El Hotel Casino Carmelo lleva aproximadamente seis años sin actividad hotelera. Durante ese período, el Estado mantuvo el inmueble bajo su órbita, adoptó medidas de seguridad, impulsó una licitación para venderlo y recibió una nueva iniciativa privada. Sin embargo, el edificio continúa sin recuperar su función original y permanecen interrogantes sobre las actuaciones administrativas realizadas desde su cierre.
La situación plantea una cuestión que trasciende el deterioro visible del establecimiento: ¿qué obligaciones tiene el Estado uruguayo cuando un inmueble de su propiedad deja de utilizarse y qué documentación permite comprobar que esas obligaciones fueron cumplidas?
Qué establece la legislación
El artículo 82 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) dispone que, cuando un inmueble estatal queda sin uso o destino específico, debe comunicarse inmediatamente al Ministerio de Economía y Finanzas, que lo tomará bajo su administración. Cuando la falta de uso es permanente o el inmueble deja de producir renta, también prevé una comunicación al Poder Legislativo o a la Junta Departamental correspondiente para determinar su destino.
Por otra parte, el artículo 70 de la Ley 19.924 y el Decreto 460/021 establecen obligaciones de registro y actualización de información sobre los inmuebles estatales, incluyendo su utilización y su condición de imprescindibles o prescindibles.
Estas disposiciones permiten al Estado conocer qué propiedades mantiene, cuáles resultan necesarias para sus cometidos y qué alternativas existen para aquellas que han perdido su función.
En el caso del Hotel Casino Carmelo, todavía resta comprobar documentalmente cómo se aplicaron esos procedimientos, qué organismos intervinieron y en qué fechas.
Una declaración de prescindibilidad y una venta que no se concretó
En una respuesta proporcionada a Carmelo Portal en julio de 2026, el Ministerio de Turismo informó que el Poder Ejecutivo declaró prescindible el inmueble mediante una resolución del 20 de febrero de 2024 y dispuso su enajenación.
Al día siguiente se autorizó un procedimiento de venta de los padrones 2682 y 2683, condicionado a la construcción y puesta en funcionamiento de un hotel de lujo, acompañado de una concesión para la explotación de un casino.
La licitación quedó desierta al no presentarse ofertas.
Estas actuaciones demuestran que existieron decisiones administrativas para buscar un nuevo destino al establecimiento. No obstante, todavía resulta necesario conocer los antecedentes de la declaración de prescindibilidad, las comunicaciones entre organismos y las decisiones posteriores al fracaso del llamado.
El Estado reconoció el abandono del sector hotelero
Un informe del Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Casinos, fechado el 21 de julio de 2025 e incorporado a una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento, señaló que las instalaciones del hotel se encontraban deshabitadas y en estado de abandono desde hacía aproximadamente cinco años.
El documento permite distinguir dos situaciones dentro del complejo. Mientras el sector hotelero permanece cerrado, una parte del inmueble continúa ocupada por la Sala de Esparcimiento Carmelo, dependiente de la Dirección General de Casinos.
Esta diferencia resulta importante para determinar qué organismo tiene a su cargo cada sector, cuáles son sus responsabilidades de mantenimiento y qué gastos corresponden a cada dependencia.
Medidas de seguridad y costos todavía incompletos
El Ministerio de Turismo también informó sobre distintas contrataciones destinadas a proteger el edificio.
Entre ellas figuran un servicio de vigilancia por 1.498.403 pesos en 2021, el tapiado de aberturas por 42.000 pesos en 2023, un cerramiento de piscina por 79.136 pesos ese mismo año y un nuevo cerramiento general por 612.576 pesos en 2026. A esas actuaciones se agrega un servicio de alarma y monitoreo con un costo mensual informado de 5.553 pesos.
Los importes de las cuatro contrataciones puntuales suman 2.232.115 pesos, sin incluir el monitoreo mensual ni otros posibles gastos.
La existencia de estas medidas acredita intervenciones estatales, pero no permite establecer si fueron suficientes para preservar el inmueble ni cuál ha sido el costo total de mantenerlo cerrado.
Para responder esas preguntas es necesario conocer los informes técnicos sobre su estado edilicio, las inspecciones realizadas, las recomendaciones de conservación y el detalle completo de las contrataciones y pagos desde 2020.
Una iniciativa privada bajo análisis
Otro punto pendiente corresponde al expediente 2025–9–1–0002213, iniciado el 26 de diciembre de 2025, relativo a una iniciativa privada presentada bajo el régimen de la Ley 17.555.
En julio de 2026, el Ministerio de Turismo comunicó que la propuesta continuaba bajo análisis.
El artículo 19 de esa ley establece, como regla general, un plazo máximo de 90 días para el examen administrativo de una iniciativa privada. Por ello, resulta relevante conocer cuándo fue presentada formalmente, qué actuaciones se realizaron, si existieron requerimientos adicionales y cuál es su situación actual.
La diferencia entre las fechas conocidas justifica solicitar esa información, pero no permite concluir por sí sola que se haya incumplido un plazo legal.
La documentación que falta conocer
La cuestión central no es determinar únicamente por qué el Hotel Casino Carmelo continúa cerrado, sino reconstruir las decisiones que el Estado adoptó sobre un bien de su propiedad.
Para ello resulta necesario acceder a las declaraciones efectuadas ante el Registro Único de Inmuebles del Estado, las comunicaciones previstas en el artículo 82 del TOCAF, los antecedentes de la declaración de prescindibilidad, los informes sobre el estado de conservación y las resoluciones vinculadas con las alternativas de venta o reutilización.
También corresponde conocer el costo acumulado de custodia y mantenimiento, así como las decisiones adoptadas sobre la iniciativa privada actualmente documentada.
La información disponible demuestra que el Estado realizó actuaciones para proteger el inmueble y procurar su enajenación. Lo que todavía no permite establecer es si esas intervenciones cumplieron integralmente las obligaciones administrativas aplicables y si resultaron suficientes para preservar su valor patrimonial.
A seis años del cierre del hotel, el interrogante deja de limitarse al futuro del establecimiento. También alcanza a la forma en que el Estado administra, conserva y rinde cuentas sobre los bienes públicos que permanecen sin cumplir la función para la que fueron destinados.
https://www.carmeloportal.com/128506-hotel-casino-carmelo-que-obligaciones-legales-tiene-el-estado-sobre-el-inmueble-y-cuales-falta-verificar
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