Cien días de De la Espriella: tres proyectos en uno

Abelardo de la Espriella llega a su día 100 de gobierno con el apoyo de la mitad de los colombianos y con el rechazo de la otra mitad.  Según la última encuesta  de Bloomberg y Atlas Intel, la firma que hizo las encuestas para De la Espriella y Semana durante las elecciones, el presidente ha perdido seis puntos de apoyo desde que arrancó el gobierno y que mantiene una aprobación del 48,3% y un rechazo semejante del 46%.

Durante estos primeros tres meses, el presidente ha gobernado principalmente con su círculo profesional y personal más cercano y ha tomado medidas que responden a los intereses y valores de su base política más conservadora. Sus esfuerzos por tender puentes hacia quienes no votaron por él han sido escasos.

Así, con un respaldo menor del que solían tener sus antecesores durante el período que se considera la luna de miel de los presidentes, llega a la tradicional evaluación de los cien días de un gobierno que ha demostrado ser tres proyectos en uno: un proyecto tecnocrático que está encarando las crisis más profundas que dejó Gustavo Petro; un proyecto religioso y antiprogresista bajo el escudo de la “batalla cultural”; y un proyecto personalista de acumulación de poder para el presidente De la Espriella, sus socios y aliados, que tienen la mira puesta en 2027.

Los tres proyectos se complementan, pero también chocan entre sí. Mientras los tecnócratas intentan tomar decisiones para resolver las crisis que heredaron, el proyecto ideológico impone sus propios criterios sobre los nombramientos y las políticas públicas. Y por encima de ambos está un presidente que concentra las decisiones, se reserva los anuncios populares y ha puesto a su círculo personal en algunas de las entidades más poderosas del Estado.

El proyecto tecnocrático: proempresa y pro crecimiento económico 

Después de cuatro años de una retórica antiempresarial impulsada por Petro, De la Espriella se eligió con la promesa de impulsar un “milagro económico”. En campaña, la garantía de esa promesa fue la elección como su fórmula vicepresidencial de José Manuel Restrepo, quien lidera el proyecto tecnocrático del gobierno.

Restrepo está apersonado de la “Milagro Week”, la iniciativa a través de la cual el gobierno está promocionando 133 megaproyectos de inversión, con los que busca reactivar la inyección de capital privado nacional y extranjero. En ese mismo propósito, el Ministerio de Ambiente ha destrabado licencias ambientales que llevaban años represadas para proyectos empresariales.

Esta ala tecnocrática también está liderando la defensa pública de la ambiciosa reforma tributaria que busca contener la tormenta fiscal heredada del gobierno Petro. Mientras el presidente ha guardado silencio y distancia frente al ajuste fiscal, Restrepo y los técnicos de Hacienda le contaron al país la dimensión de la crisis y han defendido una serie de medidas que rememoran los impopulares impuestos de Carrasquilla, pero que muchos expertos consideran necesarias.

“Después de las reformas tributarias en los últimos 30 años, poco exitosas en aumentar el recaudo, había que intentar algo diferente. La señal positiva por parte del gobierno ya está. Ya ellos cumplieron, ahora le falta al Congreso”, dijo el economista Armando Armenta, de AllianceBernstein, un fondo de inversión, cuando el gobierno destapó sus cartas sobre la tributaria.

En Salud y Energía, los sectores que deben resolver dos de las crisis públicas más costosas, varias de las principales posiciones las tienen expertos que vienen de trabajar en las empresas reguladas por cada sector. Figuras como la ministra de Salud, Ana María Vesga, o Nohemí Arboleda, por años la gerente de la empresa que regula el mercado eléctrico.

Como explica en esta historia La Silla, el Ministerio de Salud recuperó la interlocución con el sector y tiene una agenda para reorganizar el sistema. Prestadores, EPS, pacientes y académicos reconocen ese cambio, así como el equipo técnico de Vesga y los avances de su plan de choque. Pero todavía falta mucho para que ese cambio de rumbo produzca resultados.

