
Pedro Carmona Estanga regresó a Venezuela de manera inesperada. Su retorno, después de más de dos décadas de exilio en Colombia y España, irrumpe en un escenario político que busca abrir una nueva etapa bajo el interinato de Delcy Rodríguez.
Carmona Estanga, quien ocupó la Presidencia de la República durante menos de 48 horas, en abril de 2002, volvió al país que abandonó después del fracaso de aquella ruptura institucional.
Como presidente de Fedecámaras, Carmona gozaba de un prestigio considerable. Fue ese reconocimiento el que llevó a distintos sectores a buscarlo para encabezar el proceso en plena contingencia. Sin embargo, carecía del pulso político necesario y terminó cometiendo errores de los que no pudo apartarse a tiempo, en medio de las maniobras de su entorno cercano, integrado por civiles y militares. Algunos juristas, cuyo papel todavía no se conoce del todo, fueron los arquitectos de aquel fallido plan que contemplaba la disolución del Congreso. Carmona cayó en la encerrona de quienes pretendían controlar las FANB sin contar con un respaldo general.
La llegada ocurre en un momento especialmente delicado. La Corte de Apelaciones de Carabobo acaba de confirmar una condena de 30 años de prisión contra el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano. Fue quien encabezó la Operación David, el asalto al Fuerte Paramacay ocurrido en agosto de 2017. La decisión, conocida el 12 de noviembre de 2026, también ratifica las penas máximas impuestas a otros procesados y modifica algunas de las condenas originales.
¿Prescribió la causa de Pedro Carmona Estanga?
Tras la ruptura institucional de abril de 2002, Carmona fue imputado por los delitos de rebelión militar y usurpación de funciones públicas. Mientras cumplía arresto domiciliario, en mayo de ese año, se fugó y solicitó asilo político en la embajada de Colombia en Caracas. Posteriormente se trasladó a Bogotá, donde residió durante años.
En 2007, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó que los hechos imputados a Carmona no se consideraban delitos políticos, sino comunes. Esa interpretación dificultó su defensa mediante figuras como la amnistía o el asilo frente a solicitudes de extradición.
Dirigentes socialistas se ampararon en el artículo 271 de la Constitución de 1999 y en criterios aplicados por el sistema de justicia chavista en causas relacionadas con golpes de Estado o delitos contra la cosa pública. Con esos argumentos, sostuvieron que los procesos penales vinculados a la ruptura del hilo constitucional o a delitos graves contra el Estado son imprescriptibles, o que sus plazos de prescripción permanecen suspendidos mientras el imputado se encuentre prófugo.
De allí la incertidumbre. Carmona Estanga nunca fue juzgado ni condenado en ausencia, pues la legislación penal venezolana prohíbe ese tipo de juicio. Su expediente permanece abierto en fase preliminar, con una orden de aprehensión vigente en territorio venezolano, aunque lleva años sin registrar movimientos públicos relevantes.
Ahora regresa en medio del cuarto ciclo de conversaciones entre representantes del Gobierno y sectores opositores. En el mismo se han alcanzado acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la revisión de normas utilizadas para restringir derechos políticos.
Con información de Versión Final
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