Alcaldes exigen cambios en los contratos de obras y una nueva distribución de recursos hasta 2030

Los gobiernos municipales de las nueve capitales departamentales y de El Alto dieron un ultimátum al Gobierno de Rodrigo Paz: esperan hasta este viernes 13 de noviembre la aprobación de un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos de obras públicas, afectados por el incremento de los costos de construcción y operación.

La advertencia es que varias obras se encuentran paralizadas, otras podrían terminar en la rescisión de contratos y algunas empresas constructoras se niegan a continuar trabajando porque los costos actuales superan los montos establecidos originalmente.

La demanda fue planteada durante una reunión de alcaldes realizada el lunes 9 de noviembre. En ese encuentro también se puso sobre la mesa una propuesta de redistribución de los ingresos públicos conocida como el 50/50, que busca aumentar gradualmente los recursos destinados a los gobiernos municipales.

El reclamo se produce en un contexto de presión sobre los presupuestos locales, especialmente después del retiro de la subvención a los combustibles y el incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 9 a Bs 18 por litro.

Alcaldes piden un decreto para evitar la paralización de obras

El pedido más urgente de los municipios es que el Gobierno apruebe una norma que permita revisar y actualizar los precios de los contratos de obras públicas.

Los alcaldes argumentan que los presupuestos acordados antes del incremento de los costos ya no reflejan las condiciones actuales del mercado. La diferencia entre los precios originales y los costos de ejecución estaría poniendo en riesgo la continuidad de proyectos municipales.

La situación afecta principalmente a la construcción de calles y avenidas, pavimentación, infraestructura urbana y trabajos que requieren maquinaria pesada.

También repercute en servicios municipales como la recolección de basura, el aseo urbano y el transporte, cuyas operaciones dependen del combustible.

La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, advirtió que algunas inversiones están paralizadas y otras se encuentran cerca de la resolución contractual. Esto significa que, si no se encuentra una salida, determinados proyectos podrían quedar inconclusos o perder sus contratos vigentes.

El plazo fijado por los gobiernos municipales vence el viernes 13 de noviembre. Hasta entonces, esperan una respuesta del Ejecutivo que permita establecer mecanismos para ajustar los precios sin comprometer todavía más los presupuestos locales.

¿Qué significa el 50/50 que exigen los alcaldes?

Además del decreto para actualizar los contratos, los municipios plantearon una modificación en la distribución de los ingresos públicos.

La propuesta del alcalde de La Paz, César Dockweiler, plantea avanzar gradualmente hasta 2030 hacia una distribución de los recursos bajo el esquema 50/50.

El planteamiento contempla que el 50% de los ingresos se destine al Gobierno central y el otro 50% se distribuya entre los gobiernos subnacionales y las universidades.

La propuesta establece los siguientes porcentajes:

• Gobierno central: 50%.

• Municipios: 36%.

• Gobernaciones: 6,7%.

• Universidades: 7,3%.

El objetivo es que los gobiernos municipales y departamentales dispongan de mayores recursos para atender sus competencias y ejecutar proyectos sin depender en la misma medida de las decisiones del nivel central.

Sin embargo, el 50/50 todavía no es una distribución aprobada ni vigente. Se trata de una propuesta que requiere negociación y consenso entre el Gobierno nacional, las alcaldías, las gobernaciones y las universidades.

La discusión también implica definir qué responsabilidades corresponden a cada nivel de administración y cómo se financiarán los servicios que actualmente dependen de los recursos municipales.

Las otras demandas que los municipios llevaron al Gobierno

La agenda presentada por los alcaldes no se limita a la actualización de los contratos ni a la redistribución de los ingresos públicos.

Los gobiernos municipales también plantearon demandas relacionadas con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los servicios de salud, la seguridad ciudadana y las obligaciones financieras.

Entre los principales pedidos figuran:

Devolución del 12% del IDH. Los municipios solicitan la devolución de recursos retenidos durante 2025 y la suspensión de nuevas retenciones para 2027.

Financiamiento del bono de discapacidad. Plantean que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el financiamiento de esta obligación, para evitar que continúe comprometiendo los presupuestos municipales.

Seguridad ciudadana. Piden revisar el 10% de los recursos municipales que actualmente se compromete para esta área.

Salud. Solicitan transferir al nivel central determinados contratos de personal y actualizar las tarifas del Sistema Único de Salud (SUS).

Deudas municipales. Proponen readecuar obligaciones financieras y compromisos con entidades estatales.

Coparticipación tributaria. Exigen participar en la elaboración de una nueva ley que establezca las reglas de distribución de los recursos.

Estas demandas muestran que los municipios buscan una revisión más amplia de la relación financiera con el Gobierno central y no solamente una solución temporal al incremento de los costos de construcción.

Mamén Saavedra respalda las autonomías, pero pide una negociación conjunta

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamén Saavedra, respaldó la necesidad de fortalecer las autonomías y garantizar que los gobiernos municipales cuenten con recursos suficientes para cumplir sus competencias.

Sin embargo, hizo una precisión sobre la propuesta 50/50: considera que no se puede establecer unilateralmente cuánto corresponde a cada nivel de Gobierno.

Saavedra planteó que la discusión debe incluir a alcaldías, gobernaciones y universidades, de manera que exista una negociación conjunta sobre la distribución de los ingresos públicos.

La frase con la que resumió su posición fue: “Porque como estamos, no podemos”.

El alcalde también sostuvo que el propósito de una nueva distribución debe ser garantizar que los recursos lleguen a la población mediante obras, servicios de salud, educación y atención de desastres.

Su posición coincide con el reclamo general de los municipios por una mayor capacidad financiera, aunque advierte que el cambio debe surgir de un acuerdo entre las instituciones involucradas.

¿Qué pasará si el Gobierno no cumple hasta el viernes?

El plazo del 13 de noviembre marca el primer momento de evaluación para los gobiernos municipales. Sin embargo, los alcaldes todavía no anunciaron una medida de presión concreta para el día siguiente si el Ejecutivo no aprueba el decreto solicitado.

La siguiente reunión está prevista para el lunes 16 de noviembre en La Paz, con participación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y otras organizaciones del ámbito municipal.

El encuentro buscará ampliar la posición conjunta e incorporar a municipios pequeños e intermedios, además de evaluar la respuesta del Gobierno nacional.

Los resultados de esa reunión podrían definir los siguientes pasos de los gobiernos locales en su demanda de mayores recursos y mecanismos para sostener las obras públicas.

Por ahora, el Ejecutivo tiene dos temas centrales sobre la mesa: responder al pedido urgente de actualización de contratos y abrir una negociación sobre la propuesta de redistribución de ingresos.

La preocupación de los alcaldes es que, sin una solución, el incremento de los costos termine afectando la continuidad de proyectos y servicios municipales. El debate sobre el 50/50, en cambio, plantea una discusión de mayor alcance sobre el financiamiento de las autonomías y la distribución de los recursos públicos hasta 2030.