“Antes había incertidumbre y desesperanza. Ahora hay esperanza, pero hay incertidumbre por el tema presupuestal”, dice Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins.

Ese proyecto tecnocrático, que ha asumido algunas de las crisis más difíciles y que está planeando medidas incluso impopulares como las fiscales, se ha encontrado con dos límites: la agenda ideológica del gobierno y las decisiones personales del presidente.

Por ejemplo, a Restrepo se le cayeron dos nombramientos de técnicos tumbados prematuramente por el proyecto de la batalla cultural: el de Carlos Sepúlveda como director de Planeación Nacional, cuestionado por su orientación sexual, y el del director del Dane, que había validado los datos estadísticos del gobierno Petro.

El presidente también echó para atrás decisiones técnicamente justificadas, pero impopulares, como el aumento del precio de la gasolina anunciado por la ministra de Energía, Nohemí Arboleda. Lo hizo con la puesta en escena usual con la que corrige los errores de su gobierno, rectificando a la ministra en público a través de Twitter.

En Salud, el presidente no confió en la ministra Vesga los dos nombramientos más importantes del sector: el del interventor de la Nueva EPS —que maneja 20 millones de afiliados— ni el del gerente de la Adres, que maneja la plata del sistema. Ambos, cercanos al círculo de poder de Abelardo, tuvieron que renunciar antes de cumplir tres meses en sus cargos, con todo lo que eso implica para la estabilización del sector.

El mismo gobierno que necesita técnicos para recuperar la confianza empresarial, resolver las crisis sectoriales y sacar adelante un ajuste fiscal impopular, ha demostrado que esos técnicos tienen una autonomía limitada cuando sus decisiones chocan con las prioridades ideológicas o políticas del presidente.

El proyecto ideológico: la batalla cultural para movilizar al abelardismo

De la Espriella, quien ha dicho que es un católico recién convertido, ha puesto en el centro de su agenda las ideas conservadoras de una derecha religiosa que viene creciendo en Colombia.

La “batalla cultural” es definida en este gobierno como la disputa por el sentido de lo que los colombianos consideran “normal”. Por ejemplo, que no es normal que una pareja homosexual adopte niños, que una mujer interrumpa su embarazo o que se practique la eutanasia.

Dentro del abelardismo, la batalla cultural es articulada por el poderoso estratega del presidente, Carlos Suárez, presidente de la junta de Ecopetrol, quien, sin ser una persona religiosa ni conservadora, la entiende como la misión de los “Defensores de la Patria” para ganar el enfrentamiento ideológico con la izquierda.

La acción más mediática de la batalla cultural del gobierno ha sido el retiro de las obras del Museo Nacional asociadas a la historia del conflicto armado y de movimientos progresistas, como el LGBTI. Como lo reconstruyó La Silla, la decisión de retirarlas fue una orden directa del presidente, quien eligió a dedo las piezas que debían retirarse, según documentos a los que pudo acceder este medio.

Dentro del gobierno, la batalla cultural cuenta con protagonistas más auténticos que Suárez y el propio presidente, entre ellos, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, quien fue su subalterna en la Procuraduría.

El ministerio de Hoyos presentó un proyecto de decreto para que privados e iglesias puedan operar colegios públicos e hizo la solicitud para derogar la política de educación sexual y reproductiva impulsada por el gobierno Petro.

Ordóñez, quien reemplazó a un ministro de estirpe liberal como Lara, entró a reforzar esta ala del gobierno. Y en su primera intervención en el Congreso, el nuevo ministro le sumó los ataques al Acuerdo de Paz con las Farc y la Justicia Especial para la Paz (JEP), una de las grandes divisiones ideológicas entre la izquierda y la derecha.

Pero la batalla cultural no sirve solamente para imponer una visión conservadora de la sociedad. También cumple varias funciones políticas dentro del proyecto de De la Espriella.

