
La Justicia de Paraguay ordenó la detención formal del expresidente Santiago Peña este sábado por la tarde, tras haber sido destituido mediante un juicio político vinculado al escándalo financiero de Ueno Bank. Actualmente, permanece alojado bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde cuenta con autorización para utilizar su teléfono celular y recibir visitas.
“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”, protestó el exmandatario cuando le notificaron que debía ser esposado para ingresar al despacho del juez en el Palacio de Justicia de Asunción. El término “ko” es un modismo local que fusiona el guaraní con el castellano para enfatizar una expresión.
La colocación de las esposas respondió estrictamente al protocolo de seguridad institucional para personas procesadas. Tras la resistencia inicial, los agentes convencieron a Peña de que sería un procedimiento breve, por lo que colocó sus brazos hacia atrás y fue trasladado esposado desde el subsuelo hasta el cuarto piso.
El recorrido finalizó en la oficina del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, donde se le quitaron las sujeciones. Durante el trayecto se prohibió la toma de fotografías o filmaciones de la prensa, quedando el registro exclusivamente bajo la órbita oficial del Poder Judicial.
El exgobernante había sido apartado de sus funciones el viernes 6 de noviembre con orden de permanecer en su vivienda de Mbocayaty, pero la presencia de manifestantes obligó a la Policía a trasladarlo al cuartel militar, donde pasó la noche acompañado por su esposa, Leticia Ocampos Villate.
Indagatoria y reclamos
Durante la mañana del sábado, el exfuncionario fue llevado a la sede de la Fiscalía General del Estado, instancia en la que optó por abstenerse de declarar. Ingresó a bordo de una camioneta por un sector reservado y sin esposas, lo que causó la indignación de los ahorristas estafados que protestaban en el lugar.
El exmandatario se encuentra imputado formalmente por lesión de confianza y administración en provecho propio. Por estos cargos, el equipo de fiscales integrado por Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez solicitó su encarcelamiento preventivo.
En su acusación, los investigadores advirtieron que Peña “cuenta con solvencia financiera autónoma suficiente para sustraerse de la justicia ordinaria”, destacando además que posee “logística, residencias y cuentas fuera de la jurisdicción nacional” junto con un “acceso inmediato a fondos líquidos no fiscalizados, aptos para financiar traslados o permanencia clandestina sin recurrir a cuentas locales bloqueadas”.
Asimismo, los fiscales remarcaron la gravedad de la imputación al sostener que los delitos contemplan penas de hasta 15 años de privación de libertad, un factor que “debilita el estímulo de sometimiento voluntario al proceso”.
Para su comparecencia judicial, el exmandatario se desplazó en su camioneta blindada Toyota Land Cruiser con custodia del teniente coronel Óscar Armando Sostoa Martínez y una fuerte caravana policial. Frente al magistrado y con la asistencia de su abogado Ricardo Alberto Preda Del Puerto, el acusado volvió a negarse a prestar declaración.
Alojamiento en el predio militar
Por disposición judicial, Peña cumple la medida cautelar en una suite habitualmente reservada para mandatarios en ejercicio dentro del regimiento militar. El comandante del predio, coronel José Dayub, confirmó que el régimen es de “libre comunicación”, lo cual le permite conservar su celular.
El titular de la unidad militar precisó que el predio no cuenta con celdas ni barrotes de una penitenciaría tradicional. “En realidad que nosotros lo que tenemos son dormitorios, no tenemos algún local con rejas ni cosas así. Un dormitorio con una puerta normal, con llave, eso administramos nosotros”, aseguró el coronel.
En relación a su manutención, Peña rechazó las raciones oficiales preparadas por las fuerzas militares y solicitó que sea su familia la encargada de suministrarle las viandas en los horarios de las 08:00, el mediodía y entre las 18 y las 19 horas. Finalmente, las autoridades consultarán con el juzgado si el procesado cuenta con autorización para realizar caminatas dentro de las instalaciones del cuartel.
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