Putumayo: homicidios aumentan y gobierno arranca sin estrategia clara

2025 fue uno de los años con menos homicidios en los últimos tiempos en Putumayo, pero la reducción fue un espejismo: 2026 registra un aumento del 70%. La violencia ha pasado desapercibida porque, a diferencia de otras regiones, como el Cauca o el Catatumbo, no ha sido con bombas, masacres o grandes enfrentamientos. Es a cuentagotas y en los últimos meses ha cobrado la vida de dos líderes sociales. 

Además de los homicidios, en Putumayo persiste otra violencia más difícil de detectar: comunidades sitiadas por los grupos armados. Entre enero y septiembre, fue el tercer departamento con más personas confinadas, después de Chocó y Cauca. Con el cambio de gobierno y el fin de los diálogos de paz con los Comandos de la Frontera, la violencia parece retomar los niveles de años anteriores. Mientras tanto, aún no es clara la estrategia de Abelardo de la Espriella para frenarla. Por ahora, su interés en la región son los cultivos de uso ilícito.

Nancy Espinel murió en medio de la disputa en el río Caquetá

La Silla conversó con un líder de derechos humanos que está al tanto de la situación del departamento, pidió la reserva de su nombre por miedo a represalias de los grupos armados. Conocía a Nancy Espinel por su labor como lideresa campesina en Puerto Guzmán, en la inspección de Mayoyoque, a cuatro horas de la cabecera municipal por el río Caquetá. 

“Participó en muchas ocasiones en espacios regionales de temas de la mujer. Buscaba que el Sena fuera a los territorios, a su vereda. Siempre pensaba en el desarrollo de Mayoyoque y fue una de las fundadoras de la organización de mujeres de la zona”, cuenta el líder. 

En los últimos años se había alejado de las labores comunitarias por cuestiones de salud y por la misma razón se fue de la vereda. Volvió hace cuatro meses para retomar su vida con su pareja.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, desde muy temprano en la mañana. Hombres fuertemente armados, al parecer integrantes de los Comandos de la Frontera, incursionaron simultáneamente en los caseríos de Mayoyoque y Gallinazo. Hicieron disparos al aire y obligaron a los habitantes a congregarse en el coliseo. Desde ese momento, el líder le contó a La Silla Vacía que advirtieron a las autoridades sobre lo que estaba pasando.

“Desde la mañana fue informada la institucionalidad, pero no hicieron nada para salvarle la vida a Nancy”, cuenta el líder. “A partir de las 10 de la mañana sobrevolaban helicópteros y se instaló un consejo de seguridad. Ellos iban viendo desde el aire y nos confirmaron lo que estábamos denunciando, pero no pasó nada”, agrega. 

Los criminales sacaron a Espinel de su vivienda, la esposaron y la llevaron al coliseo, donde la tuvieron amarrada frente al resto de sus vecinos, mientras la insultaban y la amenazaban. “Lo que cuenta la gente es que la humillaron, la trataron muy mal. La pasearon por todo el caserío”, cuenta. 

Al mediodía, Espinel fue liberada, pero a la 1 de la tarde fue retenida otra vez y trasladada hasta las afueras del caserío, donde fue asesinada. A las 4 de la tarde fue hallado su cuerpo y sobre las 5 de la tarde llegó el Ejército a la vereda, 11 horas después de las primeras alertas, según el relato que conoció La Silla Vacía. A la fecha de publicación de esta historia, la Sexta División del Ejército, a cargo de esa zona, no había respondido las preguntas de La Silla.

En los últimos años, esa parte del Putumayo ha estado envuelta en el conflicto entre los Comandos de la Frontera y el Frente Raúl Reyes de las disidencias de alias “Calarcá”. La disputa ha generado confinamientos en 23 veredas. Como suele suceder en zonas de disputa, las comunidades tienen que lidiar con órdenes y acusaciones de los grupos armados enfrentados, que posteriormente los acusan de colaborar con sus enemigos. 

“A uno como líder nadie le dice nada, ni lo amenazan. Ya cuando uno se da cuenta es porque lo mataron”, dice otro líder del municipio de Puerto Guzmán. “Ser presidente de una junta lleva riesgo. Cualquier persona que no está de acuerdo con uno empieza rumores y les pone quejas a los grupos armados”, agrega. 

Gabriel Pacheco murió defendiendo los alimentos y oponiéndose a la minería ilegal 

Fue defensor de derechos humanos, líder comunal y ambientalista en el municipio de Villagarzón, en el medio Putumayo. Tenía más de 70. En las últimas elecciones comunales fue elegido como presidente de la junta de la vereda Naranjito, a 15 minutos del casco urbano. 

“En su casa tenía un pedacito de tierra con muchos cultivos diferentes: una hilera de piña, una hilera de plátano, una de yuca, una de bore. Él intentaba inculcarle a la gente que había que sembrar comida y no depender de las cosas empacadas”, cuenta la fuente. “Era una persona solitaria. También era muy alegre y participaba mucho en reuniones comunitarias y eventos del campesinado”. 

Los Comandos de la Frontera habían convocado reuniones obligatorias donde Pacheco mostró su inconformidad y se opuso a sus exigencias. Desde la Asociación de Juntas, estaba promoviendo proteger a las comunidades de la minería ilegal en los ríos del municipio.

“A Gabriel lo conocían como un opositor a las órdenes que ellos daban. La orden era que se debía incrementar la minería y solo se les puede vender a ellos, a los precios que ellos digan”, cuenta el líder. 

