Sala IV admite amparo contra Rodrigo Chaves y Laura Fernández

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a un recurso de amparo presentado contra el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta de la República y jerarca del Poder Ejecutivo, Laura Fernández Delgado, por la supuesta omisión de girar y recortar por vía administrativa fondos presupuestarios asignados al Poder Judicial, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público para el periodo 2026.

No obstante, en su resolución de traslado, el tribunal constitucional solicitó rendir informe expresamente al ministro de Hacienda y de la Presidencia y a la presidenta de la Asamblea Legislativa

La acción legal fue interpuesta por el abogado Ricardo Rechnitzer Bell en defensa de intereses difusos y de la seguridad ciudadana, vinculando directamente la retención presupuestaria con el debilitamiento operativo de los cuerpos policiales.

El gestionante destacó como detonante crítico el operativo antidrogas ejecutado el pasado 24 de julio de 2026 en Río Frío de Sarapiquí contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, donde cinco agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) resultaron heridos.

Según los argumentos planteados en el expediente N.° 26–037482–0007-CO, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el Ejercicio Económico 2026 (Ley N.° 10836), la cual contemplaba recursos destinados a la creación de plazas, apertura de subdelegaciones regionales en zonas estratégicas como La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como la adquisición de equipo indispensable.

Sin embargo, el reclamo señala que el Ministerio de Hacienda dejó de girar sumas importantes, incluyendo un ajuste de 3.053 millones comunicado en julio de 2026, y acumuló recortes por aproximadamente 16.273 millones de colones sin contar con una ley de presupuesto extraordinario aprobada por el Congreso.

Ante este panorama, el alto tribunal constitucional ordenó a las autoridades recurridas rendir un informe detallado sobre los hechos en un plazo improrrogable de tres días hábiles.

La Sala advirtió que el informe se considera brindado bajo juramento y recordó que la omisión injustificada de rendirlo dentro del plazo legal provocará que se tengan por ciertos los hechos alegados y se declare con lugar el recurso, conforme a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.