
Hay un viejo adagio futbolero que con el tiempo se ha convertido en premisa infalible: equipo ganador no se toca. La expresión encierra una lógica elemental: cuando las cosas funcionan bien, lo sensato es preservarlas, fortalecerlas y corregir sus eventuales deficiencias, dando por sobreentendido que no se debe poner en riesgo aquello que ha demostrado buenos resultados.
Pues bien, pareciera que el gobierno no atiende esta lógica elemental al proponer, mediante los artículos 22 y 23 del proyecto de ley de Rescate Económico, una medida que amenaza con desfinanciar el Sistema de Compensación Familiar, precisamente uno de los instrumentos de protección social que mejor ha funcionado en Colombia.
Reconociendo la disposición al diálogo y a la construcción de consensos que ha manifestado el Ejecutivo durante la discusión de esta reforma, resulta oportuno exponer las razones jurídicas, económicas y sociales que explican la inconveniencia de la medida y, sobre todo, la necesidad de preservar un sistema que ha demostrado su eficacia y su enorme valor para millones de familias colombianas.
La iniciativa consignada en el proyecto de ley propone trasladar al sistema de salud, a través de la Adres, uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan sobre sus nóminas a las cajas de compensación familiar. Es decir, una cuarta parte de los recursos provenientes de esta contribución dejaría de financiar las prestaciones y servicios que actualmente reciben millones de trabajadores y sus familias. No se trata de un incremento en los aportes patronales, sino de una redistribución de recursos que, por supuesto, tendrá consecuencias sobre el funcionamiento del sistema.
Las razones de la inconveniencia
Aquí aparecen varios cuestionamientos que merecen una discusión mucho más profunda de la que hasta ahora ha tenido esta propuesta.
El primero es de naturaleza jurídica. Los aportes al Sistema de Compensación Familiar constituyen una contribución parafiscal atípica, que no puede confundirse con un impuesto ni con un ingreso ordinario de la Nación. Aunque ambos tienen carácter obligatorio y son establecidos por la ley, las contribuciones parafiscales se caracterizan por recaer sobre un sector determinado y tener una destinación específica. En este caso, los aportes son realizados por los empleadores para financiar prestaciones sociales en beneficio de los trabajadores y sus familias, mediante entidades privadas sometidas a inspección y vigilancia estatal.
Por tanto, no estamos hablando de recursos fiscales de libre disposición que el gobierno pueda utilizar indistintamente para atender obligaciones del Presupuesto General de la Nación. Se trata de una contribución cuya finalidad está previamente determinada y que, además, tiene una estrecha relación con la protección de derechos sociales.
Ciertamente, el legislador tiene facultades para modificar la destinación de recursos parafiscales, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, incluso para atender determinadas necesidades de salud por razones de solidaridad. Pero esa facultad no es ilimitada. Debe respetar la naturaleza de la contribución, los derechos de sus beneficiarios y la proporcionalidad de la medida. En consecuencia, resulta jurídicamente cuestionable que, para resolver necesidades de financiación de un componente de la seguridad social, se comprometa sustancialmente el funcionamiento de otro.
A ello se agrega una segunda inquietud. En este sentido, Asocajas ha advertido que los cálculos utilizados para justificar la propuesta podrían estar considerando excedentes provenientes no solamente de los aportes parafiscales, sino también de actividades económicas propias de las cajas de compensación. Y esta distinción no es menor.
Una cosa son los recursos recaudados mediante la contribución del 4 % y otra los ingresos que las cajas generan a través de sus actividades privadas. Si el gobierno está considerando ambos conceptos como recursos disponibles para soportar el traslado propuesto, estaría sobreestimando la capacidad financiera del sistema. Incluso, si pretendiera imponer obligaciones sobre ingresos privados distintos de la contribución parafiscal, estaríamos frente a una discusión tributaria y constitucional diferente, que no puede resolverse simplemente modificando la destinación del aporte patronal.
No necesariamente estamos ante una confiscación, como se ha sugerido, pero sí ante interrogantes jurídicos y económicos que merecen respuestas precisas.
El costo de desfinanciar un sistema que funciona
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Según las estimaciones de Asocajas, el traslado representaría aproximadamente $4,5 billones anuales, una suma equivalente a casi siete veces el promedio de los excedentes financieros de las cajas durante los últimos años. Para 2027, la asociación calcula que los recursos adicionales destinados a salud alcanzarían alrededor de $3,9 billones, teniendo en cuenta que las cajas ya contribuyen al financiamiento de ese sector.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto resuelve esa suma las necesidades financieras del sistema de salud y cuánto compromete la sostenibilidad del Sistema de Compensación Familiar?
