La investigación sobre el caso Ueno Bank en Paraguay sumó nuevos hallazgos y amplió su alcance financiero e institucional. Durante un allanamiento realizado el lunes 9 de noviembre, fiscales encontraron documentos destruidos en una casa de bolsa vinculada al grupo empresarial relacionado con la entidad bancaria. El material incluye fragmentos de informes de debida diligencia y correspondencia electrónica que ahora será sometida a análisis.
El Ministerio Público también informó que identificó aproximadamente 37 empresas y 35 personas bajo análisis fiscal. En la primera etapa del proceso, 27 personas fueron imputadas y se dispusieron embargos preventivos por más de 70 millones de dólares en bienes.
La investigación adquirió además una dimensión internacional. Paraguay solicitó cooperación a Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo para rastrear activos, identificar estructuras societarias y establecer el recorrido de los recursos financieros que podrían estar vinculados con las operaciones investigadas.
El escándalo ya tiene consecuencias políticas e institucionales. El expresidente Santiago Peña y el ex titular del Banco Central Carlos Carvallo aparecen entre las figuras relacionadas con las actuaciones fiscales. Ambos tienen propiedades o actuaciones bajo investigación, mientras la Fiscalía busca determinar si existieron decisiones que favorecieron al banco y a empresas vinculadas.
Encuentran documentos triturados en una empresa vinculada al grupo
Uno de los hallazgos más recientes se produjo el lunes 9 de noviembre, durante un allanamiento fiscal a una casa de bolsa relacionada con el grupo empresarial vinculado a Ueno Bank.
En el lugar, los investigadores encontraron documentos destruidos y fragmentos de papeles que podrían contener información relevante para reconstruir operaciones financieras y comunicaciones internas.
Entre el material recuperado figuran partes de informes de debida diligencia —conocidos como due diligence— y fragmentos de correspondencia electrónica.
La Fiscalía deberá establecer qué documentos fueron destruidos, a qué operaciones correspondían y si su contenido puede aportar información sobre el movimiento de recursos investigados.
El hallazgo adquiere importancia porque la investigación busca reconstruir las relaciones entre el banco, las empresas vinculadas y las personas que habrían participado en decisiones financieras.
Sin embargo, la existencia de documentos triturados no demuestra por sí sola que se haya cometido un delito de ocultamiento o destrucción de pruebas. Será necesario establecer quién los destruyó, cuándo ocurrió y cuál era su contenido.
Fiscalía identifica 37 empresas y 35 personas
La investigación también amplió el universo de personas y sociedades bajo análisis.
Según los datos comunicados por representantes del Ministerio Público, las pesquisas identificaron aproximadamente:
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37 empresas vinculadas a la investigación.
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35 personas bajo análisis fiscal.
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27 personas imputadas en la primera etapa del proceso.
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Más de 70 millones de dólares en bienes alcanzados por embargos preventivos.
Las cifras reflejan la dimensión que adquirió el caso y anticipan nuevas actuaciones judiciales. La Fiscalía anunció que podrían presentarse otras imputaciones y disponerse medidas adicionales para asegurar bienes.
Los embargos preventivos alcanzan propiedades de directivos y sociedades accionistas, entre ellas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.
Estas medidas tienen como objetivo evitar que los bienes puedan ser transferidos o dispuestos mientras avanzan las investigaciones. No equivalen a una condena ni establecen por sí mismas la responsabilidad penal de sus propietarios.
Uno de los desafíos de la Fiscalía será identificar a los beneficiarios finales de las empresas relacionadas con las operaciones financieras y determinar qué papel desempeñó cada persona o sociedad.
Paraguay solicita cooperación a Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo
El caso dejó de concentrarse únicamente en el territorio paraguayo. El Ministerio Público solicitó colaboración internacional para rastrear activos y obtener información sobre posibles movimientos financieros fuera del país.
Los requerimientos apuntan a tres jurisdicciones:
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Estados Unidos: cooperación judicial para rastrear activos y obtener información financiera.
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Argentina: identificación de posibles bienes y movimientos patrimoniales.
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Luxemburgo: investigación de estructuras societarias y activos financieros.
El objetivo es localizar recursos que pudieran estar relacionados con las operaciones investigadas y establecer si fueron transferidos o colocados en otras jurisdicciones.
La cooperación internacional también puede ayudar a identificar sociedades, titulares de activos y eventuales beneficiarios de operaciones financieras.
La Fiscalía sostiene que la recuperación patrimonial podría contribuir a devolver los depósitos a los ahorristas afectados por el caso Ueno Bank.
No obstante, todavía no se conoce cuánto dinero podría recuperarse ni qué proporción de los recursos investigados estaría disponible para una eventual restitución.
Allanamientos en propiedades vinculadas a Santiago Peña y Carlos Carvallo
Las actuaciones fiscales también alcanzaron propiedades relacionadas con dos figuras centrales del caso: el expresidente Santiago Peña y el ex titular del Banco Central Carlos Carvallo.
En una residencia vinculada a Peña, ubicada en San Bernardino, las autoridades realizaron un allanamiento e incautaron computadoras y documentos.
Durante el procedimiento encontraron además una bóveda de seguridad oculta detrás de una estructura que simulaba formar parte de una pared.
La Fiscalía todavía debía conseguir equipamiento técnico para abrirla y conocer su contenido. Por tanto, no se puede establecer qué información o bienes podría contener.
