Senado aprueba en primera lectura proyecto ley de salud mental mientras urge rescatar la red pública

SANTO DOMINGO.– Mientras miles de pacientes y sus familias enfrentan dificultades para acceder a servicios de atención psicológica y psiquiátrica, el Senado de la República aprobó ayer en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica sobre Salud Mental, una iniciativa que busca actualizar el marco legal y fortalecer la protección integral de las personas con trastornos mentales en República Dominicana.

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La propuesta, presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, junto a los senadores Aracelis Villanueva Figueroa, Rafael Barón Duluc y Eduard Alexis Espiritusanto, procura modificar la Ley núm. 12–06, vigente desde 2006, para garantizar el derecho a la protección integral de la salud mental y mejorar los servicios destinados a quienes requieren atención.

La decisión legislativa se produce en medio de los desafíos que enfrenta la red pública de salud mental, documentados en una serie de reportajes publicados por El Día, que expusieron las dificultades de acceso a especialistas, la falta de acompañamiento comunitario y la carga económica y emocional que recae sobre las familias.

Uno de los principales problemas identificados es que muchos hogares terminan asumiendo prácticamente solos el cuidado de sus parientes con trastornos mentales, especialmente cuando no cuentan con recursos para garantizar la continuidad de los tratamientos. En algunos casos, cuando las familias no pueden sostener esa responsabilidad, las personas quedan expuestas al abandono y terminan viviendo en las calles.

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La investigación periodística también puso de relieve la necesidad de fortalecer los servicios comunitarios, ampliar la disponibilidad de profesionales especializados y garantizar una atención que no se limite a responder cuando los pacientes atraviesan episodios de crisis, sino que permita dar seguimiento y acompañamiento de manera permanente.

A estos desafíos se suma la limitada inversión pública en el sector. Los datos recogidos en los reportajes de El Día señalan que el gasto público en salud mental representaba apenas el 0.73 % del presupuesto nacional de salud en 2017, mientras que el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026–2030 plantea elevar esa proporción hasta el 5 %.

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En ese contexto, la modificación de la Ley 12–06 representa una oportunidad para establecer mayores garantías de atención, protección de derechos y acceso a servicios, especialmente para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la aprobación en primera discusión constituye apenas una etapa del proceso legislativo.

El principal reto será que la reforma se traduzca en más centros y servicios de atención, disponibilidad de medicamentos, especialistas, financiamiento y programas de acompañamiento para las familias. De lo contrario, los cambios legales podrían quedarse en el papel mientras pacientes y cuidadores continúan enfrentando las mismas dificultades para recibir atención digna y oportuna.