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La tensión financiera argentina vuelve más delicada cualquier decisión de tomar deuda en dólares. Con vencimientos exigentes en 2027, el financiamiento de la Travesía Urbana requiere explicaciones completas, alternativas y una discusión territorial: qué obras necesita cada municipio y quién pagará la cuenta.
Argentina vuelve a enfrentar una señal de alarma financiera. El riesgo país superó nuevamente los 900 puntos básicos, encareciendo el acceso al mercado y aumentando las dudas sobre las condiciones para refinanciar los compromisos del próximo año. Esto no significa que un default sea inevitable, pero sí que los inversores exigen una compensación mayor por prestar al país. Para una provincia que evalúa nuevas obligaciones en dólares, esa advertencia merece algo más que una respuesta política apresurada.
El calendario de 2027 agrega presión. Distintos análisis advierten sobre necesidades importantes de divisas para afrontar vencimientos, en un año electoral que también podría incrementar la demanda privada de dólares. El Ministerio de Economía sostiene, por su parte, que su programa financiero tiene previstas las fuentes necesarias. La discusión es, precisamente, si esas fuentes se materializarán en los montos, plazos y costos proyectados. Un programa anunciado no elimina el riesgo de refinanciación.
En ese escenario debe examinarse el financiamiento de la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 9, que el jueves 19 de noviembre regresó a la Comisión de Economía y Finanzas de la Legislatura jujeña. La autorización quedó sin aprobar y continuará su análisis. Ese freno ofrece una oportunidad para revisar las condiciones antes de comprometer recursos futuros: monto, moneda, tasa, comisiones, garantías y cronograma de devolución.
El riesgo país no determina automáticamente la tasa de cada préstamo provincial: un crédito multilateral, una colocación de bonos y un financiamiento comercial tienen condiciones diferentes. Pero el deterioro del contexto financiero obliga a extremar la prudencia. Si la deuda se paga en dólares y los ingresos que la sostienen se recaudan principalmente en pesos, una devaluación puede aumentar significativamente su peso presupuestario. El verdadero escándalo sería autorizar obligaciones sin demostrar que son sostenibles y que se agotaron opciones menos costosas.
La primera gestión debe dirigirse a Nación. La intervención se realiza sobre una ruta nacional y corresponde exigir una respuesta federal sobre su financiamiento. Los problemas de circulación y seguridad vial justifican buscar soluciones; no resuelven, por sí solos, quién debe financiarlas. Antes de trasladar la carga a los jujeños, Provincia y legisladores nacionales deberían presentar una agenda conjunta, con propuestas, compromisos verificables y plazos de respuesta.
La iniciativa de Alejandra Mollón y Mario Nallar, quienes informaron que solicitaron una audiencia con Luis Caputo para explorar alternativas nacionales, apunta en esa dirección. Todavía no implica fondos concedidos ni una solución asegurada. Su valor consiste en abrir otro camino y someter las opciones a comparación: incluso un crédito gestionado ante Nación debe evaluarse por su costo y sus garantías, no solamente por su procedencia.
La misma exigencia corresponde para las obras pendientes de la Ruta Nacional 34. Aquí es necesario precisar el alcance presupuestario: el Presupuesto 2027 menciona el puente sobre el arroyo Zanjón y sus accesos, en el tramo Río Grande–Río Ledesma. Eso no permite afirmar que esté financiada la terminación integral del corredor San Pedro–Pampa Blanca. La demanda debe ser que Nación identifique las partidas para cada tramo y garantice su ejecución; una previsión presupuestaria tampoco equivale a una obra terminada.
El debate, además, debe incorporar a los municipios. Sin declaraciones identificadas, no corresponde atribuir a los intendentes una posición colectiva contra la Legislatura. La pregunta política, sin embargo, es legítima: si existe capacidad para financiar infraestructura, por qué no discutir también un programa que alcance a todas las comunas. Agua, saneamiento, accesos, desagües e iluminación pueden producir mejoras inmediatas y movilizar trabajo y proveedores en distintas localidades.
Ese programa necesitaría criterios públicos de distribución: población, déficits de servicios, vulnerabilidad, impacto productivo y capacidad de ejecución. La proporcionalidad no consiste en repartir dinero sin planificación, sino en reconocer necesidades diferentes y evitar que una inversión concentre beneficios mientras su devolución compromete ingresos de toda la provincia. Tampoco se trata de reemplazar una deuda cuestionada por muchas deudas pequeñas: cualquier alternativa debe superar el mismo examen de sostenibilidad.
Jujuy necesita obras y actividad económica, pero también necesita preservar su capacidad de decidir mañana. La prioridad debería ser gestionar recursos nacionales, transparentar las alternativas y construir una planificación que incluya a los municipios antes de asumir nuevas cargas en dólares. La infraestructura debe ampliar las oportunidades de los jujeños; no convertirse en una obligación que termine reduciendo los recursos para sus necesidades esenciales.
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https://periconoticias.com.ar/riesgo-pais-en-alza-jujuy-debe-exigir-fondos-nacionales-antes-de-endeudarse-por-la-multitrocha/
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