La LVI Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur realizada en Montevideo culminó con un acuerdo para fortalecer la cooperación fronteriza y el intercambio de información.
El encuentro culminó con la firma de un acuerdo en materia de seguridad que consolida la cooperación en zonas fronterizas y el intercambio de información a través del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (SISME). Uruguay destacó la incorporación de Bolivia y Panamá al sistema.
La reunión permitió, además, presentar los principales lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública uruguayo para el período 2026–2027.
Durante la apertura, el ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que la criminalidad organizada adquirió una dimensión transnacional que exige respuestas coordinadas y sostenidas. «Las economías criminales no reconocen fronteras administrativas, se adaptan, se desplazan, aprovechan vulnerabilidades institucionales y utilizan las redes locales, regionales y globales para sostener sus actividades», señaló.
El ministro consideró que las respuestas nacionales aisladas resultan insuficientes y que la cooperación internacional debe ocupar un lugar central en las estrategias de seguridad. Para Uruguay, esa cooperación debe concentrarse en tres prioridades. Se trata de mejorar el intercambio oportuno de información para la prevención y las investigaciones, fortalecer la inteligencia y la persecución patrimonial sobre las organizaciones criminales y aumentar las capacidades de los Estados mediante la formación y el aprendizaje compartido.
Negro dijo «la seguridad pública es una función esencial del Estado democrático», al tiempo que sostuvo que su desarrollo requiere políticas continuas, basadas en evidencia, con conducción política, profesionalismo policial y coordinación institucional.
Uno de los aspectos centrales de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública estuvo relacionado con el diagnóstico de la violencia letal en Uruguay y los cambios registrados en las causas de los homicidios durante la última década.
Negro indicó que aproximadamente el 60% de los homicidios registrados en el país tiene su origen en conflictos entre estructuras criminales. Según los datos presentados, esta proporción se duplicó en los últimos diez años, mientras que otras tipologías de homicidios disminuyeron.
El jerarca sostuvo que esta transformación obliga a revisar las políticas tradicionales de seguridad, dado que una parte creciente de la violencia está relacionada con disputas entre grupos, represalias, mercados ilegales y armas de fuego. «Este cambio obliga a repensar las políticas de seguridad», afirmó.
A su juicio, los homicidios no pueden analizarse exclusivamente como hechos individuales y aislados. En numerosos casos forman parte de secuencias de enfrentamientos y represalias que permiten identificar riesgos y anticipar nuevas agresiones. Por esa razón, Negro dijo que el Ministerio incorporó el análisis de las cadenas de represalias como una herramienta para mejorar la prevención y la intervención policial.
El plan también prevé intervenciones específicas en territorios con alta exposición a la violencia letal. Estos dispositivos combinan información, análisis criminal, presencia policial y capacidad de respuesta de los organismos públicos. El objetivo, explicó Negro, no es simplemente incrementar la presencia policial en determinados barrios, sino reducir los riesgos concretos y prevenir nuevas agresiones.

Perseguir las estructuras económicas del delito
Otro componente destacado del Plan Nacional de Seguridad Pública es la investigación de las estructuras económicas que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.
Negro sostuvo que la actuación del Estado no debe limitarse a quienes ejecutan materialmente los delitos, sino que debe alcanzar también a quienes organizan, financian y protegen las actividades ilegales.
«Debemos actuar sobre los recursos que permiten su continuidad», expresó.
En esa línea, afirmó que la responsabilidad penal debe alcanzar a los actores que cuentan con mayor capacidad para sostener los negocios criminales y consideró que el combate a la corrupción constituye una parte necesaria de esa estrategia.
El planteo supone reforzar la investigación financiera y patrimonial, seguir los circuitos económicos de las organizaciones e identificar los recursos que sostienen sus actividades.
El control y la trazabilidad de armas y municiones constituyen otro eje fundamental. El ministro mencionó la aprobación de normas destinadas a reducir el abastecimiento de los grupos violentos y prevenir los desvíos de armamento hacia organizaciones criminales o conflictos en los territorios. Sostuvo que las políticas de seguridad deben integrar prevención, investigación criminal, persecución penal, rehabilitación, protección de las víctimas y fortalecimiento institucional.