Pacheco tenía una pequeña tienda en la vía principal que lleva a Villagarzón, al frente de una plataforma petrolera. El 24 de septiembre le contó a su hija que dos personas estaban tomando cerveza en su tienda, algo inusual por ser un día entre semana. Al parecer, hubo un corte de electricidad en el municipio y los desconocidos aprovecharon la oscuridad para matar a Pacheco. Su cuerpo fue encontrado con las manos atadas y con signos de tortura. 

“Si tus hijos se mueren de hambre es porque otro le roba el pan y con el hambre que aguantan amasan su capital. Tan solo quieren tu sangre pa’ volverla capital”, se escucha cantar a Gabriel Pacheco en una reunión que quedó registrada en video. 

Mientras el gobierno piensa en cultivos, los homicidios se disparan en Putumayo

De acuerdo con cifras del MinDefensa, con corte a septiembre de 2026, en Putumayo han matado a 114 personas. El año pasado fueron 66 las víctimas en ese mismo periodo, lo que representa un aumento del 73%. Es la mayor variación porcentual por departamento en ese período, después de Caquetá, con 58%, y Guaviare con 52%, también en la Amazonía. En el consolidado nacional, las cifras se mantuvieron estables. 

En nueve meses de 2026, el departamento superó los 82 casos que se presentaron en todo el año pasado, que fue atípico. Las cifras actuales se parecen a las de los años 2022 (158 casos), 2023 (166 casos) y 2024 (133 casos). Con base en los datos del Dane y cálculos de La Silla Vacía, Putumayo ocupa el puesto 11 en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 32,9 homicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos 12 meses. El promedio nacional es de 26,2.

Fue en los últimos meses cuando se disparó el homicidio. Entre julio y septiembre de 2026 hubo 56 víctimas, más o menos la mitad del total. El aumento coincide con el cambio de gobierno, que trajo consigo el desmonte de la mesa de diálogos entre el gobierno y los Comandos de la Frontera, el grupo con mayor presencia en ese departamento. 

El aumento se concentra en Puerto Asís, que pasó de 13 víctimas entre enero y septiembre en 2025 a casi el triple en el mismo periodo este año. Puerto Guzmán también muestra un aumento drástico, al pasar de cuatro casos a 18 en 2026. 

Tras su llegada, Abelardo de la Espriella ordenó desmontar la Zona de Ubicación Temporal, donde había 99 excombatientes de ese grupo en proceso de reintegración, y extraditó a su cabecilla principal: Geovany Andrés Rojas, alias Araña. También fue capturado Héctor Bastidas, alias “Bonito”, otro líder de esa organización.

“El cambio de gobernanza de los Comandos de la Frontera consistía en dejar de matar a la gente y ponerla a hacer placa huellas. Eso tenía raíces en la mesa”, dice Kyle Jhonson, director de la fundación Conflict Responses en relación con el cambio de dinámica en Putumayo. “Lo otro podría ser temas internos de Comandos por la extradición de “Araña” y la captura de “Bonito”, agrega.

Pese al aumento de la violencia, en los últimos meses Putumayo ha sido noticia nacional por otra razón: los cultivos de coca. El gobierno se comprometió a acabarlos a como dé lugar, comenzando por un plan piloto de aspersión aérea. Los jueces frenaron, temporalmente, el piloto por no cumplir con las condiciones sociales y científicas, pero se está avanzando con erradicación manual. Esta semana se anunció la llegada de 400 militares para erradicar 3 mil hectáreas, una medida que podría desestabilizar aún más la región, al generar cambios en los precios y la comercialización de la coca. 

En contraste, aún no hay anuncios para abordar el aumento de los homicidios y las amenazas contra líderes sociales. Por ahora, lo que se conoce es un borrador de un estatuto antiterrorista que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo. Según Andrés Hernández, investigador en temas de paz y seguridad, establece una definición de “colaborador de organización terrorista” bajo la cual muchas personas que no cargan un fusil y no hacen parte del grupo podrían terminar siendo incluidas en lo que la fuerza pública define como Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT). 

El gobierno también logró la aprobación de una nueva Ley de Sometimiento, que busca darles garantías a las organizaciones criminales para someterse a la justicia, pero sin negociación ni reconocimiento político. La presentaron como la contracara de la paz total del gobierno Petro y uno de los puntos centrales es la reducción de penas de hasta el 30% para los cabecillas que se sometan y de hasta el 50% para integrantes de base.

La Silla Vacía consultó al Ministerio de Defensa sobre el aumento de homicidios en Putumayo y sus medidas para hacerle frente, pero hasta el momento de la publicación del artículo no obtuvo respuesta. La responsabilidad del aumento de la violencia se la reparten, además de los grupos armados, tanto el gobierno de Petro como el de De la Espriella. 

“Del lado de Petro, la arquitectura de la paz total, con 12 mesas de diálogo, hizo insostenible manejar el volumen y las dinámicas con las que se negociaba con cada grupo. Eso hizo que no se tuvieran los avances esperados con la Coordinadora Ejército Bolivariano (de la que hacían parte los Comandos de la Frontera)”, dice Francisco Daza, investigador de la Fundación Pares. El proceso, según él, quedó a mitad de camino.

“La responsabilidad de De la Espriella está en que no quiso darle impulso a los avances territoriales de procesos localizados, como el de la misma Coordinadora. Borrar de tajo lo avanzado y reiniciar la forma como el gobierno comprende a los grupos es un retroceso”, agrega. 

El aumento de homicidios no se siente como una crisis entre los habitantes del Putumayo porque muchas veces lo asocian con la mal llamada “limpieza social”, pero los líderes en zonas rurales sí sienten mayor presión. “La situación está dura para los líderes. Uno se abstiene de hablar porque, si uno sale del casco urbano, ya lo tienen referenciado. Si uno tiene hijos, los amenazan. Uno de los míos ya está en la lista”, cuenta otra lideresa de Puerto Guzmán.