La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) se pronunció este jueves sobre las denuncias de la exdirectora ejecutiva Daniela Quiroga, quien afirmó haber recibido presiones y amenazas de legisladores para incorporar personal recomendado durante su gestión. La institución aseguró que su actual administración no recibió imposiciones ni condicionamientos de autoridades para la contratación de funcionarios.
El pronunciamiento se produce después de la difusión de audios atribuidos a los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao, en los que se exponen conversaciones con Quiroga sobre la incorporación de personal a la entidad. Ambos legisladores cuestionaron la difusión de las grabaciones y señalaron que los registros fueron editados.
En el comunicado, la AISEM sostuvo que las contrataciones realizadas por la nueva administración responden a las necesidades institucionales y a los perfiles establecidos en el Manual de Puestos y los POAIs, aprobados mediante Resolución Administrativa N.º 42/2026. Añadió que estos procesos buscan garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de las personas.
Sobre las denuncias de presunta presión, amedrentamiento e injerencia formuladas por la exdirectora, la institución señaló que Quiroga tiene derecho a acudir a las instancias competentes para que los hechos que afirma haber sufrido sean investigados y se establezcan responsabilidades, si corresponde.
La controversia también llegó al ámbito legislativo. Los senadores José Sánchez y Abdón Porcel presentaron una petición de informe oral dirigida a la ministra de Salud, Marcela Flores, para que explique las circunstancias de la salida de Quiroga y responda sobre las contrataciones y los gastos de la entidad.
En el mismo documento, la AISEM informó que la nueva administración inició acciones para reactivar proyectos hospitalarios, gestionar equipamiento médico y promover el funcionamiento de establecimientos de salud que permanecen sin operar. También anunció que reforzará el seguimiento de los procesos legales para precautelar los intereses del Estado y esclarecer posibles responsabilidades.
La entidad, actualmente dirigida por Carlos Eduardo Audivert Cors, reafirmó su compromiso con la transparencia y declaró una política de cero tolerancia a la corrupción, la discriminación y cualquier forma de injerencia indebida.
El comunicado fue difundido en La Paz el 19 de noviembre de 2026.

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