Proponen financiar la minería estratégica sin generar deuda pública

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto de ley que impulsa la creación de un régimen federal de financiamiento estructurado para el desarrollo de minerales estratégicos, orientado a movilizar capital privado hacia proyectos de exploración y desarrollo minero en la Argentina. La propuesta abarca minerales como litio, cobre, tierras raras, níquel, cobalto, manganeso y grafito.

El eje central de la iniciativa es la creación de un fideicomiso financiero nacional para el desarrollo minero estratégico, administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que permitirá estructurar y negociar derechos económicos derivados de los flujos futuros de proyectos mineros. Según el texto, estos mecanismos no implican la transferencia de recursos naturales, concesiones mineras ni participación accionaria en las empresas involucradas.

El proyecto prevé la emisión de Valores Fiduciarios de Desarrollo (VFD), instrumentos financieros que podrán ser adquiridos por inversores nacionales e internacionales y que estarán respaldados por contratos vinculados a la producción futura de los emprendimientos. La iniciativa establece límites al porcentaje de ingresos futuros que podrán comprometerse, según el grado de avance de cada proyecto.

Además, se propone la creación de una Ventanilla Única de Inversión para Minerales Estratégicos con el objetivo de agilizar trámites, centralizar información técnica y coordinar autorizaciones nacionales y provinciales. El esquema incluye un sistema de facilitación regulatoria con plazos máximos para resolver solicitudes vinculadas a los proyectos adheridos al régimen.

Entre los beneficios contemplados figuran exenciones tributarias para determinados instrumentos financieros, estabilidad fiscal nacional durante la vigencia de los contratos y deducciones impositivas para reinversiones destinadas a exploración, infraestructura minera o desarrollo tecnológico. El texto también establece restricciones para evitar que los recursos obtenidos sean destinados a gasto corriente o refinanciación de deuda.

La propuesta incorpora mecanismos de control y transparencia, como la creación de un panel técnico independiente, una comisión bicameral de seguimiento y la obligación de publicar contratos, prospectos e informes de gestión. Asimismo, mantiene la exigencia de cumplir con la normativa ambiental vigente y prevé fondos para desarrollo comunitario y participación de proveedores locales en los proyectos financiados.