Con el período de sesiones ordinarias próximo a finalizar, el oficialismo busca acelerar las negociaciones parlamentarias para diciembre. El Presupuesto 2027 y la reforma electoral aparecen como las principales prioridades, mientras el PRO y otros bloques aliados condicionan su respaldo a cambios en las partidas destinadas a discapacidad, universidades y provincias.
El Gobierno nacional se encamina a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante diciembre para intentar avanzar con dos proyectos centrales de su agenda: el Presupuesto 2027 y la reforma política que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones del próximo año.
La convocatoria fue anticipada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien confirmó que el Ejecutivo recurrirá a ese mecanismo una vez que finalice el período ordinario, previsto hasta el 30 de noviembre. La intención de la Casa Rosada es aprovechar las últimas semanas del año para conseguir acuerdos y destrabar iniciativas que todavía encuentran resistencia entre sus propios aliados parlamentarios.
“Seguramente haya extraordinarias”, señaló Menem en declaraciones radiales. El oficialismo considera que el calendario legislativo obliga a acelerar las conversaciones, especialmente porque todavía existen diferencias sobre el contenido del proyecto presupuestario y los votos necesarios para modificar el régimen electoral.
Presupuesto 2027: las condiciones de los bloques aliados
La discusión presupuestaria concentra buena parte de las negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los espacios provinciales. Aunque los bloques dialoguistas mantienen disposición a discutir la iniciativa, reclaman modificaciones y garantías sobre distintas partidas que consideran fundamentales para sus distritos y sectores de representación.
Uno de los principales puntos de conflicto es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto oficial contempla una partida de 7,3 billones de pesos, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a unos 11 billones. También existen cuestionamientos por los fondos destinados a discapacidad, las obras públicas, el transporte del interior y las cajas previsionales provinciales.
Los legisladores aliados plantean, además, cambios en la distribución de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles, al considerar que una parte de la recaudación debería destinarse efectivamente al mantenimiento de las rutas nacionales y al financiamiento del transporte.
El PRO, por su parte, incorporó demandas específicas vinculadas con los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la reducción del IVA para los huevos y sus derivados y la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos sobre obras viales.
En ese escenario, el oficialismo intenta cerrar un entendimiento que permita conseguir dictamen durante noviembre y llevar el proyecto al recinto de Diputados el día 25. Si no logra completar el tratamiento dentro del período ordinario, la discusión continuará durante las extraordinarias y luego deberá pasar al Senado.
La suspensión de las PASO, otra pulseada política
La reforma electoral constituye el segundo eje de la agenda que busca impulsar el Gobierno. La iniciativa apunta a suspender nuevamente las PASO para 2027, una decisión que requiere reunir los respaldos necesarios en el Congreso y que abrió una negociación política con los gobernadores y los bloques que suelen acompañar al oficialismo.
Menem defendió la postura del Ejecutivo al considerar que el Estado no debería financiar las internas partidarias. También sostuvo que el Gobierno espera alcanzar un acuerdo para avanzar con la suspensión, aunque reconoció que todavía se trabaja para reunir los votos.
La negociación está concentrada principalmente en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y en los contactos con los mandatarios provinciales. En tanto, Patricia Bullrich, desde el Senado, señaló que no participa directamente de las conversaciones para conseguir los apoyos legislativos.
El PRO mantiene una posición todavía sin definir. Su presidente de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, sostuvo que el espacio debe conversar el tema con sus gobernadores antes de fijar una postura. Esa indefinición le otorga al partido que conduce Mauricio Macri un papel relevante en una negociación en la que el oficialismo necesita sumar voluntades.
La posibilidad de que la reforma sea discutida en comisión durante la próxima semana forma parte del cronograma que manejan los distintos sectores. El objetivo del Gobierno es conseguir avances antes de que termine noviembre y trasladar el debate al recinto del Senado.
La Ley de Discapacidad también espera una definición
En paralelo, el Senado tiene pendiente la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad, una iniciativa que incorporó aspectos centrales de la emergencia del sector y que permanece vinculada a la discusión presupuestaria.
Patricia Bullrich manifestó que el oficialismo está preparado para tratar el proyecto en la Cámara alta y destacó la necesidad de encontrar una respuesta legislativa a una problemática que lleva años de discusión.
Sin embargo, el respaldo de los aliados vuelve a estar condicionado por la asignación de recursos. Desde el PRO sostienen que existe un compromiso del Gobierno para garantizar las partidas correspondientes dentro del Presupuesto 2027 y advierten que esos fondos deben quedar expresamente contemplados.
La discusión expone una de las principales dificultades que enfrenta la Casa Rosada: conseguir respaldo parlamentario para sus iniciativas sin ceder en aspectos centrales de su programa económico y fiscal.
Con el 30 de noviembre como fecha de cierre de las sesiones ordinarias, el oficialismo ingresa en una etapa decisiva. La convocatoria a extraordinarias aparece como el instrumento para extender el debate legislativo durante diciembre, pero el resultado dependerá de la capacidad del Gobierno para acordar con sus aliados y responder a los reclamos que mantienen abiertos los principales bloques dialoguistas.
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