Sancionan la ley que establece “la permanencia” de “beneficios fiscales” para el sudoeste bonaerense

El proyecto de ley sancionado busca convertir “en permanentes” las exenciones impositivas para una importante región del sur de la provincia, eliminando el “sistema de prórrogas periódicas” de las leyes 12.322 y 12.323.

Un nuevo escenario regulatorio y fiscal se consolida de forma definitiva para los productores y comerciantes del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, en forma de compensación tras el revés que significa para la zona la redefinición sobre “zonas frías” sobre lo que avanzó el Congreso de la Nación.

El propio presidente Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, fue quien ingresó el expediente D-2221/25–26, y la iniciativa legislativa apunta a “otorgar estabilidad jurídica y previsibilidad económica” a una de las regiones “con mayores adversidades climáticas” del territorio provincial.

El núcleo del proyecto de ley radica en la modificación de las leyes provinciales 12.322, que establece el Área Patagónica Bonaerense y 12.323, donde se refiere a la Zona Austral Desfavorable.

La reforma plantea un cambio de paradigma total: reemplazar el concepto de beneficio promocional sujeto a “plazos discretos” del Poder Ejecutivo por el de “beneficios permanentes”.

Así, a través de la normativa se eliminarán las prórrogas sistemáticas que se vienen sucediendo de manera coyuntural desde el año 2000.

La letra del proyecto de ley redefine al impacto fiscal en los partidos de Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y en cuarteles específicos del distrito de Saavedra.

Para el partido de Patagones, se establece la exención total permanente en el Impuesto Inmobiliario urbano y rural, Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos.

En tanto, para la Zona Austral Desfavorable clasificada como Zona A, se consolida una exención del 50% en estos mismos tributos.

Por su parte, la Zona B fija el 100% de exención permanente en Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos, sumando además el Impuesto a los Automotores para medios de transporte.

Para las actividades agropecuarias e industriales que se desarrollen dentro de la zona regable de CORFO Río Colorado, los beneficios se limitarán de forma perenne al 50% de los importes correspondientes.

Los fundamentos del proyecto adjuntan un informe técnico basado en datos de la Dirección Nacional de Emergencia y Riesgo Agropecuario que justifica la medida. El documento demuestra que la vulnerabilidad de la región no es una situación de emergencia transitoria, sino un rasgo estructural debido a sus suelos semiáridos.

Entre los años 1999 y 2025, los partidos alcanzados acumularon una alarmante frecuencia de crisis climáticas; específicamente, Patagones, Villarino y Tornquist sumaron 12 declaraciones de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía, mientras que Saavedra y Puan registraron 11 decretos en el mismo período.

Este registro implica que la región promedió prácticamente un evento de crisis anual, golpeando la rentabilidad de las explotaciones agrarias y restando competitividad a la industria y los servicios locales asociados.

La propuesta legislativa argumenta que “la equidad tributaria exige un tratamiento diferenciado” para compensar “los rendimientos marginales y la fragilidad del suelo” del sudoeste bonaerense.

Al quitarle al Poder Ejecutivo la potestad de arbitrar la duración de estas franquicias mediante la derogación de los artículos regulatorios originales, el Poder Legislativo busca dotar al sector privado de una herramienta clave para la planificación financiera a largo plazo, según se estima en los fundamentos de la norma.