Paraguay — Esto es lo que se sabe del escándalo Ueno Bank, la crisis que tumbó al presidente paraguayo Santiago Peña

El colapso del Ueno Bank ha precipitado una crisis financiera y política en Paraguay, que fulminó el mandato del presidente Santiago Peña.

La intervención del Banco Central por la insolvencia de uno de los principales bancos digitales del país sudamericano ha causado que cerca de 3 millones de personas se queden sin acceso a sus ahorros; que los directivos de la entidad hayan sido detenidos en el marco de una investigación por presunto abuso de confianza y otros delitos; y que el Congreso paraguayo iniciara un proceso para abrir un juicio político contra Peña, señalado por sus antiguos vínculos con la institución caída en desgracia.

Mientras parlamentarios también han presentado una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra Peña, el mandatario conservador decidió presentar su renuncia.

¿Qué ocurrió con el Ueno Bank?

A última hora del lunes 2 de noviembre, el directorio del Banco Central de Paraguay votó por unanimidad someter al Ueno Bank a un proceso de resolución como respuesta por la insolvencia financiera de la entidad crediticia. Esta intervención supuso la delegación de la gestión a funcionarios encargados de evaluar sus finanzas y proteger sus activos.

Vista de la sede de Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, después de que el Banco Central del país tomara el control de la institución debido a su insolvencia financiera, el 3 de noviembre de 2026.

La medida se tomó después de que el ratio de solvencia de Ueno –una métrica que compara el capital de la entidad con sus activos ponderados por riesgo– cayera por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.

El proceso de resolución, una figura contemplada en las normativas bancarias, permite a los reguladores transferir los depósitos de un banco en crisis a otras instituciones antes de proceder a la liquidación de sus activos restantes.

La consecuencia inmediata de esto ha sido que casi 3 millones de clientes –el equivalente al 60% de la población adulta de Paraguay– se han visto imposibilitados de acceder a sus ahorros.

El que era hasta ahora uno de los principales bancos digitales del país sudamericano gestiona además entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos unos 380 millones correspondientes al fondo estatal de pensiones y salud.

¿Cuál era el vínculo entre Ueno y Peña?

La crisis financiera devino rápidamente en política por los vínculos entre Ueno y el presidente Peña, que motivó las acusaciones por “mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo” y “conflicto de intereses” en el proyecto de juicio político impulsado por la Cámara de Diputados paraguaya.

Las sospechas sobre Peña sobrevolaron desde su asunción en agosto de 2023. El mandatario conservador se mantuvo como socio comercial del Grupo Vázquez, el conglomerado propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025, cuando vendió sus acciones, según recogieron medios locales.

En repetidas ocasiones, el jefe de Estado minimizó las preocupaciones sobre las finanzas de la entidad, acusando a los medios de comunicación de sembrar el miedo y señalando que las irregularidades deben ser abordadas en los tribunales. En paralelo, organismos gubernamentales y fondos estatales inyectaron capital en la entidad financiera, al punto que, en octubre, ya representaban aproximadamente una cuarta parte de sus depósitos.

También estaba bajo la lupa el rol de Carlos Carvallo Spalding, quien se desempeñó como presidente de la financiera Ueno antes de ser designado por Peña al frente del Banco Central de Paraguay en septiembre de 2023, cargo que ostentó hasta el pasado martes, cuando renunció a raíz de la crisis. Su nombramiento fue criticado por un posible conflicto de intereses, aunque el organismo regulador ha asegurado que Carvallo no se involucró en las decisiones ligadas a Ueno.

Asimismo, el propio Banco Central había advertido en junio pasado que Ueno estaba concediendo demasiados préstamos a empresas vinculadas a sus propietarios. Este tipo de operaciones están sujetos a límites estrictos para evitar que los dueños canalicen los ahorros de sus clientes hacia sus propios negocios.

Para el economista paraguayo Luis Rojas, “hubo un trato preferencial que despertó muchas sospechas”. “Existía una gran flexibilidad en las normas financieras y bancarias, lo que permitió a esta institución expandirse con gran rapidez”, indicó a la agencia AP.

¿Cuál fue la reacción de los ahorristas?

Ante la imposibilidad de acceder a sus cuentas a través de la aplicación del banco, los clientes de Ueno se han movilizado desde el martes frente a sucursales cerradas del banco en todo el país, así como en las adyacencias del Panteón Nacional de los Héroes, un habitual punto de movilización popular en Asunción, la capital paraguaya.

Las sedes de la entidad financiera se han visto fuertemente resguardadas por la policía que, en algunos casos, reprimió a los manifestantes.