Porque esos recursos no permanecen ociosos. Financian cuotas monetarias, subsidios de vivienda, protección al cesante, programas educativos, atención a la niñez, recreación y múltiples servicios que constituyen parte esencial de la protección social de los trabajadores colombianos.
Las proyecciones de Asocajas indican que, entre 2027 y 2030, podría presentarse un faltante acumulado cercano a $3,7 billones para atender el subsidio monetario. Si las cajas tuvieran que cubrir esos déficits con recursos propios, 12 de ellas podrían agotar su patrimonio en menos de ocho años.
Adicionalmente, se dejarían de pagar aproximadamente 9,1 millones de cuotas monetarias anuales, se reduciría la entrega de 9 mil subsidios de vivienda por año y disminuiría la atención a más de 105 mil cesantes y 133 mil niños y jóvenes. A ello se sumarían reducciones superiores al millón de beneficios educativos, entre textos, útiles escolares, becas y créditos.
Son proyecciones que, naturalmente, deben examinarse y contrastarse, pero cuya magnitud obliga a tomarlas en serio.
Particularmente preocupante resulta el efecto sobre la vivienda. Ante las dificultades, restricciones y cancelaciones que experimentó el programa Mi Casa Ya en el último cuatrienio, las cajas de compensación han desempeñado un papel fundamental en el acceso de los trabajadores a soluciones habitacionales. Reducir sus recursos significaría debilitar también uno de los instrumentos que han contribuido a sostener la política de vivienda social en el país.
Pero existe una dimensión adicional que suele pasar inadvertida en las discusiones nacionales: el papel de las cajas en las economías regionales.
En departamentos como el Cesar, Comfacesar constituye mucho más que una entidad administradora de subsidios. Es un instrumento de protección social y un actor relevante en la dinámica económica regional. Según las cifras utilizadas por Asocajas, su sistema comprende más de 300.000 afiliados y beneficiarios, mientras que las estimaciones de afectación contemplan más de 200.000 pagos de cuotas monetarias que podrían dejar de realizarse.
Para una región con importantes desafíos de pobreza, informalidad y generación de empleo, la reducción de estos servicios no es un asunto marginal. Significa afectar el ingreso disponible de las familias, sus posibilidades de acceso a vivienda, educación y recreación, y la actividad económica que se genera alrededor de esas prestaciones.
Esto no significa que las cajas estén exentas de cuestionamientos. Como cualquier institución que administra recursos de interés social, deben estar sometidas a controles rigurosos, transparencia y evaluación permanente. Pero una cosa es corregir deficiencias y otra muy distinta comprometer la sostenibilidad de un sistema que ha demostrado capacidad para generar bienestar y valor social.
Así las cosas, resulta difícil comprender que, en el propósito de financiar las necesidades del sistema de salud, se pretenda debilitar una estructura de protección social que precisamente ha contribuido a aliviar las dificultades de millones de familias colombianas. Sería una paradoja terminar desfinanciando un componente de la seguridad social para financiar otro, sin garantizar que el beneficio obtenido sea superior al perjuicio ocasionado.
Por eso sorprende que una disposición de semejante trascendencia haya recibido tan poca atención en el debate público. La discusión no puede concentrarse exclusivamente en el IVA, la canasta familiar o los impuestos empresariales, mientras una reforma de esta magnitud avanza casi inadvertida.
Corresponde entonces a la dirigencia regional, y particularmente a los congresistas del Cesar, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Córdoba e incluso Antioquia, Tolima y los Santanderes, entre otros departamentos, asumir una discusión seria sobre las consecuencias de esta iniciativa. No se trata de defender privilegios institucionales, sino de preservar prestaciones sociales que benefician directamente a los trabajadores.
Naturalmente, excluir este traslado implica encontrar fuentes alternativas para financiar la salud. Y allí deben examinarse otras posibilidades contempladas en el debate fiscal, como una política más decidida de enajenación de activos prescindibles de la Nación o revisar el alcance y los tiempos de la reducción propuesta del impuesto de renta empresarial.
El gobierno ha mostrado disposición a discutir alternativas en otros componentes de la reforma. Ojalá esa misma apertura permita reconsiderar los artículos que comprometen al Sistema de Compensación Familiar.
Porque las dificultades fiscales del país requieren soluciones, pero no cualquier solución resulta conveniente. Y menos cuando, intentando resolver un problema, podemos terminar creando otro de mayores proporciones.
En el fútbol, como en la política pública, hay decisiones que exigen prudencia y verdades que son irrefutables como la del viejo adagio “equipo ganador no se toca”.
https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-social/desfinanciar-las-cajas-de-compensacion-no-es-la-solucion-para-la-crisis-de-salud/
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