El hallazgo añade un nuevo interrogante a las pesquisas sobre el patrimonio y las operaciones relacionadas con el caso, pero el contenido de la bóveda permanece sin esclarecer.
En paralelo, el lunes 9 de noviembre se allanó la vivienda de Carlos Carvallo en Asunción. El exfuncionario se encuentra bajo prisión preventiva y es investigado por su actuación como antiguo presidente de Ueno y posteriormente como titular del Banco Central.
La Fiscalía busca determinar si durante su gestión se adoptaron decisiones regulatorias que favorecieron al banco o a empresas vinculadas.
La investigación deberá establecer qué decisiones tomó Carvallo, cuáles fueron sus atribuciones en cada etapa y si existieron actuaciones contrarias a las normas del sistema financiero.
La hipótesis central sobre los depósitos y los créditos
El núcleo de la investigación apunta a posibles irregularidades en la relación entre los depósitos recibidos por Ueno Bank y los créditos otorgados a empresas vinculadas con su propio grupo empresarial.
La Fiscalía analiza si la entidad recibió importantes depósitos de instituciones públicas y entidades previsionales mientras concentraba operaciones crediticias en sociedades relacionadas.
Entre los aspectos bajo investigación figuran:
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La posible concentración de créditos en empresas vinculadas.
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Eventuales conflictos de intereses.
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Debilidades en la documentación de operaciones crediticias.
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El registro de servicios informáticos como activos sin suficiente respaldo.
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Posibles irregularidades en la supervisión del sistema financiero.
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Decisiones sobre la colocación de fondos públicos en instrumentos financieros relacionados con el banco.
La investigación busca establecer quiénes participaron en esas operaciones, qué decisiones adoptaron y si existió un perjuicio económico.
Uno de los puntos más delicados es determinar si los recursos públicos y previsionales depositados en la entidad estuvieron expuestos a riesgos derivados de operaciones con empresas relacionadas.
También será necesario establecer si los mecanismos de control funcionaron correctamente y si las autoridades responsables de la supervisión financiera detectaron o debieron detectar posibles irregularidades.
Hasta que concluyan las investigaciones, estas hipótesis deben entenderse como líneas de trabajo de la Fiscalía y no como hechos probados.
La crisis provocó consecuencias políticas e institucionales
El caso Ueno Bank tuvo repercusiones que llegaron al máximo nivel político de Paraguay.
La cronología difundida sobre el escándalo señala que el 3 de noviembre el Banco Central inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank y presentó antecedentes ante la Fiscalía.
El 4 de noviembre se formalizaron las primeras imputaciones contra 27 personas.
El 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia. Según la cronología proporcionada, el Senado lo destituyó mediante un juicio político el 6 de noviembre.
Durante los días 7 y 8 continuaron las actuaciones judiciales y los allanamientos. En ese periodo se reportó el hallazgo de la bóveda oculta en una propiedad vinculada al exmandatario.
El 9 de noviembre se realizaron procedimientos en la casa de bolsa relacionada con el grupo empresarial y en la vivienda de Carlos Carvallo. En el primer operativo se recuperaron fragmentos de documentos destruidos.
Finalmente, el 10 de noviembre se conocieron detalles sobre la cooperación internacional y la identificación de 37 empresas y 35 personas bajo análisis.
La secuencia muestra cómo una investigación financiera terminó convirtiéndose en una crisis institucional y política, con actuaciones que alcanzan a antiguos responsables de organismos públicos.
Cinco preguntas que siguen abiertas en el caso Ueno Bank
Pese a los allanamientos, embargos e imputaciones, todavía existen interrogantes centrales que deberán responder las autoridades paraguayas.
1. ¿Qué contiene la bóveda encontrada en la propiedad vinculada a Peña?
La Fiscalía necesita abrirla con equipamiento técnico para conocer si guarda documentos, dinero u otros elementos de interés para la investigación.
2. ¿Dónde están los recursos vinculados con las operaciones investigadas?
La cooperación internacional busca identificar posibles activos y movimientos financieros fuera de Paraguay.
3. ¿Qué empresas recibieron créditos y quiénes son sus beneficiarios finales?
La identificación de las 37 empresas es un paso inicial. El siguiente consiste en establecer sus vínculos societarios y las personas que se beneficiaron de las operaciones.
4. ¿Qué responsabilidad tuvieron las instituciones públicas que depositaron dinero en Ueno?
La Fiscalía deberá determinar bajo qué condiciones se realizaron esas colocaciones y si existieron controles suficientes.
5. ¿Cuánto dinero podrá recuperarse para los ahorristas?
Los embargos preventivos superan los 70 millones de dólares, pero todavía no se conoce cuánto podrá recuperarse efectivamente ni qué relación guarda ese monto con las pérdidas que se busca esclarecer.
La investigación entra así en una etapa decisiva: reconstruir el recorrido del dinero, identificar a los beneficiarios de las operaciones y establecer responsabilidades individuales e institucionales. Los documentos recuperados, los activos localizados en el exterior y el análisis de las operaciones crediticias serán claves para determinar el alcance real del caso Ueno Bank.
https://asuntoscentrales.com/caso-ueno-bank-en-paraguay-revela-documentos-destruidos-y-una-red-de-37-empresas-investigadas/
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