Sirve para cohesionar a los funcionarios bajo un filtro de lealtad ideológica, como quedó en evidencia con los nombramientos frustrados de Planeación y del Dane. Es el puente ideológico con el movimiento evangélico más organizado, que —a falta de un partido político propio y del apoyo de los políticos tradicionales— se ha convertido en su principal movilizador de votos en el territorio. Y, sobre todo, sirve para debilitar a la izquierda.

Por un lado, porque la orden del presidente —como quedó claro en su discurso contra el wokismo en el claustro de Santa Clara— es quitarles recursos a los proyectos y organizaciones que considera wokes o progresistas, desde las becas a artistas hasta la financiación de programas de educación sexual en los colegios. Y, por el otro, porque el discurso de regeneración moral encaja en un momento en que el líder del partido de oposición, Gustavo Petro, se encuentra inmerso en un escándalo de grandes dimensiones, acusado de haber entregado contratos a cambio de sexo.

En estos tres meses, la batalla cultural ha contribuido a quitarle el monopolio de la conversación pública a Gustavo Petro y a poner a la oposición a la defensiva.

Pero, al mismo tiempo, ha alienado a sectores que votaron por De la Espriella con la esperanza de que solucionara las graves crisis que dejó el gobierno anterior, pero no para que decidiera cuál es la historia “oficial”, borrando de ella los acuerdos de paz o las luchas feministas. Sobre todo, esta batalla cultural le ha pasado factura al gobierno con los menores de 25 años, entre quienes la impopularidad del presidente es notoria.

Así, mientras el proyecto tecnocrático busca ampliar la confianza en el gobierno más allá de su base electoral, el de la batalla cultural tiene como prioridad mantener cohesionados y movilizados a los sectores que lo llevaron al poder. Dos objetivos que pueden complementarse, pero también estorbarse.

El proyecto personalista: concentrar el poder y construir una fuerza propia

La tercera cara que ha mostrado este gobierno en sus primeros tres meses es la de un proyecto personalista de acumulación de poder del presidente y su círculo más cercano de socios y aliados políticos y empresariales.

Durante estos tres meses, Abelardo de la Espriella se ha convertido —como es usual en cualquier administración— en el protagonista de su gobierno. Pero no solo en su protagonista, sino prácticamente en el único actor con voz, después de que una directriz oficial estableció que los ministros no pueden dar declaraciones sin permiso previo de Casa de Nariño.

El presidente da declaraciones, participa en redadas contra los criminales, firma las bombas que van a soltar en las zonas de conflicto y da la última palabra antes de las demoliciones.

Después de cuatro años de la fallida paz total, una de las motivaciones centrales detrás de la elección de De la Espriella era recuperar la seguridad. El presidente parece haber entendido ese mandato y durante estos tres meses le ha dado un giro a la relación con los criminales.

“Ver al propio presidente en el terreno, liderando de primera mano las acciones, me parece excelente. No se trata únicamente de alcanzar cifras, sino de transformar la percepción real de seguridad en la ciudadanía”, dice la representante por Bogotá, Carol Borda, de Salvación Nacional.

De ser gestores de paz, intercambiar sombreros, transportarse con esquemas de protección en camionetas de la UNP y subir a la tarima con el presidente, los jefes criminales han sido trasladados a cárceles de máxima seguridad, esposados de manos y pies, insultados y humillados por el presidente, capturados o asesinados.

Cada una de estas acciones, que por ahora poca mella han hecho en la gobernanza criminal —según el balance de los cien días de la Fundación Ideas para la Paz—, han sido cuidadosamente grabadas y viralizadas en las redes sociales de Presidencia, en las de los influencers cercanos del gobierno y en los medios catalogados como “amigos”.

La estrategia de comunicación y propaganda, centrada en proyectar una imagen presidencial fuerte y cada vez más militarizada, también le permite tomar distancia de las decisiones menos populares de su administración, como la reforma tributaria, cuyo desgaste ha quedado en manos de su vicepresidente.

El presidente, además de liderar las operaciones militares y policiales, ha asumido el rol de auditor ante su propio gobierno: despide a funcionarios recién nombrados por él mismo (van 20 en 3 meses), critica y reversa medidas impopulares de sus ministros y despide generales por fallas en la política de seguridad. Todo públicamente a través de videos viralizados por sus aliados mediáticos.

