
La Justicia de San Luis ordenó a la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) corregir en un plazo de 48 horas la autorización de las dos prótesis que necesita Zoe Ojeda, la niña de 10 años que perdió una pierna tras ser atropellada por un automóvil que chocó contra la carnicería El Caldén en 2020. La resolución también establece diez días corridos para garantizar la provisión de los dispositivos y dispone la cobertura anticipada de los gastos necesarios para el tratamiento.
La medida fue dictada por la jueza Belén Villegas luego de una presentación realizada por la familia dentro de un expediente judicial iniciado en 2022. El reclamo surgió porque DOSEP había autorizado una sola prótesis, pese a que la médica tratante indicó dos elementos con funciones diferentes.
La situación fue comunicada por el padre de la niña, Edgardo Ojeda, junto a las abogadas Carolina Díaz Alba e Yna Suárez, integrantes de la Fundación Raíz, que asumió gratuitamente la representación de la familia.
Según explicaron, la autorización de $35 millones correspondía al presupuesto de ambos dispositivos, pero la orden de compra consignaba una sola unidad. Una prótesis está destinada a las actividades cotidianas y la otra permite desenvolverse en el agua, por lo que no son intercambiables.
Un reclamo que llegó nuevamente a la Justicia
Las abogadas aclararon que no presentaron un nuevo recurso de amparo, sino que solicitaron la intervención judicial dentro de una causa que ya contenía una orden para que DOSEP cubriera las prestaciones e insumos necesarios para Zoe.
Carolina Díaz Alba sostuvo que la obra social desconoció obligaciones establecidas anteriormente y que la familia tuvo que insistir durante meses mediante reclamos administrativos que, según denunciaron, no obtuvieron respuesta.
«Realicé formalmente las notas escritas, nunca me contestaron», relató Edgardo Ojeda, quien describió el desgaste que atravesaron durante las gestiones.
El padre también cuestionó que desde la obra social le indicaran que el sistema informático no permitía consignar dos prótesis en la autorización. Ante la falta de una solución, decidieron recurrir nuevamente a la Justicia.
La familia ya había hecho público el conflicto durante noviembre, luego de que trascendiera que DOSEP había autorizado ambos dispositivos. Sin embargo, al presentarse en las oficinas del organismo, los padres denunciaron que la documentación que les entregaron contemplaba solamente uno.
Qué deberá cubrir DOSEP y cuáles son los plazos
La resolución judicial establece que la obra social debe garantizar las dos prótesis indicadas por la médica tratante. Además, contempla que afronte anticipadamente los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de Zoe y de un acompañante para realizar el tratamiento fuera de San Luis.
La abogada Yna Suárez explicó que la decisión también prevé alternativas ante un eventual incumplimiento. La familia podrá utilizar la prótesis que actualmente tiene a disposición sin que eso implique aceptar que la cobertura quede limitada a un solo dispositivo.
Además, indicó que DOSEP puede contratar una ortopedia sin convenio previo con la obra social, por lo que la falta de un prestador habitual no debería impedir el cumplimiento de la orden.
Por otra parte, Carolina Díaz Alba informó que Fiscalía de Estado tiene cinco días para responder al planteo relacionado con el incumplimiento de las obligaciones judiciales anteriores.
Los gastos que debió afrontar la familia
Durante la conferencia, Suárez cuestionó que los padres hayan tenido que utilizar recursos propios para afrontar gastos que, según el reclamo, debían ser cubiertos por la obra social.
La abogada relató que la familia llegó a vender comida para sostener los costos y luego gestionar los reintegros. Según explicó, esta modalidad generó un endeudamiento que los padres ya no pueden seguir afrontando.
La Fundación Raíz tomó el caso de manera gratuita después de conocer la situación y revisar el expediente judicial. Las profesionales destacaron que la jueza intervino el mismo viernes en que realizaron la presentación.
Finalmente, Edgardo Ojeda agradeció el acompañamiento recibido y expresó su expectativa de que la resolución permita garantizar las prestaciones que necesita su hija. También manifestó su deseo de que otras familias que atraviesan situaciones similares puedan encontrar respuestas sin tener que sostener largos reclamos administrativos y judiciales.
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