“Al parecer, estos agentes están protegiendo a los malhechores que provocaron este colapso financiero”, denunció Víctor González, un depositante que acudió a una de las protestas frente a una de las instalaciones de Ueno.

Para intentar dar respuesta al reclamo de los ahorristas, el miércoles, Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a los clientes del Ueno Bank.

Según el escrito, cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121.7 millones de guaraníes (casi 20.000 dólares), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.

Además, el Banco Central informó que los clientes recibirían, en un plazo no especificado, hasta 10 millones de guaraníes (unos mil 700 dólares). Según estimaciones preliminares, hasta el 97% de los depositantes de Ueno podrían verse cubiertos por un fondo del Banco Central de hasta 228.3 millones de guaraníes (alrededor de 38 mil dólares) y, por ley, los montos deben abonarse en un plazo de 15 días a partir de la intervención, período prorrogable solo una vez. Los saldos más grandes son los que enfrentan una mayor incertidumbre.

Por su parte, el fondo estatal de pensiones aseguró que el pago de las jubilaciones seguiría su curso y que los cerca de 32 mil jubilados que perciben sus haberes a través de Ueno serían trasladados a otra entidad bancaria.

Por otra parte, trabajadores de empresas tercerizadas que prestaban servicios para Ueno se movilizaron este 5 de noviembre a la sede del Ministerio de Trabajo para denunciar una situación de abandono ante el colapso del banco, que se tradujo en la suspensión de sus contratos. La ministra Mónica Recalde prometió una serie de acciones, incluidas inspecciones de oficio en las empresas y la posibilidad de rechazar las suspensiones temporales y exigir el pago de las liquidaciones si las firmas no presentan balances y estados financieros.

¿Qué consecuencias judiciales ha motivado el colapso de Ueno?

El Ministerio Público Fiscal paraguayo ordenó el martes pasado la detención de diez ejecutivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente Juan Manuel Gustale y el director ejecutivo Federico Miguel Vázquez Villasanti, en el marco de la investigación abierta tras la intervención del banco.

Además, la fiscalía y la policía realizaron un allanamiento en la vivienda de Vázquez y se llevaron documentos para analizar, además de dejar siete vehículos, algunos de alta gama, bajo guarda fiscal, según reportó el medio local ABC.

Este jueves 5 de noviembre, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dictó la prisión preventiva para Vázquez, Gustale y otros seis ejecutivos, mientras que otras dos directivas fueron puestas en arresto domiciliario.

En total, la justicia paraguaya ha procesado hasta ahora a 27 personas en la causa abierta por supuesta lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situación de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

En paralelo, un grupo de parlamentarios también denunció a Santiago Peña ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y la fiscal adjunta Nancy Salomón informó que evaluaría la acusación “a fin de determinar las actuaciones que correspondan en el ámbito de sus competencias”.

Acuciado por el inicio del proceso de juicio político en su contra –avalado incluso por los diputados del oficialismo–, Santiago Peña presentó este jueves su renuncia a la presidencia de Paraguay, la cual debe ser aceptada por el Congreso paraguayo.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró en un video difundido en su perfil de la red social X.

En su mensaje, el mandatario conservador se disculpó con los ciudadanos “si en algún momento he fallado” y vaticinó que la historia “se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir”.

“Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos ahorros, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su cometido y que se protejan los fondos públicos, así como los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, subrayó Peña en su discurso.

Serán los congresistas quienes decidan si aceptan la renuncia de Peña y si continúan o no con el juicio político en su contra. Algunos legisladores opositores han reclamado avanzar con la destitución por vía legislativa porque alegan que, si la dimisión es avalada, el presidente contaría con fueros como senador vitalicio, lo que podría protegerle de un potencial proceso en la justicia ordinaria.

La senadora opositora Esperanza Martínez también declaró a los medios locales que debería emitirse una orden judicial para negar la salida del país de Peña y que “no pase lo de (Flávio) Bolsonaro”, el excandidato presidencial de Brasil que se radicó en Estados Unidos en medio de varias causas abiertas en su contra.

De forma más amplia, el escándalo ha golpeado la incipiente imagen de Paraguay como un país atractivo para la inversión extranjera, mediante impuestos bajos, una regulación laxa y un historial de estabilidad económica.

El colapso de Ueno ha reavivado las históricas preocupaciones sobre la debilidad de las instituciones en un país que ocupó el puesto 150 de 182 países y territorios en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.

En una nota a sus clientes, JPMorgan afirmó que los riesgos para el sistema financiero en general dependerían de “la rapidez y la transparencia” de la respuesta de las autoridades.

Con información de Proceso.