Negro explicó que la primera fase del Plan Nacional de Seguridad Pública, correspondiente a 2026 y 2027, concentra sus esfuerzos en tres objetivos: reducir el daño letal, controlar los factores que agravan la violencia y proteger a las personas y comunidades expuestas a mayores riesgos.
«Tenemos un propósito claro: pasar de respuestas aisladas a una estrategia integral, de la reacción frente al delito a la anticipación del delito, de la administración de problemas a la construcción de capacidades permanentes del Estado», expresó.
La estrategia combina presencia territorial, prevención social, investigación criminal, tecnología, inteligencia, control de armas, protección de víctimas y coordinación con el sistema de justicia.
Negro consideró que la seguridad pública no puede depender exclusivamente de medidas coyunturales ni de intervenciones policiales puntuales. La continuidad de las políticas, la evaluación de sus resultados y la profesionalización de los recursos humanos son condiciones necesarias para obtener resultados duraderos.
Seguridad y derechos humanos
Más allá de los aspectos operativos, Negro dedicó una parte significativa de su intervención a reivindicar la relación entre las políticas de seguridad y el respeto a las instituciones democráticas.
El ministro sostuvo que la eficacia de una política pública no puede medirse exclusivamente por la reducción de los homicidios o por otros indicadores de criminalidad. También deben considerarse el respeto a los derechos humanos, la existencia de controles judiciales efectivos, la rendición de cuentas, la individualización de las detenciones y el funcionamiento de los sistemas penitenciarios.
«La seguridad y los derechos no son objetivos contradictorios. Sin seguridad, los derechos se debilitan en la vida cotidiana de las personas. Sin derechos, la seguridad pierde legitimidad democrática», afirmó.
Advirtió sobre los riesgos de convertir medidas excepcionales en reglas permanentes. Señaló que cuando la presión preventiva masiva sustituye a la investigación criminal, se debilita la presunción de inocencia o aumenta el control político sobre la Justicia, el Estado puede exhibir resultados inmediatos, pero al mismo tiempo erosiona las bases que garantizan las libertades ciudadanas.
«En tiempos donde reina el miedo, la democracia no debe responder con ingenuidad, pero tampoco con autoritarismo», expresó.
Para Negro, el desafío consiste en construir instituciones capaces de prevenir, investigar y sancionar el delito con firmeza, inteligencia y proporcionalidad, sin renunciar a los principios que sostienen una democracia constitucional. «Si para alcanzar seguridad renunciamos al Estado de derecho y a las libertades básicas, no habremos derrotado el crimen. Habremos debilitado la democracia que decidimos», sostuvo.

Acuerdo regional
La cooperación entre los países fue uno de los resultados concretos de la reunión. Al finalizar las deliberaciones se firmó un acuerdo en materia de seguridad orientado a consolidar el trabajo conjunto en zonas fronterizas y fortalecer el intercambio de información mediante el SISME.
Durante la conferencia de prensa posterior, Negro agradeció la participación de los ministros y representantes de los países asistentes, así como el trabajo de las comisiones técnicas y de los jefes de Policía que durante varios meses trabajaron para alcanzar los acuerdos.
El ministro reafirmó que el combate al crimen organizado constituye una prioridad para Uruguay y que el país está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación policial y judicial y el intercambio de información para la persecución de los delitos transnacionales.
«Tenemos que lograr llegar con la mayor prontitud posible a entregar esa información que tanto está necesitando un país integrante del Mercosur», afirmó.
En ese marco, destacó el papel del SISME como instrumento fundamental para la cooperación regional. Durante los seis meses de la presidencia pro tempore uruguaya se alcanzó un avance con la incorporación de Bolivia y Panamá, lo que permitió llegar a un total de seis países conectados al sistema.
El desarrollo de esta herramienta apunta a facilitar el acceso oportuno a información relevante para las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a organizaciones que operan en más de un territorio nacional.
Negro manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados y comprometió a Uruguay a redoblar los esfuerzos para continuar trabajando de manera coordinada con los países de la región. También destacó la importancia de los vínculos personales entre las autoridades, que contribuyen a facilitar los mecanismos de cooperación institucional.
https://grupormultimedio.com/el-60-de-los-homicidios-en-uruguay-esta-relacionado-con-estructuras-criminales-id211841/
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