El patrimonio cultural está la deriva en el MinCultura 

Columna escrita por Mario Omar Fernández, columnista invitado.

El patrimonio cultural no puede administrarse desde los discursos, las fotografías de eventos o las agendas protocolarias. Su protección exige conocimiento especializado, continuidad institucional y capacidad para responder a los riesgos que amenazan monumentos, colecciones, archivos y tradiciones.

Sin embargo, los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan serios interrogantes sobre la orientación del Ministerio de las Culturas, particularmente del Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural. Mientras el país enfrenta las consecuencias de un terremoto que afectó importantes bienes culturales, varias instituciones atraviesan situaciones de incertidumbre administrativa y se producen decisiones que cuestionan los criterios técnicos de la gestión patrimonial.

La primera pregunta tiene que ver con el perfil de quienes conducen la política pública de patrimonio. El nombramiento de Aglaé Dinora Caraballo Mercado, conocida como La Reina del Porro, plantea una discusión necesaria. Su trayectoria está vinculada con la comunicación social, la música, la promoción del folclor y la gestión cultural, especialmente en el Caribe colombiano. Su trabajo en la promoción de las tradiciones merece reconocimiento. Sin embargo, ¿qué experiencia específica acredita para dirigir una política pública que comprende la conservación del patrimonio arquitectónico, los bienes muebles, las colecciones museológicas, el patrimonio arqueológico y los archivos?

Estos campos requieren conocimientos especializados y equipos interdisciplinarios. La promoción cultural es importante, pero no sustituye las competencias necesarias para orientar intervenciones de conservación, formular políticas de prevención de riesgos y coordinar instituciones científicas y técnicas.

También merece revisión la agenda pública de la viceministra. Durante septiembre, el Ministerio informó sobre una gira por Córdoba y Sucre y diferentes encuentros relacionados con tradiciones y saberes regionales, principalmente en el Caribe colombiano. Las actividades culturales y territoriales son legítimas, pero es necesario conocer sus resultados y su relación con las prioridades del despacho. Las reuniones y participaciones en actividades relacionadas con moda y certámenes de belleza, que han sido señaladas en las publicaciones institucionales, también merecen contextualización. La pregunta es si, mientras se desarrollaban estas agendas, se estaba ejerciendo el liderazgo técnico que exigía la emergencia patrimonial del país.

El terremoto: más anuncios que respuestas técnicas

El terremoto del 10 de agosto de 2026 puso a prueba la capacidad de respuesta del Ministerio. La emergencia afectó iglesias, edificaciones históricas, centros urbanos y bienes culturales de varios departamentos. Los balances oficiales identificaron centenares de bienes afectados y anunciaron una ruta de cooperación con la Unesco para su recuperación.

Sin embargo, siguen pendientes preguntas fundamentales: ¿dónde están los diagnósticos individualizados?, ¿qué equipos de arquitectos, ingenieros, conservadores-restauradores e historiadores han visitado las zonas afectadas?, ¿qué medidas se han adoptado para proteger las colecciones y los bienes muebles?

El patrimonio religioso merece especial atención. En los municipios afectados existen iglesias declaradas bienes de interés cultural que albergan pinturas, esculturas, retablos y colecciones de gran valor histórico y artístico. El presidente Abelardo de la Espriella, en su intervención del 15 de octubre, hizo un llamado a proteger el patrimonio religioso. Pero ese compromiso debe traducirse en acciones concretas.

La situación de bienes como la Virgen de la Pobreza, además de imágenes, pinturas y retablos, obliga a preguntar por su estado actual y por las medidas de conservación adoptadas. Un templo puede conservar su estabilidad estructural y, sin embargo, tener esculturas fracturadas, pinturas desprendidas o retablos inestables. El patrimonio mueble necesita diagnósticos propios, realizados por especialistas.

Tampoco se conoce suficientemente el alcance de las afectaciones sobre el patrimonio inmaterial ni las medidas para garantizar la continuidad de las prácticas culturales de las comunidades damnificadas. La emergencia no puede reducirse a contabilizar edificios afectados.

A esta situación se suma la falta de claridad sobre la dirección de Patrimonio y Memoria. La información institucional presenta inconsistencias sobre quién ejerce formalmente esa responsabilidad. El Ministerio debe aclarar la situación administrativa y explicar qué capacidad tiene actualmente esta dependencia para coordinar la atención de las emergencias patrimoniales.

