La crisis de Ueno Bank abrió un nuevo frente político en Paraguay y colocó al presidente Santiago Peña ante un posible juicio político. La Cámara de Diputados comenzó a debatir este jueves 5 de noviembre la iniciativa presentada por legisladores opositores contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana, tras la intervención de la entidad financiera por problemas de solvencia.
El caso tiene repercusiones económicas y políticas. Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, atendía a cerca de tres millones de clientes y administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, según reportes citados por Reuters. La decisión del Banco Central dejó a numerosos usuarios sin acceso a sus cuentas y generó preocupación por los recursos de instituciones estatales depositados en la entidad.
El cuestionamiento político se concentra en los antiguos vínculos empresariales de Peña con el Grupo Vázquez, propietario del banco. El presidente fue accionista del grupo hasta marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia de Paraguay. La oposición sostiene que esa relación plantea posibles conflictos de intereses y exige explicaciones sobre la supervisión financiera y el manejo de fondos públicos.
¿Por qué intervino el Banco Central a Ueno Bank?
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.
La institución explicó que la insuficiencia se detectó después de ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización. La medida busca atender la situación de la entidad, preservar sus activos y proteger a los depositantes mediante los mecanismos establecidos por la legislación paraguaya.
El BCP sostuvo que se trata de un caso particular y que la situación de Ueno Bank no representa una crisis generalizada del sistema financiero del país.
Sin embargo, el impacto es considerable por la cantidad de clientes y la exposición de recursos públicos. Entre los fondos depositados se encuentran recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que administra aportes y prestaciones vinculadas a trabajadores y jubilados.
La situación también generó reclamos de usuarios que no pudieron disponer de sus ahorros durante el inicio del procedimiento. El proceso de resolución deberá establecer la situación patrimonial del banco y los mecanismos para atender las obligaciones pendientes.
Los vínculos de Santiago Peña con el grupo propietario
Uno de los principales argumentos de los legisladores que impulsan el juicio político es la relación empresarial que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
El mandatario fue accionista del grupo hasta marzo de 2025. Para los impulsores de la iniciativa, ese antecedente obliga a examinar si existió un conflicto de intereses y si las autoridades actuaron adecuadamente frente a los problemas de la entidad financiera.
Los cuestionamientos también apuntan a la concentración de fondos públicos y previsionales en el banco, así como a presuntos créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo propietario.
Estas acusaciones forman parte de los argumentos presentados por los legisladores y todavía deben ser examinadas por las instancias correspondientes. No constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad penal contra Peña.
La oposición también cuestiona el nombramiento de Carlos Carvallo, quien había dirigido Ueno antes de asumir la presidencia del Banco Central. Ese antecedente se incorporó a los argumentos sobre la independencia de la supervisión financiera.
35 diputados presentan el pedido de juicio político
El 4 de noviembre, un grupo de 35 diputados presentó formalmente los libelos acusatorios para impulsar juicios políticos contra Santiago Peña y Pedro Alliana.
La iniciativa contra el presidente plantea presuntos conflictos de intereses, cuestionamientos sobre la administración de fondos previsionales y posibles fallas institucionales relacionadas con la supervisión de Ueno Bank.
En el caso de Alliana, los legisladores también formularon acusaciones relacionadas con su supuesta actuación frente a la crisis de la entidad y el manejo de recursos públicos.
Este jueves, la Cámara de Diputados comenzó a debatir la propuesta. Para que la acusación avance hacia el Senado se requiere el voto de dos tercios de los legisladores presentes, conforme al procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
La presentación de los documentos y el inicio del debate no significan que Peña o Alliana hayan sido destituidos ni que el juicio político esté aprobado. La Cámara Baja debe reunir los votos necesarios para formular la acusación. Si el proceso avanza, corresponderá al Senado analizarla y resolver conforme a las mayorías constitucionales.
Renuncia en el Banco Central e investigación penal
La crisis también provocó cambios en las autoridades financieras. Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a pedido de Santiago Peña. Su trayectoria al frente de Ueno antes de asumir el cargo quedó bajo cuestionamiento en medio de las dudas sobre la supervisión de la entidad.
En paralelo, la Fiscalía solicitó investigar el caso y se dispusieron órdenes de detención contra ocho personas vinculadas al banco. También se ordenó el congelamiento de activos, según los reportes sobre las actuaciones judiciales.
Estas medidas buscan esclarecer posibles irregularidades en las operaciones de la entidad y establecer eventuales responsabilidades. La existencia de una investigación no implica que las personas alcanzadas por las medidas hayan sido declaradas culpables.
La crisis, por tanto, avanza en dos ámbitos distintos: el político, con los pedidos de juicio contra Peña y Alliana, y el judicial, con las pesquisas sobre las operaciones de Ueno Bank.
¿Qué pasará con los ahorros de los clientes?
La devolución de los depósitos es una de las principales preocupaciones de los usuarios. El Banco Central anunció mecanismos de pago mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, con cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona o empresa en cada entidad financiera.
Ese límite equivale a 228,3 millones de guaraníes, de acuerdo con la información oficial del BCP. La cobertura se aplica por depositante y por banco, no por cada cuenta individual.
Los saldos que superen el monto garantizado deberán ser atendidos dentro del procedimiento de resolución, conforme a la situación patrimonial de la entidad y los mecanismos legales previstos.
El Gobierno y el Congreso también impulsaron medidas para facilitar anticipos de cobertura y acelerar los pagos a los ahorristas afectados. Sin embargo, quienes tienen depósitos superiores al límite de garantía deberán seguir las comunicaciones oficiales para conocer el procedimiento de recuperación de sus fondos.
¿Está en riesgo todo el sistema financiero paraguayo?
El Banco Central ha señalado que el caso de Ueno Bank es particular y no refleja una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.
La crisis, no obstante, abrió interrogantes sobre la supervisión bancaria, la exposición de instituciones públicas y los créditos a empresas vinculadas al grupo propietario. También generó preocupación entre ahorristas e inversionistas por la capacidad de las autoridades para detectar y corregir problemas financieros.
En el plano político, el debate sobre el juicio a Peña y Alliana continuará dependiendo de los votos en Diputados. En el ámbito financiero, el proceso de resolución deberá determinar cómo se protegerán los depósitos y qué ocurrirá con los recursos que excedan la cobertura garantizada.
Por ahora, Santiago Peña continúa en la Presidencia y no existe una decisión definitiva sobre el juicio político. La crisis de Ueno Bank mantiene abiertas, al mismo tiempo, una disputa institucional, una investigación sobre posibles irregularidades y el desafío de responder a los clientes que buscan recuperar sus ahorros.
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