Militarizar no es una estrategia de seguridad

En seis semanas, el presidente ordenó militarizar Santa Marta (22 de septiembre) y Cúcuta (29 de octubre), y anunció “control militar” en el corredor de Usme y Sumapaz, en Bogotá (28 de octubre). Ante tanto anuncio, vale la pena preguntar qué significa militarizar: ¿Es enviar un pelotón de fuerzas especiales urbanas por una semana? ¿Es que las Fuerzas Militares asuman funciones de la Policía, o que la acompañen? ¿Cuántos soldados, por cuánto tiempo y para lograr qué? 

La pregunta importa porque cada ciudad tiene un problema distinto. Santa Marta vivió un paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Cúcuta, el asesinato del exsecretario de gobierno Miguel Castellanos y un atentado con explosivos. En Bogotá, el gobierno habla de extorsión y de la expansión del ELN y el Tren de Aragua hacia Usme y Sumapaz, pero parece apelar más al fantasma de los noventa —cuando las Farc se propusieron “cercar a Bogotá” desde ese mismo corredor— que a un escenario actual que demande presencia militar.

Si algo comparten las tres ciudades no es una amenaza que se resuelva con tropas, sino la extorsión. Entre enero y agosto de este año, en Bogotá se denunciaron más de seis extorsiones al día; en Cúcuta, casi una diaria; en Santa Marta, una cada tres días. Y eso es apenas lo que se denuncia. En Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras cobran un “paquete de seguridad” a comerciantes, lancheros y vendedores informales. En Cúcuta, el ELN, el Tren de Aragua, el Frente 33 de las disidencias y varias bandas locales se disputan las trochas, el contrabando y esas mismas rentas.

Los homicidios, que no son el mejor indicador de los repertorios criminales, cuentan aquí una historia engañosa. Entre enero y agosto bajaron en las tres ciudades frente al mismo periodo de 2025: 34% en Santa Marta, 13% en Cúcuta y 7% en Bogotá. Pero menos muertes no siempre significan más seguridad: también pueden indicar que un grupo armado consolidó su control y ya no necesita matar para imponerse. En Cúcuta, además, las masacres pasaron de una a cinco. Y en Bogotá, el delito que más crece no ocurre en las calles sino en las casas: las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron 29%, después de haber sido ya el delito de mayor crecimiento en 2025.

Tres ciudades con diagnósticos distintos reciben la misma palabra como respuesta. Y, hasta ahora, sin reglas conocidas. 

Esa palabra, además, no existe en la ley. Lo que existe es la asistencia militar: la participación de las Fuerzas Militares en actividades de policía. El artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) la define como un instrumento que el presidente puede activar “de forma temporal y excepcional” ante hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia. 

La Corte Constitucional (C-100 de 2022) precisó que se trata de un apoyo a la Policía: quienes la prestan quedan sujetos a sus mismos principios y deberes, y las Fuerzas Militares “en ningún caso, pueden usar su capacidad bélica en contra de la ciudadanía”. Un soldado que patrulla una calle de Cúcuta no se rige por el derecho internacional humanitario, sino por los derechos humanos y los procedimientos de policía.

Temporal quiere decir que tiene un final. Excepcional quiere decir que tiene una causa. Ambas cosas deberían constar por escrito. En 2021, durante el paro nacional, el gobierno Duque activó la asistencia militar mediante el Decreto 575. El Consejo de Estado lo suspendió en primera instancia y lo revivió en segunda, pero precisamente porque existía un acto escrito, los jueces y la ciudadanía pudieron controlarlo. 

Hoy no se conoce ningún decreto ni resolución que active la asistencia militar en Santa Marta, Cúcuta o Bogotá. Si no existe, la presencia de militares en tareas de policía carecería de soporte jurídico, y los primeros expuestos serían los propios soldados, que actuarían sin certeza sobre las reglas que los rigen.

Aun si ese decreto existiera, quedaría la pregunta de fondo: ¿funciona? Varios estudios en América Latina han encontrado que el patrullaje militar tiene efectos débiles o nulos sobre el crimen, y que puede escalar la violencia y aumentar las violaciones de derechos humanos. 

Colombia tiene su propia prueba. El Cesed de la Universidad de los Andes evaluó el Plan Fortaleza, que en 2019 desplegó patrullas nocturnas de la Policía Militar y de Fuerzas Especiales en las comunas 18 y 20 de Cali. La conclusión fue consistente: el crimen no se redujo mientras duraron los patrullajes y aumentó en las semanas siguientes. Los residentes no se sintieron más seguros; solo mejoró, levemente, la percepción de los comerciantes. Y las encuestas registraron más abusos contra civiles, sobre todo por parte de policías.

Queda, por último, lo que el anuncio dice sin decirlo. La asistencia militar presupone que la Policía fue superada: pedir soldados equivale, palabras más, palabras menos, a reconocer que la Policía no pudo cumplir su misión. ¿Estamos en ese escenario? Si lo estamos, la discusión debería ser por qué, y cómo fortalecer a la Policía, la investigación criminal y la Fiscalía, no cómo sustituirlas por un tiempo indefinido.

Los problemas de estas ciudades no se resuelven con fusiles. La violencia intrafamiliar exige la Patrulla Púrpura, comisarías de familia con capacidad y rutas de atención que funcionen. La extorsión exige inteligencia, investigación criminal y control de las cárceles, de donde sale buena parte de las llamadas extorsivas. Ninguna de esas tareas la puede hacer un soldado. En Cúcuta, el aumento de las masacres pide una Policía más fuerte y un sistema judicial capaz de convertir capturas en condenas.

El sábado, el Concejo de Bogotá realizará un cabildo abierto sobre la militarización de la ciudad. No es vinculante y, a menos de un año de las elecciones locales, parece más un acto de campaña que un debate sobre seguridad. Aun así, puede servir si quienes intervienen empiezan a discutir más sobre evidencia y menos sobre emociones.

Alexandra González Zapata

Columnista de la Red de la Paz de La Silla Vacía. Subdirectora de Centro de Investigación en Seguridad e Innovación Pública y consultora en seguridad, defensa, derechos humanos y justicia transicional, con experiencia en análisis de política pública, crimen organizado, capacidades estatales y articulación institucional. Fue secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa Nacional.