Pero el proyecto personalista no se limita al control de la comunicación y las decisiones. También se expresa en la manera como De la Espriella ha distribuido los cargos de poder dentro del Estado.

De las 39 personas que La Silla identificó como las más poderosas en ocho sectores clave para el gobierno, 18 pertenecen al primer círculo personal o político del presidente. Varias están a cargo de entidades que mueven grandes presupuestos, tienen poder de vigilancia sobre intereses privados o pueden tocar intereses de antiguos clientes suyos.

Puso a su socio y amigo Joaco Gutiérrez a dirigir Ecopetrol sin siquiera pasar por un proceso de selección y evaluación de cazatalentos y sin experiencia en el sector de hidrocarburos o en la gerencia de grandes empresas. Y como presidente de la junta, a su otro socio y amigo Carlos Suárez, sin trayectoria en el sector petrolero ni en la gerencia de una empresa de esa dimensión, y que devengará más de 10 millones de pesos por sesión de junta.

Mientras Suárez tiene a sus fichas en el MinTic, donde se mueven grandes intereses económicos, y ahora también en el MinInterior con su excliente Alejandro Ordóñez, personas cercanas a Joaco han llegado a posiciones con abultados presupuestos.

Su hermano llegó a la vicepresidencia de Finagro. Su cuñado, Carlos Gónima, llegó al Viceministerio de Justicia, que estará a cargo de los contratos de las megacárceles. Su amigo Roberto Solano asumió la intervención de la Nueva EPS, aunque ya renunció. Y su familiar Jaime Vives Pinedo llegó a Coljuegos con un título exprés, para el que solo tomó una clase. Hoy, el presidente tumbó este nombramiento, luego de la denuncia de La Silla.

La concentración de estos nombramientos en el círculo personal del presidente contrasta con la manera como ha construido su relación con los partidos políticos. Ha mantenido un esquema de gobernabilidad que no pasa por las tradicionales transacciones clientelistas y burocráticas con los demás partidos en el Congreso.

“El discurso de que no hay representación política es absolutamente falso. Hay representaciones políticas, pero son de personas que son cercanas o del afecto del presidente”, dice Rafael Nieto, senador del Centro Democrático y uno de los más críticos del gobierno dentro de la bancada oficialista.

Y es que desde el arranque de su gobierno, De la Espriella ha tratado de forjar relaciones directas con los alcaldes y gobernadores para evitar la intermediación de los congresistas, e intentó ningunear a la bancada oficial más grande del Centro Democrático, bajo la tutela del expresidente Álvaro Uribe, con la intención de quedarse con el liderazgo de la derecha.

Un esfuerzo que por ahora no ha logrado prosperar, pero que tiene en la mira las elecciones regionales y locales de 2027, que Carlos Suárez ha identificado como la siguiente batalla que deben ganar los Defensores de la Patria.

Los tres proyectos, una sola última palabra

Superados los primeros cien días, la pregunta es hasta dónde podrá mantener el equilibrio entre estos tres proyectos cuando deba demostrar resultados.

A diferencia de presidentes anteriores que anclaron su gobernabilidad en el respaldo de una coalición partidista fuerte, como Juan Manuel Santos, o en el respaldo del movimiento social y la movilización en la calle, como Gustavo Petro, la gobernabilidad de De la Espriella depende en buena medida de una popularidad impulsada por su aparato comunicacional.

Y esa popularidad dependerá no solo de los videos producidos por Suárez y sus influencers, sino también de poder mostrar resultados tangibles en la reconstrucción del terremoto –cuyos avances los damnificados juzgan como muy insuficientes-  en la entrega de medicamentos y el salvamento de hospitales, en el impulso de la economía y en la reducción de la gobernanza criminal, entre otros.

Los políticos lo saben y harán su propia evaluación no a los cien días, sino a partir del próximo año, cuando decidan si les conviene pintarse de tigres para competir por el poder local y regional.