Paraguay — Miguel Mora mantuvo “absoluta inacción funcional” pese a alertas sobre Ueno Bank

Miguel Ángel Mora, exmiembro del Banco Central del Paraguay, desde agosto del 2024, habría mantenido una “absoluta inacción funcional”. Conocía las actuaciones sobre la respuesta al Senado y tenía bajo su coordinación comunicación y mercado. Aun así, no habría promovido la rectificación de lo informado al Senado ni medidas frente a las campañas de captación de Ueno Bank. Esto se desprende de la imputación del Ministerio Público.

Imputación: lesión de confianza (art. 192 inc. 1 y 2) y asociación criminal (art. 239 inc. 1), en concurso (art. 70).

Director del BCP desde agosto de 2024, con mandato hasta 2029, a cargo de estudios económicos, gerencia de mercado y comunicación institucional. La Fiscalía le atribuye:

Conocimiento de las alertas: habría intervenido en las sesiones del 19 de junio y del 30 de julio, y recibido el memorando del 29 de junio.

Sin medidas: no habría exigido el Plan de Regularización ni dispuesto la suspensión de operaciones activas y de captación de fondos.

Presidencia interina en septiembre: habría presidido el Directorio en la sesión que dictó la Resolución N.º 42. Con los antecedentes técnicos a la vista, habría limitado la decisión a abrir un sumario. No habría dejado sin efecto el encuadre del 16 de junio ni dictado medidas cautelares sobre las operaciones del banco.

Octubre: habría mantenido una “absoluta inacción funcional”. Conocía las actuaciones sobre la respuesta al Senado y tenía bajo su coordinación comunicación y mercado. Aun así, no habría promovido la rectificación de lo informado al Senado ni medidas frente a las campañas de captación de Ueno Bank.

El 9 de octubre: habría defendido el informe ante el Senado junto con González, Insfrán y Rodríguez.

El daño que la Fiscalía vincula a esas conductas

El acta atribuye a estas conductas que Ueno Bank siguiera operando y captando depósitos entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, con reintegros del 50 %. En esa fecha se declaró su resolución, con un índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo legal. Cada depósito garantizado captado habría incrementado el costo para el Fondo de Garantía de Depósitos. Al 30 de septiembre, los fondos públicos depositados ascendían a G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.