La intervención nacional del Puerto de Ushuaia comienza a mostrar una segunda cara: la multiplicación de contrataciones millonarias alrededor de una de las cajas públicas más importantes que genera Tierra del Fuego.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumió el control operativo, técnico y administrativo de la terminal en enero de 2026. Nación justificó la medida por problemas estructurales, deficiencias de seguridad y por el supuesto uso de recursos portuarios para finalidades ajenas al Puerto.
Precisamente por eso resulta relevante observar qué ocurrió después.
La Resolución 4/2026 facultó expresamente a la Administración General de Puertos —una sociedad estatal actualmente en liquidación— a colaborar con la intervención y participar incluso en “la administración de los fondos” vinculados con la operación y explotación del Puerto de Ushuaia.
Esos fondos no son abstractos.
Son los recursos que genera diariamente la terminal fueguina mediante la actividad de cruceros, carga, pesca y otros servicios portuarios.
Y el propio convenio de transferencia de 1992 establece que esos ingresos deben mantenerse separados de las rentas generales y utilizarse exclusivamente en administración, operación, capacitación e inversiones vinculadas con la actividad portuaria.
Casi $5.000 millones en procedimientos vinculados directamente al Puerto
Desde la intervención comenzaron a aparecer licitaciones que muestran la magnitud económica de la nueva administración.
En julio, AGP adjudicó a Nadir Soluciones Integrales SAS un relevamiento multimodal de infraestructura y regularización dominial del Puerto de Ushuaia por $80 millones más IVA. La firma fue la única oferente.
Luego apareció una contratación por $470,4 millones para seis meses de limpieza integral y mantenimiento edilicio, preadjudicada a Mercado de Soluciones S.A.
También se adjudicó el acondicionamiento de la cisterna de agua potable por $154,9 millones más IVA.
A eso se sumó una licitación con presupuesto oficial de $304,9 millones para el servicio de Higiene y Seguridad durante doce meses.
Y en octubre se convocó a otro procedimiento todavía mayor: $3.978 millones para contratar seguridad y vigilancia privada durante un año exclusivamente para el Puerto de Ushuaia. La apertura de ofertas estaba prevista para el 11 de noviembre y el procedimiento continuaba formalmente en trámite en la información pública disponible.
Tomados en conjunto, esos cinco procedimientos específicos representan cerca de $5.000 millones entre contratos adjudicados, preadjudicaciones y presupuestos oficiales.
No significa que todo ese dinero ya haya sido pagado ni que todas las licitaciones hayan concluido. Pero muestra la dimensión económica que adquirió la administración de la terminal durante la intervención.
Una empresa de $19 mil que terminó contratada por $2.630 millones
Uno de los casos que más interrogantes genera es el de Nadir Soluciones Integrales SAS.
La empresa fue constituida en junio de 2018. El Boletín Oficial registra que comenzó con un capital social de apenas $19.000, con Mariano Andrés De Lauretis como administrador titular. Ese dato corresponde a su constitución y no permite afirmar por sí solo cuál es hoy el patrimonio real de la compañía.
Lo que sí puede comprobarse es que durante 2026 obtuvo dos contrataciones portuarias de enorme diferencia respecto de aquel capital inicial.
Primero recibió los $80 millones más IVA para estudiar específicamente la infraestructura del Puerto de Ushuaia.
Tres meses después, ANPYN volvió a adjudicarle otro contrato, esta vez por $2.550 millones, para realizar un relevamiento integral, multimodal y georreferenciado de infraestructuras portuarias en todo el país.
En ambos procedimientos Nadir fue la única oferente.
En el contrato de Ushuaia ofertó $80 millones frente a un presupuesto oficial de $80,16 millones. En el contrato nacional ofertó $2.550 millones frente a un presupuesto de aproximadamente $2.573 millones.
Hay que hacer una distinción importante: los $2.550 millones corresponden a un relevamiento de alcance nacional y no pueden cargarse íntegramente como gasto del Puerto de Ushuaia. La propia Resolución 60/2026 establece que ese contrato se financia con partidas del Presupuesto Nacional de 2026 y 2027.
Pero el dato resulta igualmente relevante porque se trata de la misma empresa que previamente había sido seleccionada para realizar el relevamiento específico de la terminal fueguina.
La adjudicación nacional tampoco tuvo competencia: sólo se presentó Nadir. La comisión evaluadora consideró que cumplía los requisitos y que su precio era conveniente, y el dictamen no recibió impugnaciones.
Eso no demuestra una irregularidad. Sí justifica preguntar cómo se acreditó la capacidad técnica y financiera para ejecutar contratos de semejante magnitud y si existe superposición entre el relevamiento particular de Ushuaia y el posterior relevamiento nacional.
La Justicia tuvo que pedir que mostraran las cuentas
La discusión más importante, sin embargo, está en otro lugar.
Durante meses se reclamó conocer de manera completa cuánto dinero recauda el Puerto desde que fue intervenido, dónde se deposita, cuánto se gasta y a quiénes se les paga.
La falta de respuestas terminó judicializada.
El juez federal Federico Calvete ordenó el 30 de octubre a ANPYN y AGP entregar información sobre ingresos, egresos, contrataciones, cuentas bancarias, movimientos y transferencias de los recursos del Puerto de Ushuaia.
Pero los organismos nacionales apelaron.
El 5 de noviembre, Calvete concedió las apelaciones con efecto suspensivo. En términos concretos, la obligación de entregar esa información quedó paralizada mientras decide la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Paralelamente, el propio Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego inició otro planteo judicial reclamando acceso a los movimientos financieros de la terminal y denunciando dificultades para ejercer controles sobre recursos que considera pertenecientes a la Provincia.
Ese escenario resulta especialmente sensible porque fue precisamente la transparencia en el manejo de los recursos uno de los argumentos utilizados por Nación para justificar la intervención.
Hay obras, pero muchas de las principales todavía están en proceso
Tampoco sería correcto afirmar que durante estos meses no se hizo nada.
ANPYN informó que completó tareas de iluminación, demarcación, mantenimiento de sectores y mejoras para pasajeros. También adjudicó el recambio de 75 defensas del muelle, una obra que demanda más de US$2,5 millones financiados, según el organismo, con recursos generados por la propia operatoria portuaria.
Sin embargo, varias de las intervenciones estructurales que motivaron originalmente la llegada de Nación todavía se encuentran en ejecución o proyectadas.
A fines de octubre continuaban pendientes el recambio definitivo de las defensas —cuya llegada estaba prevista para diciembre y enero—, la renovación de las redes de agua, el sistema eléctrico y de incendio, las reparaciones estructurales y el proyecto del nuevo muelle de catamaranes.
Por eso el problema central no pasa simplemente por cuánto se gasta.
Pasa por poder seguir claramente el recorrido del dinero.
Cuánto genera el Puerto.
Cuánto se utiliza.
Cuánto se contrata.
Qué empresas reciben esos recursos.
Qué obras se terminan.
Y qué patrimonio concreto queda finalmente en Tierra del Fuego.
La paradoja de la intervención comienza a hacerse evidente: Nación desembarcó en Ushuaia cuestionando el uso de los recursos portuarios por parte de la Provincia, pero diez meses después todavía existe una disputa judicial para conocer con precisión cómo la propia intervención administra esos mismos fondos.
Con contratos que ya se cuentan por miles de millones de pesos y una nueva temporada récord de cruceros generando recursos, la exigencia de transparencia dejó de ser una discusión política.
Es una obligación elemental sobre una caja que se genera en Tierra del Fuego y que debería volver al Puerto de Ushuaia en obras, infraestructura y mejores servicios.
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