
En el marco de la causa por presunto lavado de activos, los investigadores detectaron que Sur Finanzas llevó adelante un proceso sistemático para borrar documentación comprometedora. La firma, estrechamente vinculada a la AFA, está dirigida por el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio “Chiqui” Tapia y quien actualmente cumple prisión domiciliaria.
Mientras la Justicia sospecha que se ejecutó una maniobra deliberada para obstruir el acceso a los registros contables, allegados a Vallejo negaron de plano haber impartido directivas para destruir evidencia.
A medida que la pesquisa avanzaba, el nerviosismo dentro de las oficinas fue en aumento. En ese contexto, salieron a la luz diversos intercambios y conversaciones entre el personal señalado en la presunta estructura ilícita.
Maniobras de madrugada y apagón de cámaras
En uno de los registros del expediente figura Micaela Sánchez, apuntada como custodia de las cajas fuertes, quien impartió órdenes durante la madrugada previa a los procedimientos para retirar temprano las ganancias acumuladas.
Tras esa directiva, otra empleada con conocimientos de la normativa del Banco Central dispuso desconectar de inmediato los sistemas informáticos de los cajeros. Asimismo, Sánchez ordenó apagar todas las cámaras de seguridad del establecimiento.
En simultáneo, se desplegaron operativos presenciales en las sedes de Adrogué y Banfield, en la zona sur del conurbano bonaerense. En dichas sucursales se retiró el grueso del dinero en efectivo, dejando únicamente sumas menores para sostener una fachada de normalidad.
Flota oculta y barrido digital
El plan de encubrimiento culminó con el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la compañía, sumado a un barrido informático total antes del arribo de las fuerzas de seguridad.
Frente a los tribunales, las trabajadoras involucradas rechazaron las imputaciones y aseguraron que no tenían ninguna capacidad de decisión ni injerencia operativa en los manejos de la empresa.
La investigación sobre el Grupo Sur Finanzas apunta al comercio ilegal de divisas mediante una red de agencias de cambio no declaradas, maniobra tipificada como el delito precedente de las operaciones sospechadas.
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