Instituciones culturales sin rumbo claro

El Museo Nacional continúa con María Constanza Toquica al frente de la dirección encargada, sin que se haya anunciado una dirección titular. A esto se suma la controversia por el retiro de más de 60  piezas de sus salas de exposición, decisión que generó cuestionamientos sobre los procedimientos curatoriales y dio lugar a actuaciones judiciales. Más allá de las diferencias sobre los relatos expositivos, está en juego el respeto por los criterios profesionales y la autonomía técnica de una institución nacional.

La Biblioteca Nacional también enfrenta cuestionamientos por su nueva dirección y por la gestión de una institución responsable de custodiar una parte fundamental de la memoria documental colombiana. En el Instituto Caro y Cuervo, el nombramiento de Sergio Esteban Vélez generó controversia por sus publicaciones institucionales sobre escritores como Gonzalo Arango y Andrés Caicedo, que provocaron críticas de académicos y egresados. Más de un centenar de estos últimos solicitaron explicaciones sobre el uso de los canales oficiales de una entidad cuya misión es investigar y salvaguardar el patrimonio lingüístico y literario.

Son situaciones distintas, pero tienen un denominador común: la necesidad de garantizar que las instituciones culturales estén dirigidas por criterios de rigor académico, pluralidad, conocimiento de sus funciones y continuidad de sus proyectos.

El Icanh: una intervención presidencial que deja preguntas

Lo ocurrido en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) constituye uno de los episodios más preocupantes. Mediante la Resolución 1589 de octubre se modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, ampliando los perfiles profesionales habilitados para ocupar varios cargos directivos. Se incorporaron disciplinas como derecho, administración y economía en puestos relacionados con responsabilidades científicas que tradicionalmente exigían formación y experiencia en antropología, arqueología e historia.

La controversia no consiste en negar que otras disciplinas puedan aportar a la institución, sino en cuestionar la modificación de los requisitos de cargos especializados sin una justificación técnica suficientemente clara y en medio de procesos de nombramiento que favorecían perfiles concretos.

El 11 de noviembre, el presidente intervino públicamente, revocó la designación de Camilo Noguera Pardo y ordenó la salida del director encargado Javier Estrada, quien había firmado la modificación del manual. El mandatario afirmó que los cambios se habían realizado sin conocimiento de la ministra de Cultura y cuestionó que se utilizaran las facultades administrativas para facilitar determinados nombramientos.

La intervención presidencial deja preguntas que el Ministerio no puede eludir. ¿Cómo fue posible que una entidad adscrita a esta cartera modificara los requisitos de sus cargos directivos sin que la ministra conociera una decisión de semejante trascendencia? ¿Qué mecanismos de supervisión existen sobre las entidades adscritas? ¿Por qué no hubo un pronunciamiento institucional claro y oportuno del Ministerio cuando se conocieron estas modificaciones?

La reacción pública más contundente terminó siendo la del presidente. Sin embargo, la salida de dos funcionarios no resuelve el problema. Es necesario revisar las decisiones, esclarecer las responsabilidades administrativas y garantizar que la dirección del Icanh responda a criterios científicos y académicos. Su misión de investigar y proteger el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico no puede quedar subordinada a disputas políticas.

Una crisis que no comenzó ayer

Sería equivocado atribuir todos estos problemas al actual gobierno. La debilidad de los equipos técnicos, la falta de continuidad en las direcciones y la precariedad de los recursos para conservación son dificultades acumuladas durante administraciones anteriores. Pero el cambio de gobierno debía representar una oportunidad para corregirlas, no para profundizarlas.

El patrimonio cultural no puede esperar a que terminen las disputas administrativas y políticas. Los bienes afectados por un terremoto necesitan diagnósticos, medidas de emergencia y recursos. Las colecciones requieren profesionales especializados y los museos, archivos e institutos de investigación necesitan direcciones estables y proyectos de largo plazo.

La pregunta que debe responder el Ministerio de Cultura es sencilla: ¿cuál es su política efectiva para proteger el patrimonio colombiano y quién está respondiendo por su ejecución?

Mientras se multiplican los anuncios, los viajes y las declaraciones sobre la identidad nacional, el patrimonio necesita algo mucho menos retórico y mucho más urgente: instituciones sólidas, profesionales especializados y una gestión pública a la altura de la responsabilidad de conservar la memoria del país.

Mario Omar Fernández

Científico de la conservación del patrimonio. Profesor asociado del Laboratorios de Estudios  del Arte y Patrimonio (Leap) de la Universidad de los Andes.