Lapadula propone una alternativa para educación: $57 mil millones adicionales sin subir impuestos

El legislador provincial Matías Lapadula propuso una alternativa de financiamiento educativo que, según sus estimaciones, permitiría incorporar unos $57 mil millones adicionales para educación sin aumentar impuestos. El planteo consiste en asignar un destino específico a parte de los recursos por coparticipación que prevé el presupuesto nacional y que el Ejecutivo fueguino no incorporó a su cálculo de ingresos.

En declaraciones a FM del Pueblo, explicó que trabaja en una propuesta para incorporar un artículo a la ley de Presupuesto provincial. Su intención es que los ingresos que superen lo estimado por el Gobierno tengan destinos definidos por la Legislatura, con prioridad en educación, salud, deuda con los municipios, la caja policial y obras de gas domiciliario.

“Cuando yo asigno partidas, decido prioridades”, sostuvo Lapadula, quien insistió en que la discusión sobre los recursos educativos debe darse dentro del debate presupuestario.

Una alternativa sin nuevos impuestos

El legislador cuestionó que el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Ejecutivo contemple gravar la distribución de gas domiciliario. Advirtió que esa medida podría repercutir sobre las facturas de las familias, los comercios y la producción, en un escenario especialmente complejo para la actividad privada de Río Grande.

“En este contexto no era el camino”, afirmó sobre esa posibilidad.

También señaló que la recaudación adicional prevista por el proyecto oficial, de alrededor de $6 mil millones, resulta limitada frente a un presupuesto educativo que, según detalló, está proyectado en $538 mil millones.

Frente a ese escenario, propuso utilizar una parte de los ingresos adicionales que podrían llegar desde Nación. La incorporación de los $57 mil millones dependerá de que esos recursos efectivamente ingresen, de acuerdo con las previsiones que tomó como referencia.

Fondos exclusivos y control legislativo

Lapadula explicó que su propuesta contempla destinar un 30% de los recursos adicionales distribuibles a educación y otro 30% a salud, con cuentas específicas que permitan identificar su utilización.

Según sus cálculos, ese esquema podría representar unos $57 mil millones adicionales para cada área. En educación, mencionó como prioridades los salarios docentes y las necesidades de infraestructura escolar.

“Que no se pueda utilizar para otras cosas”, remarcó al explicar el objetivo de las cuentas separadas. Añadió que los fondos deberán contar con rendición de cuentas ante la Legislatura.

El legislador cuestionó, además, la decisión del Ministerio de Economía de no actualizar la estimación provincial de ingresos en función de lo previsto por Nación. Señaló que el argumento transmitido por el ministro fue la prudencia, pero consideró que dejar esos recursos sin una asignación presupuestaria amplía la discrecionalidad del Ejecutivo.

“No es una cuestión solamente de prudencia”, expresó. Advirtió que, si no se establece previamente su destino, el Gobierno podría disponer de esos ingresos adicionales y “gastarlos como quieran”.

Cambios al proyecto de financiamiento educativo

La propuesta también contempla trabajar sobre el proyecto educativo que ya tiene dictamen, pero que todavía no reunió los votos necesarios para su aprobación.

Lapadula planteó mantener la creación del fondo de financiamiento educativo, retirar los aumentos impositivos y establecer un piso de inversión del 7,8% del Producto Bruto Geográfico, en lugar de un esquema gradual para alcanzar ese porcentaje.

Su idea es que ese fondo reciba recursos mediante la ley de Presupuesto, a partir del mecanismo de asignación de ingresos adicionales que propone discutir con los demás bloques.

“Es una propuesta para trabajar con el resto de los bloques en la Legislatura”, aclaró, y dejó abierta la posibilidad de incorporar modificaciones.

Deuda municipal, caja policial y obras de gas

Además del refuerzo educativo y sanitario, Lapadula propuso destinar un 20% de los recursos excedentes a cancelar deuda con los municipios y un 4% a atender el déficit de la caja policial.

También planteó reservar una parte para ampliar las redes de gas domiciliario. Argumentó que esas obras permitirían mejorar las condiciones de las familias y reducir el gasto provincial en subsidios al gas licuado, que estimó en unos $60 mil millones anuales.

El legislador anticipó que llevará la iniciativa a la Comisión de Presupuesto, dentro de la discusión del proyecto provincial. Aclaró que su implementación requiere alcanzar los acuerdos necesarios para aprobar el Presupuesto del próximo año y evitar una nueva reconducción.