
El médico Juan José Augusto Zaldívar Cáceres admitió haber exigido G. 15 millones a un funcionario subordinado para evitar denunciarlo por un certificado médico presuntamente irregular. El juez Rodrigo Estigarribia le concedió la suspensión condicional del procedimiento por dos años, con el pago de G. 50 millones. Pese a haber sido detenido en una entrega vigilada, continúa ejerciendo como médico forense del Ministerio Público.
El exjefe interino del Departamento de Clínica Forense del Ministerio Público, Juan José Augusto Zaldívar Cáceres, evitó enfrentar un juicio oral y público por extorsión y cohecho pasivo agravado, luego de admitir los hechos atribuidos por la Fiscalía y comprometerse a pagar G. 50 millones como reparación del daño social.
La salida procesal fue concedida por el juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia Benítez, mediante el Auto Interlocutorio N.º 376. La suspensión condicional del procedimiento tendrá una duración de dos años y fue solicitada por la defensa, con el allanamiento del fiscal Lorenzo Lezcano, quien meses atrás había presentado acusación formal y solicitado que la causa fuera elevada a juicio oral.
El beneficio resulta particularmente llamativo porque el médico había sido detenido en marzo pasado durante un operativo de entrega vigilada, luego de exigir G. 15 millones a un funcionario subordinado a cambio de no denunciarlo por la presentación de un justificativo médico presuntamente irregular. Además, durante la audiencia preliminar, la propia Fiscalía confirmó que Zaldívar sigue desempeñándose como médico forense del Ministerio Público.
La investigación se inició a partir de una irregularidad detectada el 17 de agosto de 2025, cuando el funcionario Alcides Ismael Alvarenga presentó un justificativo médico firmado por el doctor Hugo M. Silvero. Según la acusación fiscal, Zaldívar advirtió que el profesional que supuestamente había expedido el documento había fallecido 20 días antes.
En lugar de comunicar el hecho a las instancias correspondientes, el entonces jefe interino habría utilizado la situación para presionar a su subordinado. Primero le exigió que gestionara su traslado a otra dependencia y, posteriormente, el 2 de marzo de 2026, lo citó en su vivienda particular, donde le reclamó G. 15 millones para evitar tanto su traslado como la denuncia ante Inspectoría y la sede penal.
El funcionario denunció el chantaje y la Fiscalía organizó un operativo de entrega vigilada. El 6 de marzo, el dinero fue entregado a través de un tercero y posteriormente llegó a manos de Zaldívar, quien fue detenido en flagrancia en el estacionamiento de un centro comercial de Asunción, cuando recibió el sobre que contenía los billetes previamente identificados por los investigadores.
La detención del entonces responsable de Clínica Forense provocó un escándalo institucional en el Ministerio Público. Al día siguiente del procedimiento, el director de Medicina Legal, doctor Pablo Lemir, anunció una auditoría de aproximadamente 200 dictámenes e informes firmados por Zaldívar durante su gestión como jefe interino, ante las dudas que el caso generaba sobre la confiabilidad de sus actuaciones profesionales.
Sin embargo, ocho meses después de su detención, el médico continúa vinculado a la institución. Durante la audiencia, el fiscal Lorenzo Lezcano informó que Zaldívar presta servicios en el Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad, dependiente del Ministerio de Salud Pública, y que igualmente sigue cumpliendo funciones como médico forense del Ministerio Público.
- 50 millones para tres instituciones
Para justificar la aplicación de la salida alternativa, la defensa y la Fiscalía argumentaron que la expectativa de pena no superaría los dos años de prisión, además de mencionar la ausencia de antecedentes penales, el arraigo familiar y laboral del procesado y su voluntad de reparar el daño ocasionado.
Aunque el fiscal había solicitado que los G. 50 millones fueran destinados al Laboratorio Forense del Ministerio Público, el juez Estigarribia resolvió distribuir el dinero entre tres entidades: G. 20 millones para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, otros G. 20 millones para el Ministerio de la Defensa Pública y G. 10 millones para la Escuela de Fútbol Sosa y Asociados, del barrio Costa Sosa de Luque.
El médico tiene un plazo de 72 horas para realizar las transferencias y cinco días hábiles para presentar los comprobantes correspondientes. También deberá comparecer trimestralmente ante el Juzgado de Ejecución, comunicar cualquier cambio de domicilio o número telefónico y cumplir la prohibición de salir del país.
La resolución establece que el incumplimiento de las obligaciones o la comisión de un nuevo hecho punible podría provocar la revocación del beneficio y la reanudación del proceso penal. El magistrado también levantó las medidas cautelares que habían sido impuestas en abril por el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de Luque.
Un aspecto llamativo del fallo es que la defensa había propuesto que Zaldívar prestara cuatro horas semanales de servicio médico comunitario gratuito como parte de la reparación, pero esa obligación no quedó incorporada en la parte resolutiva de la decisión judicial.
https://observador.com.py/exjefe-de-clinica-forense-evita-juicio-por-extorsion-con-una-donacion-de-g-50-millones/
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