
La discusión por la Ley de Financiamiento Educativo entró definitivamente en una etapa política.
A pocas horas de que la Legislatura vuelva a reunirse para intentar resolver el proyecto, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, decidió ponerse públicamente al frente de la campaña para conseguir su aprobación.
El jefe comunal utilizó sus redes sociales para defender la iniciativa, reclamar previsibilidad para el sistema educativo y plantear que Tierra del Fuego debe convertir el financiamiento de la educación en una “política de Estado”. También destacó la meta de llevar progresivamente la inversión educativa hasta el 7,8% del Producto Bruto Geográfico provincial.
El pronunciamiento no aparece aislado.
La vicepresidenta primera de la Legislatura, Victoria Vuoto, participa directamente en las negociaciones parlamentarias y estuvo presente en la reunión convocada por la CGT Ushuaia en la sede de UTHGRA, junto a Juan Carlos Pino, Federico Sciurano (el único discoloal proyecto) y Tomás García. Allí, la central obrera dejó explícito su respaldo al proyecto.
Ramón “Moncho” Calderón fue contundente: la CGT “apuesta fuertemente” a que la herramienta sea aprobada y cuestionó a los sectores que todavía mantienen objeciones.
Así, en pocos días terminó conformándose una fotografía política evidente: el Gobierno provincial, el SUTEF, el sector político encabezado por Vuoto y parte de la conducción sindical de Ushuaia empujando hacia el mismo objetivo legislativo.
Una ley nacida del acuerdo con SUTEF
El propio Gobierno provincial reconoció al presentar el proyecto que la iniciativa forma parte de los compromisos asumidos con el sector docente después del extenso conflicto salarial de este año que ha hecho perder a los alumnos mas de 75 dias de clases.
Aunque formalmente, el fondo no pertenece al SUTEF ni será administrado por el sindicato.
Será un fondo público provincial destinado a salarios en su mayoria, infraestructura, mantenimiento y equipamiento educativo.
Pero políticamente resulta imposible separar su nacimiento del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Gustavo Melella y la conducción sindical.
El SUTEF participó además de las reuniones legislativas que terminaron modificando el proyecto y ahora decidió aumentar la presión: convocó a 36 horas de paro, vigilia frente a la Legislatura, festival, caravana provincial y concentración para el martes 17, cuando se retome la sesión.
Es decir, mientras Vuoto reclama públicamente la sanción de la ley, el gremio prepara una movilización para exigir exactamente lo mismo desde la calle.
La discusión que Vuoto evita: quién termina pagando
El punto más polémico no es si la educación necesita recursos.
La discusión es de dónde salen.
Durante el tratamiento legislativo se incorporó un gravamen del 3% sobre los Ingresos Brutos del Banco de Tierra del Fuego y otro sobre la actividad de Camuzzi Gas del Sur, además de aportes provenientes de Terra Ignis y modificaciones impositivas vinculadas con predios rurales.
El dictamen establece expresamente que esos costos no deben trasladarse directamente a los usuarios algo que la ley no puede lograr garantizar en la practica.
Existe una advertencia económica planteada por distintos legisladores: cuando se incrementa el costo de una actividad, el impacto puede trasladarse indirectamente a precios, servicios, rentabilidad o funcionamiento de las empresas afectadas.
Ese es precisamente uno de los motivos por los cuales la mayor parte de la Legislatura se resiste a aprobar el proyecto sin modificaciones.
La posición opositora puede resumirse en una pregunta sencilla:
¿por qué crear nuevas cargas antes de revisar cómo se gastan los miles de millones que Educación ya tiene?
Más de un millón de horas cátedra bajo discusión
Y allí aparece probablemente la discusión más incómoda de todas.
El legislador Damián Löffler puso bajo la lupa la utilización de las horas cátedra, históricamente asociadas al trabajo docente pero utilizadas también para diferentes funciones dentro del sistema.
Según los números expuestos por el parlamentario, el presupuesto reconducido contempla alrededor de 1,2 millones de horas cátedra, mientras que para el próximo ejercicio se proyectarían aproximadamente 1,08 millones.
Löffler reclamó una auditoría detallada para saber cuántas de esas horas corresponden efectivamente a docentes frente a alumnos y cuántas son utilizadas para otras actividades.
Fue todavía más lejos: denunció que existirían horas asignadas a personas e instituciones que ni siquiera realizan funciones educativas y vinculó políticamente ese esquema con funcionarios provinciales y con la conducción del SUTEF.
Son acusaciones del legislador y hasta ahora no existe una auditoría pública que permita considerarlas acreditadas.
Pero tampoco apareció una explicación oficial completa que despeje la discusión.
Y ahí está la contradicción que atraviesa todo el debate.
La Provincia reclama nuevos recursos.
El SUTEF exige más financiamiento.
Vuoto pide aprobar la ley.
La CGT Ushuaia reclama votos.
Pero todavía no existe públicamente un detalle sencillo y completo que permita responder quiénes cobran las más de un millón de horas cátedra que financia Tierra del Fuego y cuántas terminan efectivamente en las aulas.
Vuoto eligió protagonizar la batalla
Hasta ahora, Walter Vuoto había mantenido cierta distancia respecto de las discusiones más incómodas entre el Gobierno provincial, el gremio docente y la Legislatura.
Eso cambió.
El intendente salió públicamente a defender la ley, utilizó sus redes para instalar la necesidad de aprobarla y su espacio político participa activamente de las conversaciones para reunir los votos necesarios.
En paralelo, la CGT Ushuaia —con fuerte presencia de dirigentes sindicales cercanos políticamente al peronismo de la capital— comenzó a presionar públicamente sobre los legisladores que mantienen reparos.
Al tiempo que Vuoto se mostro interesado por la ley, la CGT Ushuaia se apuro a gestar una reunion en la que la central obrera prepararia una movilizacion de apoyo al SUTEF.
Ahí entonces se percibe que existe una coincidencia política inocultable.
Vuotismo, Gobierno provincial, SUTEF y sectores de la CGT están hoy del mismo lado de la discusión.
Una caja nueva sin haber explicado completamente la anterior
La ley puede ser defendida como una herramienta para garantizar mejores salarios, infraestructura y previsibilidad educativa.
Pero eso no elimina la obligación de explicar cómo se utilizan los recursos existentes.
Para los sectores que cuestionan el proyecto, crear nuevas fuentes de recaudación sin revisar previamente las horas cátedra, la estructura administrativa y los gastos del Ministerio significa construir una nueva caja de recursos sin haber transparentado completamente la que ya existe.
No significa que esa caja pertenezca jurídicamente al SUTEF.
Pero sí significa que una porción sustancial del fondo está destinada a financiar el compromiso salarial surgido del acuerdo político entre el Gobierno y el sindicato, y que el propio gremio participa activamente en la presión para conseguir su aprobación.
Ese es el debate que la campaña de Vuoto deja en segundo plano.
Porque nadie discute que los docentes necesitan mejores salarios.
Nadie debería discutir que las escuelas necesitan mantenimiento.
La pregunta es otra:
¿la salida consiste simplemente en recaudar más o primero corresponde ordenar y transparentar cómo se utilizan los enormes recursos que Tierra del Fuego ya destina a Educación?
Mientras esa respuesta siga pendiente, la pelea por la Ley de Financiamiento Educativo será mucho más que una discusión sobre educación.
Será también una batalla por una nueva fuente permanente de recursos, en medio de un sistema que todavía no consigue explicar con claridad cómo distribuye una parte importante de los fondos que ya tiene.
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