El poder no puede ser un club de protección

El caso de la anestesista Inés Miralles, inhabilitada por su actuación en la atención de la pediatra Soledad Barrera, expone una gestión que primero reduce una sanción y después debe retroceder. En salud pública, esas decisiones comprometen la confianza de quienes ponen su vida en manos del sistema.

El 10 de noviembre, Yamandú Orsi y Cristina Lustemberg firmaron la resolución que restableció los cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina. Se revocó así la reducción a tres años dispuesta por la ministra en octubre de 2025. La revisión llegó tras el recurso presentado por la madre de Barrera.

La rectificación era necesaria. Pero corregir una decisión no borra la responsabilidad de haberla tomado. Presentar la marcha atrás como una resolución acordada con el presidente tampoco responde la pregunta central: ¿por qué se redujo una sanción cuya gravedad ahora obliga a restituirla?

Lustemberg invocó nuevos elementos para explicar la revisión. Sin embargo, según el informe de Jurídica de Presidencia divulgado por El País, las graves fallas profesionales estaban acreditadas en el expediente administrativo. Ese dictamen cuestionó los fundamentos de la rebaja y calificó de arbitraria la reducción a tres años.

La contradicción exige una explicación política. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué criterio se aplicó, por qué se defendió y quién responde por sus consecuencias. Un gobierno pierde autoridad cuando dedica más esfuerzo a justificar una equivocación que a reconocerla.

También corresponde discutir el corporativismo médico. El respaldo profesional se degrada cuando se transforma en adhesión automática a una jerarca. Ningún sector debería funcionar como un club de adherentes a la ministra, dispuesto a amortiguar cada error antes de examinar sus efectos. La solidaridad entre colegas encuentra su límite en la seguridad de los pacientes.

Eso exige distinguir responsabilidades. No todos los médicos acompañaron la rebaja: según la información publicada, once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública renunciaron tras aquella decisión. Su posición impide presentar a la profesión como un bloque y demuestra que hubo quienes se negaron a convalidarla.

Lustemberg debe responder por lo que firmó. Los informes técnicos asesoran; la responsabilidad de conducir el ministerio corresponde a su titular. Orsi debe exigir explicaciones: restablecer la sanción no alcanza para cerrar el problema de gestión que quedó expuesto.

El caso Barrera merece respeto por la víctima, por su familia y por quienes confían en el sistema sanitario. No puede convertirse en un ejercicio de protección de cargos. La autoridad se recupera reconociendo errores y asumiendo consecuencias. Si el Ejecutivo vuelve a refugiarse en respaldos automáticos, dejará una señal intolerable: que el criterio puede fallar, pero la protección política siempre funciona.