La Cámara de Diputados instaló una mesa de trabajo para buscar una salida para los 3.600 trabajadores afectados directamente por la crisis del Grupo Ueno, quienes quedaron sin ingresos y sin respuestas sobre su situación laboral.
El encuentro reunió a la Mesa Directiva, legisladores de diferentes sectores, representantes del Ministerio de Trabajo y empleados de empresas vinculadas al conglomerado. El objetivo fue escuchar los planteamientos de los trabajadores y coordinar acciones con las instituciones involucradas para atender los distintos casos.
Entre los afectados se encuentran trabajadores de Ueno Bank, del Grupo WEPA, exfuncionarios de Visión Banco y empleados de otras empresas como E.T. y Caitel, vinculadas al Grupo Vázquez, detalló la diputada Rocío Vallejos.
La legisladora advirtió sobre situaciones particulares que requieren tratamiento diferenciado, especialmente la de 26 exfuncionarios de Visión Banco que, pese a contar con hasta 32 años de antigüedad, figuraban formalmente como gerentes y quedaron excluidos de los mecanismos de liquidación, incluso con sus depósitos bloqueados.
“Estamos buscando una solución para estas personas que, de la noche a la mañana, quedaron sin absolutamente nada y sin una respuesta. Hay funcionarios con 29, 30 y 32 años de antigüedad que hoy no están cobrando, no pueden retirar sus depósitos y ni siquiera tienen para comer”, expresó Vallejos.

Por su parte, el diputado Raúl Benítez sostuvo que es necesario volver a convocar al Banco Central del Paraguay (BCP) para que dé explicaciones sobre el proceso de absorción de Visión Banco por parte de Ueno Bank y la situación laboral de los funcionarios.
“El Banco Central del Paraguay ha fallado en su misión, porque estos trabajadores debían formar parte de la nómina de Ueno Bank, pero mediante una artimaña pasaron a otra empresa, cumpliendo exactamente las mismas funciones que realizaban en Visión Banco”, manifestó.
Benítez señaló que se debe analizar rigurosamente el proyecto de ley que está en el Senado para encontrar la mejor solución, equilibrando la responsabilidad con la celeridad que exige la situación.
Finalmente, el diputado Daniel Centurión planteó establecer un mecanismo especial para garantizar el pago de las indemnizaciones, con participación del Estado y posterior recuperación de los recursos de los responsables.
“Así como el Estado formó parte de esta estafa, porque hubo una alianza público-privada para perjudicar a la gente, también debe asumir su grado de responsabilidad. Una alternativa concreta sería impulsar una ley especial para que las indemnizaciones sean absorbidas de manera inmediata por el Estado y que posteriormente esos fondos sean recuperados de los responsables”, afirmó.
Centurión sostuvo que, al igual que los ahorristas, los empleados también fueron víctimas y necesitan una respuesta urgente, sin que la carga burocrática retrase las soluciones.
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