Delvinson De la Cruz Sosa podría enfrentar hasta 10 años de prisión por amenazas contra Luis Abinader

Santo Domingo.- Delvinson De la Cruz Sosa podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión tras ser imputado por cometer el delito de amenazas en perjuicio del presidente de la República, Luis Abinader, según establece el nuevo Código Penal dominicano.

El imputado se encuentra recluido en la cárcel preventiva de San Francisco de Macorís (SFM), a la espera de que un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís conozca la solicitud de medida de coerción, luego de que esta sea depositada este jueves.

De la Cruz Sosa fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial emitida por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de esa jurisdicción, tras recibirse una denuncia en su contra por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader.

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Los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar apresaron al imputado tras ejecutar la orden judicial, que también ordenaba realizar un allanamiento en la residencia de Delvinson De la Cruz Sosa.

En las diligencias investigativas, el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La investigación también incluyó el allanamiento de la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, donde labora De la Cruz Sosa.

La solicitud de allanamiento explica que los fiscales se enfocan en identificar y ocupar equipos electrónicos, como celulares, tabletas y computadoras, así como armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otra evidencia que guarde relación con los hechos investigados.

Durante los allanamientos fueron ocupados objetos electrónicos y sustancias químicas que son evaluados como posibles pruebas relacionadas con la presunta intención de materializar las amenazas.

Al autorizar los allanamientos, la jueza señala que estos proceden en atención a una investigación sobre la planificación de un presunto atentado terrorista contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que, según la solicitud, estaría previsto para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.

La solicitud también hace referencia al pasado 16 de octubre, según dio a conocer el órgano persecutor.

¿Qué establece el nuevo Código Penal dominicano sobre las amenazas contra funcionarios?

El nuevo Código Penal dominicano establece que quien profiera amenazas o lleve a cabo actos de intimidación contra un funcionario o servidor público, con el propósito de que este cumpla o se abstenga de ejecutar un acto propio de sus funciones, o para que se prevalezca de sus atribuciones y obtenga de otro funcionario o servidor público una determinada ventaja o decisión a favor de un particular o de un tercero, será sancionado con penas de cinco a 10 años de prisión mayor y una multa de cuatro a 10 veces el salario que perciba el funcionario o servidor público víctima de la infracción al momento de su comisión.

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En cuanto al delito de ultraje, este consiste en pronunciar palabras o amenazas, enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o realizar gestos, de manera no pública, pero con carácter contrario a la dignidad personal o a las funciones que desempeña un funcionario o servidor público.

El ultraje será sancionado con penas de 15 días a un año de prisión menor y una multa de dos a tres veces el salario que perciba el funcionario o servidor público víctima de la infracción al momento de su comisión.

La persecución del delito de ultraje se realizará mediante acción pública a instancia privada