El Ministerio Público formuló imputación contra el presidente de la República, Santiago Peña, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la causa penal N.º 92/2026, relacionada con las operaciones financieras de Ueno Bank y la colocación de fondos públicos en la entidad bancaria.
La imputación fue presentada este 7 de noviembre por los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez. Peña es señalado como presunto instigador de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio.
Según el acta fiscal, entre agosto de 2023 y noviembre de 2026, durante su gestión presidencial, Peña habría intervenido en el proceso mediante el cual distintas instituciones públicas y previsionales colocaron, renovaron y mantuvieron importantes sumas de dinero en Ueno Bank S.A., entidad con la que habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa.
Entre las instituciones mencionadas figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la ANDE, la Caja de Jubilaciones de la ANDE, la Caja Bancaria y CAJUBI.
De acuerdo con cifras preliminares de la Dirección General del Tesoro Público, al cierre de septiembre de 2026, los fondos de organismos y entidades del Estado depositados en Ueno Bank habrían alcanzado G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
El Ministerio Público también señala que, al 31 de agosto de 2025, Ueno Bank concentraba el 24,5 % de los saldos estatales en dólares, ubicándose en el primer lugar, y el 18,7 % de los depósitos públicos en guaraníes, ocupando el segundo puesto.
La investigación también menciona presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria y divergencias detectadas por la Superintendencia de Bancos en los reportes de excesos a límites individuales de concentración crediticia.
La causa se inició a partir de denuncias presentadas el 5 de noviembre por legisladores de distintos sectores políticos.
La imputación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, presidente del Banco Central del Paraguay, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
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