
El diputado nacional Cristian Andino, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Nacional de Promoción de la Electromovilidad y del Desarrollo Productivo Nacional, orientado a impulsar inversiones, fortalecer la industria local y desarrollar una cadena de valor vinculada a los vehículos eléctricos y sus componentes.
La iniciativa declara de interés nacional el desarrollo de la electromovilidad, la fabricación de vehículos eléctricos, la producción de baterías, los sistemas de almacenamiento energético, la infraestructura de carga y la investigación tecnológica asociada. Entre sus objetivos figura promover la producción nacional, generar empleo calificado, favorecer la participación de las pymes y reducir las emisiones contaminantes del transporte.
El proyecto incorpora dentro de los beneficios a los fabricantes de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, productores de baterías, desarrolladores de software y tecnologías de gestión energética, empresas vinculadas a la infraestructura de carga y actividades de investigación e innovación tecnológica.
Para atraer inversiones, la propuesta contempla un régimen de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para bienes de capital destinados a actividades promovidas y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA derivados de inversiones en equipamiento e infraestructura.
Además, crea un Certificado de Crédito Fiscal para el Desarrollo Productivo Nacional, cuyo monto estaría vinculado al nivel de integración de componentes, insumos y servicios de origen argentino incorporados a los proyectos. El beneficio sería mayor cuanto más elevado sea el porcentaje de valor agregado nacional.
La iniciativa también prevé medidas específicas para favorecer la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas a la cadena de valor de la electromovilidad, a través de asistencia técnica, capacitación y condiciones diferenciales de acceso al régimen.
Otro de los capítulos centrales promueve la instalación de infraestructura de carga eléctrica en todo el país. Para ello, se impulsa una red federal de estaciones de carga coordinada entre la Nación, las provincias y los municipios, con estándares comunes de seguridad, interoperabilidad y eficiencia energética.
En materia tecnológica, el texto fomenta la articulación entre empresas, universidades, organismos científicos y centros de investigación para impulsar proyectos de innovación vinculados a baterías, sistemas de almacenamiento energético, electrónica de potencia y gestión inteligente de la energía.
Asimismo, se promueve la industrialización del litio y otros minerales estratégicos utilizados en la fabricación de baterías, priorizando el agregado de valor dentro del país, la generación de empleo calificado y el desarrollo de proveedores nacionales, con especial participación de las provincias productoras.
En los fundamentos, Andino sostiene que la transición global hacia la electromovilidad representa una oportunidad para que la Argentina avance más allá de un modelo extractivo y construya una política industrial basada en la integración de recursos naturales, conocimiento, tecnología, producción y empleo. Según argumenta, la disponibilidad de minerales críticos, capacidades industriales y recursos humanos especializados coloca al país en condiciones favorables para insertarse en las nuevas cadenas de valor internacionales.
El régimen tendría una vigencia inicial de diez años, con posibilidad de prórroga por hasta cinco años adicionales, y sería complementario de los incentivos ya vigentes para la industria automotriz y autopartista.
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