Proponen crear un protocolo de cuidado y protección en los boliches bailables

También contempla cámaras de seguridad y un período de 30 minutos para la desconcentración.

Un proyecto de ley presentado por el senador bonaerense de Fuerza Patria Fernando Coronel propone implementar un protocolo obligatorio de cuidado y protección de las personas en establecimientos y eventos bailables de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar asistencia inmediata ante situaciones que puedan comprometer la integridad de los concurrentes.

La iniciativa alcanza a todos los establecimientos comprendidos en la Ley 14.050, incluidos los eventos ocasionales y al aire libre, independientemente de su capacidad habilitada.

El protocolo deberá activarse ante agresiones, amenazas, situaciones de acoso, violencia sexual o por motivos de género, sospechas de adulteración de bebidas, intoxicaciones o episodios de desorientación.

Uno de los principales puntos de la propuesta es la creación de un espacio de cuidado dentro de cada local o predio, separado de la actividad bailable y destinado a brindar protección a quienes necesiten asistencia.

Estos sectores deberán contar con asientos, iluminación, ventilación, accesibilidad, agua potable gratuita, cargadores de teléfonos, conexión wifi y un dispositivo de alerta conectado al sistema público de respuesta que determine el Ministerio de Seguridad.

El texto establece que la asistencia será gratuita y no podrá condicionarse a la presentación de una denuncia, a la identificación del presunto agresor ni a la acreditación de un delito. Además, podrá ser solicitada tanto por la persona afectada como por terceros o iniciada directamente por el personal del establecimiento.

En cuanto a las responsabilidades, cada turno deberá contar con un responsable del protocolo y un sustituto, seleccionados entre el personal habilitado para el control de admisión y permanencia.

También se prevé capacitación en resolución no violenta de conflictos, primeros auxilios, reconocimiento de emergencias y asistencia ante situaciones de violencia sexual o por motivos de género.

La iniciativa dispone que, ante agresiones o amenazas concretas, se deberá dar aviso inmediato a los servicios públicos de emergencia policial y, cuando existan lesiones, alteraciones de conciencia o sospechas de intoxicación, solicitar asistencia médica urgente.

La persona asistida podrá permanecer acompañada por alguien de su elección y se deberán respetar su identidad, intimidad y decisiones.

Otro aspecto central del proyecto es la regulación de las condiciones de salida de los establecimientos. En ese sentido, prohíbe el encierro, la intimidación, la retención de documentos o pertenencias y cualquier impedimento ilegítimo para retirarse.

También establece que, ante enfrentamientos entre personas o grupos, no podrán disponerse expulsiones simultáneas cuando exista riesgo de nuevas agresiones, por lo que deberán organizarse egresos separados.

Asimismo, se incorpora un período de 30 minutos para la desconcentración una vez finalizada la actividad bailable. Durante ese lapso, los concurrentes podrán retirar sus pertenencias, utilizar los sanitarios, reencontrarse con sus acompañantes y organizar su salida. No estará permitido el ingreso de nuevas personas, la continuidad del baile ni la venta o suministro de alcohol.

En materia de seguridad y registro, el proyecto exige la instalación de cámaras con grabación continua en el espacio de cuidado, sus accesos y los recorridos desde la zona bailable.

Las imágenes deberán conservarse durante un mínimo de 90 días, mientras que aquellas vinculadas con una intervención del protocolo deberán preservarse por al menos 180 días. También se establece la obligación de registrar cada actuación en el libro de novedades.

La propuesta incorpora un régimen de sanciones para los titulares de establecimientos, organizadores y prestadores privados, con multas graduadas según la gravedad de los incumplimientos y la responsabilidad de cada interviniente.

Las infracciones de menor gravedad podrán recibir multas de entre cinco y veinte módulos, mientras que las faltas que comprometan las condiciones esenciales de protección podrán ser sancionadas con multas de veinte a doscientos módulos y clausuras de hasta 30 días.

El proyecto de ley también establece que cada módulo equivaldrá al 10% del Salario Mínimo, Vital y Móvil mensual correspondiente a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa, con el propósito de actualizar las multas y evitar que pierdan eficacia frente al paso del tiempo.

En los fundamentos, Coronel sostiene que la propuesta busca establecer condiciones concretas de cuidado en los espacios de entretenimiento nocturno y garantizar que cualquier persona que solicite ayuda pueda recibir una respuesta inmediata, sin que su protección dependa de una denuncia previa o de la intervención inicial de las fuerzas de seguridad.