
La diputada nacional Fernanda Avila, representante de Elijo Catamarca, presentó un proyecto de resolución para solicitar información al Poder Ejecutivo sobre diversas modificaciones incorporadas recientemente a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas e Industria.
El pedido apunta a obtener precisiones sobre los cambios introducidos por el Decreto 1366/2026, que modificó aspectos sustanciales del esquema reglamentario del RIGI establecido por la Ley 27.742. Entre los principales puntos, la legisladora pone el foco en la eliminación del requisito que exigía que al menos el 51% del capital o de los votos de un proveedor local perteneciera a titulares con domicilio fiscal en la Argentina.
Según plantea en los fundamentos del proyecto, esta modificación amplía el universo de empresas que pueden ser consideradas proveedoras locales y vuelve necesario conocer los estudios técnicos, jurídicos y económicos que respaldaron esa decisión, así como sus posibles consecuencias sobre el desarrollo de la industria nacional.
La iniciativa requiere además información detallada sobre los planes de desarrollo de proveedores locales comprometidos por cada uno de los proyectos aprobados bajo el RIGI, los montos efectivamente contratados, las auditorías realizadas y los casos en los que las empresas beneficiarias argumentaron la inexistencia de oferta nacional disponible.
Otro de los aspectos centrales del pedido de informes está vinculado a la afirmación oficial de que el 82% de las compras realizadas por proyectos adheridos al régimen corresponde a proveedores locales. La diputada solicita conocer la metodología utilizada para calcular esa cifra, las fuentes de información empleadas y si dentro de ese universo se incluyen empresas importadoras o distribuidoras radicadas en el país.
Asimismo, el proyecto busca esclarecer los criterios aplicados para determinar el origen nacional de los bienes utilizados en los emprendimientos alcanzados por el régimen, los certificados de origen emitidos, los procedimientos de fiscalización y la eventual incorporación de nuevos mecanismos para medir el valor agregado local.
La legisladora también solicita datos sobre transferencias accionarias, reorganizaciones societarias de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) y los mecanismos de control sobre los cambios de titularidad de los proyectos. A ello suma requerimientos relativos a la trazabilidad de las divisas ingresadas y utilizadas por las empresas beneficiarias y al seguimiento efectuado por el Banco Central.
En los fundamentos, Ávila advierte que, si bien la promoción de grandes inversiones constituye una herramienta relevante para impulsar la actividad económica, su efectividad también debe evaluarse en función de su capacidad para generar encadenamientos productivos, fortalecer a los proveedores nacionales, incorporar tecnología y ampliar la participación de las empresas argentinas en los proyectos de inversión.
La diputada señala además que, de acuerdo con datos citados en la iniciativa, al 16 de noviembre de 2026 existían 30 proyectos aprobados bajo el RIGI por un monto de 79.649 millones de dólares y otros 16 en evaluación por 126.218 millones de dólares, cifras que, a su entender, justifican un seguimiento exhaustivo por parte del Congreso.
https://www.parlamentario.com/2026/11/20/avila-pide-informes-al-gobierno-por-los-cambios-introducidos-en-la-reglamentacion-del-rigi/
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