La seguridad como espectáculo mediático debilita al Estado y la justicia 

Columna escrita por Juan Guillermo Sepúlveda, columnista invitado.

El ejercicio de la jefatura de Estado exige la transición profunda de representar una causa a encarnar la institucionalidad entera de una nación. Sin embargo, cuando la mentalidad del litigio más agresivo coloniza el palacio presidencial, la política de seguridad ciudadana corre el riesgo de degradarse. Hoy presenciamos un fenómeno preocupante: una concepción de la seguridad que no se traduce en estrategias integrales de control territorial, sino en puestas en escena judiciales basadas en el castigo ejemplarizante, el sometimiento y la humillación del adversario. Es la Presidencia ejercida ya no desde la alta magistratura del Estado, sino desde los estrados de una escuela penal puramente retributiva.

El estrado presidencial: acabar con el otro

Históricamente, la escuela del derecho penal retributivo ha entendido la justicia como la imposición de un mal proporcional al mal causado; un ojo por ojo institucionalizado. El problema surge cuando esa lógica de trinchera y estrado se traslada a la gestión de la seguridad pública. Desde el Ejecutivo se actúa bajo la premisa de que gobernar es litigar, y que litigar consiste en aniquilar retóricamente al oponente.

En lugar de diseñar políticas públicas criminales con enfoque preventivo, técnico y de inteligencia, la seguridad se reduce a un espectáculo de victorias procesales de cara a la galera. La Presidencia se transforma en un tribunal permanente donde el objetivo último no es desarticular las finanzas de las bandas criminales o recuperar el orden público en las regiones, sino lograr la capitulación moral y pública del “otro”.

De las esposas a la “paloterapia”

Este modelo de seguridad performativa se apoya en formas profundamente hostiles. La sobreexposición mediática de capturados en flagrancia o sindicados, el uso del lenguaje despectivo e increpante por parte de las máximas autoridades hacia personas que ya se encuentran esposadas y bajo custodia del Estado, no es un síntoma de fortaleza, sino de canibalismo institucional.

Este comportamiento presidencial envía un mensaje devastador que permea la estructura del Estado. Al validar la humillación, se aúpa implícitamente a policías, fiscales, jueces e incluso a funcionarios públicos locales a replicar estas conductas, tal como se observa en la alarmante dinámica institucional y de orden público actual en Medellín. 

Cuando el propio gobernante lincha con la palabra, legitima que la ciudadanía radicalice sus respuestas frente a la delincuencia común, sirviendo de caldo de cultivo para fenómenos como la “paloterapia” y la justicia por mano propia. Si el Estado renuncia a su superioridad ética, el ciudadano se siente autorizado a linchar en la calle.

La selectividad del enemigo

La justicia retributiva que hoy se pregona desde el poder político adolece, además, de una flagrante selectividad. Ese ensañamiento discursivo y procesal contra el capturado parece activarse de manera casi exclusiva cuando los imputados coinciden con los enemigos políticos de quienes hoy gobiernan.

Quienes antes ejercían la profesión forense en los pasillos de los juzgados parecen no haber abandonado sus antiguas animadversiones ni sus lealtades de bufete. La severidad inflexible de la ley y el despliegue del escarnio público se reservan para el adversario ideológico o el eslabón más débil de la cadena criminal. Mientras tanto, otras formas de criminalidad igualmente lesivas reciben un tratamiento diferenciado, matizado o silencioso. La sospecha de una justicia instrumentalizada para saldar cuentas del pasado debilita severamente la legitimidad de las instituciones y convierte la política de seguridad en una simple extensión de la vendetta electoral.

El espejo del bufete: la hora de la verdad institucional

Toda retórica maximalista encuentra tarde o temprano su propia contradicción en el espejo de la realidad. El verdadero test de coherencia para este “abogado / presidente” llegará el día en que la acción de la justicia alcance a los antiguos clientes de su bufete o a su entorno histórico de negocios privados.

¿Cuál será el rasero entonces? Resta por ver si ante una eventual captura de aquellos a quienes defendió en los tribunales cuando era un abogado en ejercicio, el mandatario mantendrá la misma puesta en escena que hoy aplica a sus detractores. ¿Se usarán contra ellos las mismas esposas ante las cámaras de televisión? ¿Se les rapará la cabeza y se les increpará públicamente bajo la misma lógica implacable del castigo y la humillación?

El turno de las altas cortes, el freno al populismo presidencial

Al día de hoy, el debate está completamente abierto en la opinión pública. Prestigiosos penalistas, medios de comunicación de alcance nacional y columnistas de todas las orillas ideológicas ventilan a diario sus posturas, dividiéndose con vehemencia entre quienes defienden la efectividad de la mano dura mediática y quienes la rechazan como un retroceso institucional. En medio de esta polarización, el gran ausente sigue siendo la voz rectora de las altas cortes de justicia.

Ante este panorama, el país aguarda con urgencia un pronunciamiento contundente de la máxima magistratura. El sistema judicial se encuentra bajo una presión sin precedentes, pues a los despachos de los jueces están llegando detenidos que ya han sido expuestos, señalados y virtualmente ‘condenados’ en el tribunal mediático del abogado/presidente antes de que se inicie el debido proceso. Corresponde a las altas cortes trazar una línea roja clara frente a esta interferencia del Ejecutivo en la presunción de inocencia y las garantías constitucionales. Si los tribunales supremos no reafirman la independencia judicial frente a la espectacularización del castigo, el derecho penal formal terminará claudicando ante el populismo vindicativo.

Contravía dogmática: la humanización frente a la venganza

Todas estas manías castigadoras y de tinte vengativo chocan de frente con la evolución del derecho penal contemporáneo. Al obsesionarse con la retribución ciega, el discurso presidencial va en contravía de la Justicia Restaurativa, un paradigma diseñado no para destruir, sino para sanar el tejido social roto por el delito. Como bien lo ha enseñado el célebre tratadista alemán Claus Roxin, la superación del simple castigo e incluso los fines de la reparación en el sistema penal son los que verdaderamente producen paz social, estabilizando las normas mediante la cohesión y no mediante el terror.

Incluso la propia Fiscalía General de la Nación ha sido enfática en que la justicia restaurativa es la vía idónea para humanizar la justicia retributiva, aquella que solo se concentra en el dolor de la pena (Unidad Nacional de Justicia Restaurativa Resolución 0–0211 del 17 de julio de 2025). Reemplazar la pedagogía de la restauración por el espectáculo de la degradación pública es un retroceso histórico. 

La verdadera grandeza de la justicia radica en la ecuanimidad y el rigor de sus formas; cuando estas se reemplazan por la venganza avalada desde el poder, lo que queda no es orden, sino un peligroso despotismo judicial.

Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como generador de confianza en América Latina. Criminólogo por la Universidad de Barcelona (España) y Magíster en Prevención y Seguridad por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)