
Hay males que deberían avergonzar a la humanidad, no solamente por su crueldad, sino por la capacidad que han demostrado para sobrevivir a las generaciones, atravesar fronteras y encontrar refugio en sociedades que prefieren mirar hacia otro lado. La explotación, los abusos y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes constituyen una de esas vergüenzas persistentes, cuya gravedad no tendría que admitir indiferencias ni justificaciones.
Cada 18 de noviembre, el Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños invita, una vez más, a poner sobre la mesa una realidad que no puede reducirse a meros recordatorios. Detrás de cada caso existe una infancia vulnerada, una vida marcada por el trauma y una responsabilidad colectiva que no termina con la detención de un agresor. Es un flagelo que nunca desapareció, que se manifiesta en todos los continentes y que también golpea al Paraguay, incluso allí donde la hipocresía social pretende convencernos de que estas atrocidades ocurren siempre lejos.
Lo más repugnante es que, en muchos casos, no se trata solamente de individuos enfermos de perversidad, sino de verdaderas redes de explotación que convierten la vulnerabilidad infantil en mercancía. Detrás de este negocio inmundo se encuentran intermediarios, facilitadores, encubridores y empresarios del delito, cuyo poder económico sirve para comprar silencios, intimidar víctimas, torcer voluntades y prolongar investigaciones hasta que el cansancio, el miedo o la impunidad terminen haciendo su trabajo. El dinero de los propulsores de estas organizaciones no puede seguir funcionando como una llave para abrir las puertas de la impunidad ni como un instrumento para convertir la justicia en una mercancía negociable.
En Paraguay, la protección de la niñez necesita mucho más. Exige instituciones capaces de prevenir, investigar y sancionar, organismos de protección con recursos suficientes, profesionales preparados para atender a las víctimas y una Justicia que no se deje impresionar por apellidos, influencias o patrimonios. Ningún expediente debería perder velocidad porque el denunciado tiene poder, y ningún niño debería quedar desprotegido porque su familia carece de recursos para hacerse escuchar.
Tampoco es razonable depositar toda la responsabilidad en las instituciones. La sociedad tiene una obligación ineludible. Eso implica que padres, docentes, vecinos, comunidades religiosas, organizaciones civiles y medios de comunicación deben involucrarse activamente, aprender a reconocer señales de abuso, escuchar sin prejuicios, denunciar situaciones sospechosas y, sobre todo, dejar de convertir el silencio en una forma de protección para los agresores. La prevención comienza con la educación, con la confianza que los adultos construyen con los niños y con la convicción de que ninguna víctima tiene la culpa de lo que le hicieron.
Hay que comprender, que el abuso sexual infantil es un delito, una violación brutal de derechos humanos y una herida que compromete a toda la comunidad.
Una sociedad que no consigue defender a sus niños difícilmente pueda presumir de progreso, modernidad o valores.
https://diariovanguardia.com.py/cortar-con-el-negocio-miserable/
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