Aumentarían personas en condición de calle

El país atraviesa un incremento poblacional de la situación de calle en el cantón central de San José, territorios litorales y centros urbanos.

Así lo destaca la reciente “Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, presentada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

La mayor preocupación de las autoridades es que esta situación está siendo impulsada por un mayor consumo de drogas en la población y una participación más temprana de las personas menores de edad.

Alrededor de 7.133 personas viven en situación de calle, de acuerdo con los datos proporcionados en 2025 por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que gran parte de esta población está afectada por el consumo de drogas.

“Las personas que están en la calle en Costa Rica, básicamente el 85%, o nueve de cada diez habitantes de calle, están en la calle por drogas; uno de cada diez es por otra cosa: que los echaron de casa, que no tienen adónde ir, temas sociales”, indicó en el pódcast “El Bien y el Mal”, de Grupo Extra.

Solano señaló que la situación podría empeorar si las autoridades no intervienen de manera adecuada en esta problemática.

Esto se debe a que existe una “zona gris” de personas que consumen drogas de forma ocasional y que podrían estar en riesgo de quedar en la calle.

“Solo voy a mencionar un dato frío: según el IAFA, en Costa Rica al menos 40 mil personas consumen cocaína. Pero no son habitantes de calle, son consumidores ocasionales, consumos recreativos, si se pudiera decir, o en inicios tempranos”, añadió.

Para el jerarca policial, el peor escenario podría ser que toda esa población consumidora ocasional pierda el control.

“Entonces, en un escenario podríamos pasar de los 7 mil, pero en el peor de los escenarios hoy hay un caldo de cultivo para que haya casi 50 mil personas en la calle con consumo activo de drogas”, señaló.

De acuerdo con la Política y Plan Nacional sobre Drogas, la población general y los jóvenes perciben una altísima facilidad para conseguir drogas en sus entornos cotidianos: un 66,5% para la marihuana, un 42,5% para la cocaína y un 35,2% para el crack.

Además, las economías criminales y el microtráfico explotan las brechas de desigualdad, ofreciendo a los jóvenes de zonas vulnerables una falsa vía de movilidad social, identidad grupal, poder simbólico y dinero rápido (“andar bien vestido” o “tener plata”), lo cual se entrelaza con factores de exclusión educativa y desempleo.

Uno de los datos reveladores al respecto, según la publicación más reciente, es que este inicio temprano aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar dependencia severa y sufrir daños cognitivos a largo plazo.

Mayor cantidad de atenciones

Las atenciones realizadas por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) pasaron de 80.700 en 2020 a 108.700 en 2024.

En cuanto al número de personas atendidas, el comportamiento es similar: los menores de edad representaron el 10% del total en 2020, pero en 2024 alcanzaron un 23%.

Por otra parte, existe una tasa de abandono en los centros de rehabilitación: el 63% de las personas abandona el proceso durante los primeros 30 días.

El perfil típico de quien abandona o reincide corresponde a hombres jóvenes (edad media de 32 años), con baja escolaridad, desempleados, con alta exposición al policonsumo y, en una proporción importante (29%), en situación de calle.

La sustancia principal asociada a estos abandonos es el crack (38,9%), debido a la severidad de su dependencia.

El informe del ICD detalla que el consumo problemático severo (principalmente de crack y alcohol adulterado o combinado) empuja a cientos de personas hacia la exclusión total, la pérdida de redes de apoyo, las redes de delincuencia menor y el deterioro físico irreversible.

Este sector poblacional forma parte del perfil crítico que experimenta mayores dificultades para mantenerse en los procesos de rehabilitación.

Al acceder a los servicios de apoyo o a centros de atención, estas personas suelen arrastrar condiciones de extrema precariedad que dificultan su “adherencia terapéutica” a mediano plazo.

El documento reconoce que la red de atención tradicional y los dispositivos residenciales habituales no siempre logran captar o retener a esta población.

Otra problemática es que muchas de las personas en situación de calle son utilizadas por el crimen organizado, en especial en la capital.

Entre las actividades de estos grupos delictivos se incluyen: “la coacción de poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle, para introducir contrabando en las cárceles”.

“Realmente, la perspectiva de abordaje debería ser de salud pública, no de seguridad ciudadana”, afirmó Solano.

Análisis del ICD

• Esta población presenta una elevada exposición al consumo problemático, a la violencia, a condiciones de salud mental severas y a la ausencia de redes de apoyo, lo que dificulta la prevención y la atención.
• Los servicios tradicionales son poco accesibles para ellos debido a requisitos formales o desplazamiento geográfico.
• La situación de supervivencia cotidiana favorece vínculos con el microtráfico, el intercambio de sustancias y la explotación por parte de terceros.
• Dentro de las estadísticas de abandono del tratamiento en organizaciones de atención, se señala que un 29% de las personas atendidas se encontraban en situación de calle.
• Perfil y sustancias asociadas: Se destaca que esta población experimenta un grave deterioro psicosocial, ligado frecuentemente al policonsumo y, de forma muy particular, al consumo problemático de crack.
• Al evaluar el perfil de las personas privadas de libertad, los estudios citados en el documento indican que un porcentaje minoritario pero crítico (alrededor del 8,9% en hombres y 6,1% en mujeres) vivía en situación de calle antes de su ingreso en el sistema penitenciario.