
La diputada priista Sandra Guadalupe Aguilar Vega propuso al pleno del Congreso local atención psicológica y psiquiátrica obligatoria y periódica para los integrantes de las corporaciones de seguridad pública de Tlaxcala, además de que el trastorno por estrés postraumático y el síndrome de desgaste del trabajador serían reconocidos como riesgos de trabajo.
Este jueves, en sesión ordinaria, la legisladora propuso reformar el quinto párrafo del artículo 84 de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, a fin de incorporar esos servicios entre las prestaciones mínimas que deben contemplar los sistemas de seguridad social a los que tiene derecho el personal policial.
El proyecto también prevé el reconocimiento de incapacidades dentro de ese esquema de protección, pues aseguró que, por la naturaleza de sus funciones, los policías se enfrentan de manera constante a hechos delictivos, accidentes, amenazas y acontecimientos de alto impacto que pueden afectar su salud mental.
La atención periódica, sostuvo, permitiría detectar esas afectaciones y darles seguimiento mediante servicios especializados.
La legisladora sostuvo que la relación de esos padecimientos con el servicio tendría que determinarse mediante las valoraciones médicas y los procedimientos legales correspondientes.
Por su parte, la diputada Maribel León Cruz propuso adicionar una fracción VI Bis al artículo 229 del Código Penal de Tlaxcala para que, al determinar si una mujer fue privada de la vida por razones de género, se considere que la víctima hubiera contado con una orden de protección impuesta a la persona a la que se atribuye el delito.
En su iniciativa, León Cruz explicó que esas órdenes son providencias urgentes y provisionales para proteger la integridad o la vida de una mujer ante un riesgo inminente.
Con la adición, la existencia de esa medida quedaría expresamente prevista entre las circunstancias que permiten establecer las razones de género en la investigación y el procesamiento de un feminicidio.
La legisladora también planteó modificar el séptimo párrafo del mismo artículo, que regula los supuestos en los que la pena puede aumentar hasta en una tercera parte, para incluir de manera expresa el caso de las víctimas que se autodeterminen como indígenas.
En la exposición de motivos, argumentó que la información disponible dificulta conocer la dimensión de la violencia feminicida contra las mujeres indígenas y saber cuántas víctimas contaban con medidas de protección antes de ser asesinadas.
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