
El Ministerio Público dispuso la detención de Aldo Rodríguez, director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación a una organización criminal, presuntamente liderada por el expresidente Santiago Peña.
Rodríguez habría colaborado en la alteración sustancial del informe de la Superintendencia de Bancos remitido al Senado sobre la situación financiera de Ueno Bank S.A.
En ese proceso, habría colaborado de cerca con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, y el miembro del Directorio, Marco Aurelio González, ambos procesados por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal.
Esto es lo que relata la imputación del Ministerio Público:
Con motivo del pedido de informes formulado por la Honorable Cámara de Senadores mediante la Resolución P.I. N.º 134, de fecha 9 de septiembre de 2026 (Nota MHCS N.º 3915), la Superintendencia de Bancos había elaborado el 23 de septiembre de 2026 el «Informe Técnico en respuesta a la Nota MHCS N.º 3915» (de 15 páginas), elevado a la Unidad Jurídica mediante el Memorando SB.SG. N.º 0017/2026 (Expediente GESDOC EXP-2026–009850, agregado al EXP-2026–009848), en el cual se consignaban los indicios de financiación indirecta en la compra de cartera por parte de VINANZAS S.A.
En ese contexto, Marco González teniendo bajo su ámbito de coordinación en el Directorio el área jurídica institucional, habría intervenido directamente —junto con el director de la Unidad Jurídica Aldo Rodríguez y el entonces presidente Carlos Carvallo— en la presunta confección, reformulación y alteración sustancial del proyecto de nota de respuesta destinado a la Cámara de Senadores, al margen del Directorio.
Específicamente, el día lunes 5 de octubre de 2026, entre las 14:00 y las 14:30 horas, en el despacho de la Presidencia del BCP, Marco González habría participado—junto a CARLOS DAGOBERTO CARVALLO SPALDING, HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA y Aldo Rodríguez, con exclusión deliberada de los demás miembros titulares del Directorio (Liana Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Carmen Marín Rodríguez)— en dos reuniones reservadas en las que se gestionó el borrador modificado desde la Unidad Jurídica, pretendiendo inicialmente que el documento fuera suscripto por el Gerente General Walter Antonio Zárate Almirón sin resolución del Directorio.
Posteriormente, a las 16:18 horas de ese mismo 5 de octubre de 2026, el director de la Unidad Jurídica Aldo Rodríguez remitió por correo electrónico a Walter Antonio Zárate Almirón y a HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA el documento modificado bajo el asunto «PROYECTO», manifestando textualmente: «Estimados Walter y Holger, conforme a lo conversado, les comparto la última versión del proyecto, con las incorporaciones del Dr. González. Atte.- Aldo», y a las 17:26 horas remitió una nueva versión indicando que había sido pasada por el Miembro Titular del Directorio («MTD»). Al día siguiente, martes 6 de octubre de 2026, a las 12:03 horas, tras realizar el cotejo entre el Informe Técnico original de la Superintendencia de Bancos y el proyecto de nota elaborado con las incorporaciones de Marco González, el Superintendente HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA advirtió por correo electrónico que el proyecto de respuesta suprimía argumentos técnicos esenciales e incorporaba afirmaciones que no se correspondían con el informe de la Superintendencia: Al reformular las respuestas a las preguntas 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 16 y reformular las respuestas a las preguntas 3, 6, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 y 31, mantuvo el argumento formal sobre la supuesta validez de la cesión de cartera a favor de VINANZAS S.A. y que el exceso había sido «subsanado», pero suprimió deliberadamente los fundamentos técnicos de la Superintendencia de Bancos, tales como los indicios de financiación indirecta con recursos del propio banco, la aplicación del criterio de sustancia económica, la denuncia de la Superintendencia y la falta de atribuciones del BCP para declarar la nulidad de la venta de cartera.
Con esta actuación conjunta de falta de realización de medidas regulatorias y de ocultamiento y alteración documental ante el Congreso Nacional, MARCO AURELIO GONZÁLEZ MALDONADO habría tenido una intervención directa y determinante que posibilitó que UENO BANK S.A. continuara operando sin restricciones, efectuando desembolsos a sociedades del circuito económico y ejecutando, entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026 (inmediatamente después de remitirse la Nota BCP/P N.º 016 al Senado), agresivas campañas comerciales de captación masiva de depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) con reintegros del 50 % condicionados al ingreso o mantenimiento de saldos nuevos.
Al declararse finalmente el 2 de noviembre de 2026 el procedimiento de resolución de UENO BANK S.A. tras constatarse que su índice de solvencia había caído por debajo del cincuenta por ciento del mínimo legal requerido, cada depósito garantizado captado durante ese período representó un costo incremental adicional para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), además de comprometer los fondos públicos depositados en la entidad (que al 30 de septiembre de 2026 ascendían a G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495), configurándose un grave menoscabo económico.
https://observador.com.py/ordenan-detencion-del-director-juridico-del-bcp-quien-habria-alterado-datos-sobre-ueno-bank/
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