
En el marco de la causa Sur Finanzas, la Justicia ordenó una serie de procedimientos contra entidades financieras de primera línea. El Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Rodríguez Ponte, ordenó allanamientos en el Banco Industrial S.A. (BIND) y el Banco Hipotecario S.A. para determinar si sus directivos y empleados facilitaron deliberadamente las operaciones financieras que se encuentran bajo investigación.
La medida apunta a establecer si las entidades bancarias incumplieron sus obligaciones de prevención y control, y si algunos de sus responsables tuvieron participación en posibles delitos de “lavado de activos, encubrimiento y asociación ilícita”. La investigación está vinculada con las maniobras por las que ya se ordenó el procesamiento de Ariel Vallejo, responsable de Sur Finanzas, vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus principales dirigentes, como Claudio Chiqui Tapia (presidente) y Pablo Toviggino (tesorero).
Uno de los principales focos de la investigación está puesto sobre el Banco Industrial. Según la documentación incorporada al expediente, entre enero de 2024 y octubre de 2025 una cuenta recaudadora utilizada por Sur Finanzas PSP S.A., anteriormente denominada Neblockchain S.A., recibió $ 1.732.232 millones, a través de aproximadamente 16,4 millones de acreditaciones.
El volumen de dinero creció de manera exponencial. En enero de 2024, la cuenta había recibido unos $ 8.693 millones, mientras que en junio de 2025 alcanzó un máximo mensual de $ 216.566 millones. La evolución de esos movimientos y la capacidad económica de quienes realizaron las transferencias despertaron sospechas entre los investigadores.
Sin embargo, uno de los datos que más comprometen la actuación del banco es que su propia Gerencia de Cumplimiento había dispuesto cerrar la cuenta de Sur Finanzas en julio de 2024. Pese a esa decisión, la relación comercial continuó durante más de un año y se registraron nuevas operaciones por cifras millonarias.
Una cuenta que debió cerrarse
El 12 de julio de 2024, el gerente de Cumplimiento del Banco Industrial notificó que la cuenta vinculada a Sur Finanzas debía cerrarse dentro de los siguientes 60 días. El plazo venció en septiembre de ese año, pero la medida nunca se concretó.
A partir del 11 de septiembre de 2024, cuando ya había transcurrido el plazo establecido, la cuenta recibió “$ 1.416.882 millones mediante más de 15 millones de acreditaciones”, según la investigación judicial. Ese dinero representó el 81,6% del volumen total operado durante el período analizado.
En ese marco, la Justicia busca determinar quiénes decidieron mantener abierta la cuenta, cuáles fueron los argumentos utilizados para justificar esa continuidad y si existieron advertencias internas sobre los riesgos asociados con las operaciones.
Para reconstruir esas decisiones, el juzgado ordenó secuestrar actas del directorio, registros de los comités de riesgo y cumplimiento, correos electrónicos internos y legajos vinculados con la aprobación y continuidad de los servicios prestados a Sur Finanzas.
Los investigadores también intentan establecer si hubo funcionarios bancarios que conocían las irregularidades y, pese a ello, autorizaron que las operaciones continuaran. La existencia de movimientos sospechosos no implica por sí sola responsabilidad penal de los directivos: ese es precisamente uno de los aspectos que la Justicia busca esclarecer.
Otro elemento que llamó la atención es que, lejos de interrumpir la relación comercial, “el Banco Industrial le ofreció nuevos servicios a Sur Finanzas el 6 de marzo de 2025”, varios meses después de haber dispuesto el cierre de su cuenta.
Las alertas por lavado que no frenaron las operaciones
La investigación también puso bajo la lupa los controles que debía aplicar el Banco Industrial en cumplimiento de la Ley 25.246, que establece las obligaciones de prevención del lavado de activos.
En octubre de 2024, Sur Finanzas declaró ante el banco que no era un sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), pese a que estaba inscripta como tal desde diciembre de 2023. Posteriormente, en 2025, la financiera reconoció que no contaba con un manual de prevención de lavado de dinero.
Pese a esas inconsistencias, la empresa continuó operando con clientes que habían recibido observaciones, mediante una excepción interna identificada como “Nueva modalidad BIND”. Los investigadores buscan establecer quién autorizó ese procedimiento y si permitió eludir controles que debían aplicarse a las operaciones sospechosas.
También se detectaron diferencias en las declaraciones sobre el origen del dinero. En abril de 2025, Vallejo presentó una certificación por $ 584.217 millones correspondientes al período comprendido entre julio de 2024 y febrero de 2025. Sin embargo, según los investigadores, omitió declarar $ 19.938 millones que habían ingresado solamente durante enero de ese año.
Otro dato relevante surgió de los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo identificó “1.563 contribuyentes sin capacidad económica aparente que canalizaron alrededor de $ 818.000 millones” mediante la billetera virtual vinculada con la cuenta bancaria investigada.
El Banco Hipotecario y las transferencias bajo sospecha
El operativo judicial también alcanzó al Banco Hipotecario, otra de las entidades que mantenía relaciones comerciales con Sur Finanzas. En este caso, la investigación busca determinar si se facilitaron transferencias destinadas a ocultar dinero o bienes frente a las medidas judiciales adoptadas contra la financiera.
El juez Rodríguez Ponte ordenó los procedimientos y el secuestro de documentación. En ese sentido, el Banco Hipotecario sostuvo en declaraciones periodísticas que no se trató de un allanamiento, sino de un procedimiento para entregar información requerida por el juzgado.
https://cuestionentrerriana.com.ar/la-justicia-puso-la-lupa-sobre-dos-entidades-bancarias-por-presunto-encubrimiento-en-la-causa-sur-finanzas/
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