
Un grupo integrado por más de setenta víctimas, familiares de afectados y pobladores de Yguazú manifestó su rechazo al eventual retorno del subcomisario Pedro Regalado López Ibarra a la Comisaría 9.ª del distrito. Mediante un pronunciamiento formal, exigieron a la Comandancia de la Policía Nacional que se abstenga de disponer su designación y reclamaron explicaciones sobre el hallazgo de una campera con su identificación en una vivienda allanada durante el Operativo Heiwa, en octubre de 2023. Los firmantes recordaron los violentos asaltos que afectaron a numerosas familias de la región y cuestionaron que se promueva el regreso del uniformado sin escuchar previamente a las víctimas.
YGUAZÚ. La posibilidad de que el subcomisario Pedro Regalado López Ibarra vuelva a prestar servicios en el distrito de Yguazú provocó un pronunciamiento de rechazo de un grupo de víctimas, familiares y pobladores afectados por la ola de violentos asaltos investigados durante el Operativo Heiwa, desarrollado en octubre de 2023.
El documento fue elaborado por integrantes del grupo denominado Futura Subsecretaría (Comisión de Apoyo a la Seguridad), conformado por 74 personas, entre víctimas directas, familiares y otros vecinos de la comunidad.
Los firmantes, cuyas identidades se omiten para evitar la revictimización y posibles represalias contra los mismos, expresaron su oposición al eventual nombramiento del uniformado como integrante de la Comisaría 9.ª de Yguazú y solicitaron a la Comandancia de la Policía Nacional que no concrete su retorno. La protesta surge después de que trascendiera una supuesta gestión impulsada por el intendente municipal Rafael Kawano, el presidente de la Cooperativa Yguazú Agrícola Ltda., Jorge Onishi, y el titular de la Asociación Japonesa de Yguazú, Ichiro Fukui, para solicitar formalmente el regreso del subcomisario.
Según el pronunciamiento, los integrantes del grupo tomaron conocimiento de esta iniciativa mediante una publicación periodística difundida el pasado 14 de noviembre. Sin embargo, aclararon que las víctimas de los hechos delictivos investigados en el Operativo Heiwa no fueron consultadas sobre una decisión que consideran especialmente sensible para la seguridad de la comunidad.
«Nuestra posición no responde a diferencias personales ni a intereses particulares. Nace de una experiencia colectiva de sufrimiento, del derecho de las víctimas a exigir garantías de seguridad y de la obligación de las instituciones de preservar la confianza ciudadana», señala el documento.
En el pronunciamiento, los afectados recordaron la ola de inseguridad que golpeó a varias comunidades del Alto Paraná durante los años anteriores al Operativo Heiwa. Según los firmantes, se registraron más de 27 asaltos domiciliarios, además de tomas de rehenes, amenazas contra menores, agresiones físicas y hechos de violencia sexual contra mujeres.

Los ataques afectaron principalmente a familias de productores agrícolas y miembros de la comunidad japonesa asentados en Yguazú, aunque también se denunciaron hechos similares en Tavapy, Santa Rita, Cerro Largo, Naranjal y distintos sectores de Minga Guazú.
Los afectados destacaron que la investigación desarrollada durante el Operativo Heiwa permitió desarticular parcialmente la organización criminal vinculada a aquellos hechos, pero señalaron que persisten interrogantes sobre determinadas circunstancias detectadas durante los allanamientos.
Uno de los principales argumentos esgrimidos contra el eventual regreso de López Ibarra está relacionado con el hallazgo de una campera policial que llevaba su identificación. Durante los allanamientos realizados el 19 de octubre de 2023, agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público encontraron, en una vivienda vinculada a Julio César Resquín López, señalado como integrante de la organización investigada, una campera policial con el portanombres de Pedro López.
En el mismo procedimiento también fueron encontrados un chaleco táctico y municiones, según los antecedentes mencionados en el pronunciamiento. La aparición de estos elementos generó cuestionamientos en la comunidad, debido a que el uniformado había prestado servicios anteriormente en la Subcomisaría 16.ª del kilómetro 60, colonia Santo Domingo, una de las zonas afectadas por los asaltos.
Los firmantes consideran que el hallazgo requiere una explicación institucional completa, documentada y verificable antes de evaluar su eventual retorno a funciones policiales en Yguazú. El documento también recoge la versión ofrecida por el propio subcomisario, quien sostuvo públicamente que sus pertenencias habían sido sustraídas de una vivienda donde permanecían guardadas y que no fue imputado en el marco del Operativo Heiwa.
CUESTIONAN GESTIONES DE
AUTORIDADES LOCALES
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento está dirigido a las autoridades municipales y representantes de organizaciones comunitarias que habrían promovido el retorno del uniformado. Los firmantes cuestionaron que una decisión de esta naturaleza pueda ser impulsada sin consultar previamente a las víctimas de los hechos delictivos.
La protesta menciona expresamente al intendente Rafael Kawano, al presidente de la Cooperativa Yguazú Agrícola, Jorge Onishi, y al presidente de la Asociación Japonesa, Ichiro Fukui. De acuerdo con el documento, los tres habrían gestionado ante la Dirección de Policía de Alto Paraná el regreso de López Ibarra a la Comisaría 9.ª. «La seguridad pública no puede decidirse de espaldas a las víctimas», advierten. También sostienen que cualquier designación policial debe responder a una evaluación objetiva de antecedentes, idoneidad, confianza ciudadana y necesidades del servicio.
https://diariovanguardia.com.py/victimas-del-operativo-heiwa-rechazan-regreso-de-policia-cuestionado-a-yguazu/
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