
Columnista de Opinión
Inexplicable que en esa evaluación no se tuviese en cuenta la voz de los militares. Un balance del Acuerdo queda incompleto sin escuchar a quienes enfrentaron a las guerrillas y sufrieron secuestros, mutilaciones y asesinatos mientras servían al Estado. Su condición de víctimas y sus exigencias de verdad y reparación merecen un lugar propio. También deben escucharse sus cuestionamientos sobre las garantías judiciales ante la JEP. La evaluación de esta década no puede agotarse en el intercambio entre expresidentes: debe incluir a quienes asumieron directamente el costo de la guerra.
Ese examen debe distinguir entre anuncios, contratos y resultados. Una carretera proyectada no equivale a una carretera terminada; un programa financiado no garantiza que una familia haya mejorado sus condiciones de vida. Cada entidad debe explicar qué recibió, qué ejecutó y qué transformación puede demostrar. Tampoco basta con atribuir toda deficiencia a la falta de implementación: esa explicación exige identificar las obligaciones incumplidas, los responsables y los recursos que estuvieron disponibles.
Desde los esfuerzos de paz del entonces Presidente Belisario Betancur hasta los procesos actuales, Colombia ha acumulado negociaciones, acuerdos y desmovilizaciones sin conseguir cerrar y menor terminar el conflicto armado. El narcotráfico sigue siendo su combustible: financia estructuras, alimenta disputas territoriales y ofrece recursos para reemplazar a quienes dejan las armas.
Colombia desde antaño viene prodigando amnistías e indultos para lograr la paz. No obstante, lo acaecido con el plebiscito de 2016 los colombianos aceptaron la implementación del Acuerdo de la Habana. Diez años después, con la realidad que se nos presenta Colombia merece que se efectúe un balance sobre los resultados objetivos que su condescendencia ha traído, se establezcan responsabilidades, se determine si se ha obtenido el bienestar pretendido y se permita saber qué se consiguió con los recursos invertidos. La paz debe rendir cuentas en los territorios, en los presupuestos y en los tribunales. Esa es la obligación pendiente de quienes la negociaron, de quienes la administraron y de quienes hoy deben corregir sus incumplimientos.
No es admisible que la permisibilidad de los colombianos para obtener la tan anhelada paz siga siendo un derrotero para permitir que los resultados sean inversos, pues, lo que se evidencia es que el conflicto se incrementa, peor aún se fortalece, sin ningún resultado positivo para la convivencia social. Luego, es la hora de una verdadera evaluación del proceso de paz y su consecuente rendición de cuentas.
https://laotracara.co/opinion/la-paz-hora-de-rendir-cuentas/
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