, dentro de un esquema viable y transparente. Si finalmente paga la sociedad, corresponde demostrar que obtiene un beneficio superior al de otras inversiones posibles: el presupuesto provincial no puede organizarse alrededor de las necesidades de una contratación.
El Gobierno también debe explicar sus cuentas. Siufi reconoció en abril una situación de déficit y sostuvo en noviembre que la obra podría realizarse con fondos propios incluso sin aprobarse el préstamo. La existencia de dinero en tesorería no demuestra que esté libre de obligaciones, así como una partida presupuestaria no acredita recursos suficientes para completar el proyecto. La pregunta es cuánto puede invertir realmente Jujuy, con qué compromisos y a costa de qué postergaciones. Si existe margen financiero, la Legislatura debería discutir un programa contracíclico con obras esenciales, inversiones productivas, capacitación y oportunidades laborales distribuidas territorialmente, acompañado por una estrategia sostenible de recuperación de ingresos.
Trasladar obligaciones al futuro exige una responsabilidad que no puede agotarse en conseguir votos. Según sus plazos, un endeudamiento puede comprometer recursos que deberán administrar y aportar generaciones posteriores, incluso personas que todavía no nacieron. Es moralmente inadmisible cargarles una deuda sin demostrar qué patrimonio, servicios y oportunidades recibirán a cambio. No toda deuda es injustificable: puede financiar bienes duraderos, pero debe evaluarse su rendimiento social, su costo completo y su resistencia a escenarios adversos, especialmente cuando se paga en dólares y una depreciación puede exigir más pesos para cumplir las mismas obligaciones.
El papa León XIV recordó que la economía debe estar al servicio de la persona; esa orientación obliga a mirar primero a quienes necesitan trabajo, ingresos y cuidados. La Legislatura tiene que controlar contratos y financiamiento, pero también decidir si el rumbo elegido responde a esas necesidades o si corresponde reprogramar la intervención y priorizar otras inversiones. La urgencia de una contratación nunca debería silenciar la urgencia de una familia. Cuando la dirigencia encuentra tanta determinación para sostener una obra, la sociedad tiene derecho a exigirle la misma voluntad para construir una economía donde vivir del trabajo deje de ser una preocupación cotidiana.
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https://periconoticias.com.ar/multitrocha-en-jujuy-las-familias-esperan-el-negocio-tiene-prioridad/
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