
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis como amicus curiae para respaldar el planteo de inconstitucionalidad impulsado por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis contra la ley que redujo la feria judicial. La intervención fue comunicada este jueves 19 de noviembre y suma respaldo institucional nacional a una controversia que deberá resolver la Justicia provincial.
El escrito lleva las firmas de la presidenta de la FACA, Mariel Margarita Tschieder, y de la secretaria, Eloisa Beatriz Raya de Vera. La Federación solicitó que se admita su participación en la causa y que sus argumentos sean considerados por el máximo tribunal al momento de dictar una resolución.
En su presentación, la entidad sostuvo que el debate excede las condiciones laborales de los profesionales del Derecho y tiene relevancia institucional, porque involucra principios como la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y el acceso de la ciudadanía a la Justicia.
También advirtió sobre las consecuencias que la modificación podría generar en la organización del servicio judicial, el descanso profesional, la distribución de las tareas y las condiciones de igualdad entre los abogados.
El origen del conflicto por la feria judicial
El reclamo del Colegio de Abogados de San Luis comenzó después de la aprobación de la reforma legislativa en noviembre de 2025. La modificación estableció un nuevo esquema de receso: dos primeras semanas de enero y una semana a mediados del año judicial. La fecha de aplicación quedó fijada para el 31 de diciembre de 2026.
En julio de 2026, el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. La institución cuestionó que los poderes Ejecutivo y Legislativo avanzaran sobre una cuestión que, según su interpretación, corresponde a las facultades propias del Poder Judicial.
El presidente de la entidad, Gabriel Alessandro, también había advertido que reducir el receso no resolvería la mora judicial y podría generar dificultades en la organización de los tribunales y la distribución de las licencias del personal.
La FACA ya había manifestado su respaldo a los colegios profesionales de San Luis, Villa Mercedes y Concarán en junio de 2025, cuando la reforma todavía era un proyecto. En aquel momento, planteó que los problemas de demora en los tribunales debían abordarse mediante un diagnóstico integral, con evidencia y participación de los distintos sectores involucrados.
Ahora, con la intervención formal de la Federación en la causa, el planteo suma una nueva participación institucional. La decisión sobre la constitucionalidad de la reforma quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia.
https://m24digital.com/la-abogacia-nacional-se-sumo-a-la-disputa-judicial-en-san-luis/
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