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Martín Lousteau cuestionó el reparto del ajuste y planteó que el superávit estatal tiene una contracara: hogares que consumen sus ahorros, se endeudan y encuentran dificultades para pagar sus obligaciones. Según su análisis, el esfuerzo económico recae sobre trabajadores, jubilados y sectores medios, mientras los mayores patrimonios reciben beneficios impositivos.
Martín Lousteau puso bajo discusión el principal argumento con el que Javier Milei defiende su política económica: el superávit fiscal. En declaraciones durante una entrevista, el economista sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas debe analizarse junto con lo que sucede en los presupuestos familiares. “El Gobierno les pasó su déficit a las familias”, afirmó. Su planteo apunta a una pregunta central: quién financia el resultado que exhibe el Estado y qué consecuencias tiene ese esfuerzo sobre la vida cotidiana.
Lousteau describió una secuencia: ingresos que pierden capacidad de compra, gastos esenciales que aumentan y hogares que cubren la diferencia con recursos cada vez más limitados. Según explicó, las familias primero utilizan los ahorros disponibles y después recurren al endeudamiento para sostener sus necesidades. Desde esa perspectiva, la morosidad expresa una dificultad económica más profunda: el dinero que ingresa ya no alcanza para afrontar los compromisos del mes.
El cuestionamiento también se concentró en cómo se distribuyen los costos del programa. Lousteau contrapuso los beneficios tributarios para los patrimonios elevados y las grandes inversiones con el esfuerzo exigido a los sectores de ingresos medios y bajos. Mencionó la reducción de Bienes Personales, el blanqueo de capitales y los incentivos del RIGI como decisiones que, en su interpretación, favorecen a quienes tienen mayor capacidad económica. Su acusación es política: el Gobierno eligió exigir sacrificios desiguales.
Al describir el impacto sobre los hogares, enumeró: “Le bajó la jubilación, le bajó el bono, le bajó el salario; le subió los medicamentos, le subió el gas, le subió la luz”. Con esa formulación, atribuyó al Gobierno una combinación de deterioro de ingresos y encarecimiento de necesidades básicas. Su argumento sostiene que el ajuste debe evaluarse también por lo que obliga a resignar: tratamientos, consumo, ahorro y capacidad para afrontar una emergencia.
Las declaraciones cuestionan, además, la lectura del superávit como prueba suficiente de éxito. Para Lousteau, el resultado fiscal queda incompleto como diagnóstico cuando las familias deben endeudarse para vivir. La solvencia del Estado y la solvencia de los hogares deben examinarse juntas. En ese razonamiento, trasladar obligaciones al presupuesto familiar puede mejorar las cuentas oficiales mientras debilita el consumo y aumenta la fragilidad económica de quienes sostienen sus gastos con crédito.
Lousteau llevó así el debate al terreno distributivo: cuánto aporta cada sector y quién recibe alivio. Su crítica interpela un programa que presenta el equilibrio fiscal como conquista central, pero que, según su análisis, deja a una parte de la sociedad administrando su propio déficit. La pregunta que instala es tan económica como política: ¿qué alcance tiene el éxito de las cuentas públicas cuando las cuentas de las familias dejan de cerrar?.
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