En medio de una profunda crisis financiera y de crecientes cuestionamientos por la administración de los recursos públicos, el Gobierno de Gustavo Melella eligió convertirse en anfitrión de un encuentro nacional dedicado a promover la transparencia en la gestión del Estado.
La iniciativa podría resultar destacable si no fuera por una contradicción difícil de ignorar: mientras la Provincia promueve debates sobre transparencia, el Municipio de Río Grande continúa exigiendo explicaciones por más de $17.294 millones que, según sus registros, debieron ser transferidos a las cuentas municipales.
Ushuaia es sede, entre el 4 y el 6 de noviembre, de la XVIII Asamblea General del Consejo Federal para la Transparencia, organizada junto a la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Nación.
El programa incluye un foro abierto sobre transparencia, derechos y gobernanza digital, además de capacitaciones destinadas a funcionarios y agentes públicos.
Pero la discusión sobre la transparencia adquiere otra dimensión cuando se analiza lo que sucede con las cuentas del propio Gobierno provincial.
El Municipio de Río Grande intimó formalmente a la Contadora General, Yesica Solange Flecha, y a la Tesorera provincial, Romina Rouco, para exigir la regularización de transferencias de coparticipación, regalías y otros fondos que, según la documentación municipal, alcanzaban una deuda estimada de $17.294.814.520 al 30 de septiembre.
Las cartas documento enviadas el 30 de octubre no solamente reclaman los recursos. También exigen conocer las liquidaciones efectuadas, los pagos realizados y los fundamentos legales de cualquier retención, compensación o demora.
El planteo es especialmente grave porque la coparticipación no constituye una ayuda discrecional del Ejecutivo provincial. Son fondos que corresponden legalmente a los municipios y cuya transferencia debe cumplir las obligaciones constitucionales vigentes.
La pregunta que el Gobierno de Melella todavía debe responder es sencilla: si esos recursos fueron percibidos por la Provincia, por qué no llegaron oportunamente a las cuentas de Río Grande y cuál fue su tratamiento financiero.
La falta de precisiones volvió a quedar expuesta durante la reunión del 3 de noviembre con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo.
Según informó el Municipio, el encuentro concluyó sin un compromiso concreto de cancelación ni un cronograma que estableciera fechas y montos para regularizar la deuda reclamada.
La posibilidad de reducir los retrasos quedó vinculada a la eventual llegada de recursos extraordinarios de Nación, una condición que no garantiza cuándo serán transferidos los fondos pendientes.
Así, mientras se organizan encuentros para enseñar y debatir buenas prácticas de transparencia, la administración provincial sigue sin ofrecer una respuesta verificable sobre una deuda millonaria que afecta directamente a una de las principales ciudades fueguinas.
La contradicción también obliga a revisar las prioridades de un Gobierno que enfrenta dificultades para equilibrar sus cuentas, mientras los municipios reclaman recursos indispensables para sostener servicios públicos, obras y compromisos presupuestarios.
No alcanza con organizar foros, suscribir declaraciones o capacitar funcionarios. La transparencia debe expresarse en decisiones concretas: información pública accesible, rendición de cuentas, cumplimiento de las obligaciones legales y explicaciones claras sobre la utilización de los recursos.
El Gobierno provincial tiene la oportunidad de demostrar que la transparencia que promueve también se aplica a su propia administración. Para ello debería informar el estado actualizado de las transferencias a los municipios, justificar las demoras y establecer compromisos verificables para normalizar los pagos.
El reclamo de Río Grande no representa solamente una diferencia financiera entre administraciones. También constituye una discusión sobre la autonomía municipal y el deber de rendir cuentas respecto de fondos públicos.
La verdadera transparencia no se demuestra en un auditorio ni se resuelve con una capacitación. Comienza por explicar qué ocurrió con los recursos que pertenecen a los vecinos y por cumplir, en tiempo y forma, las obligaciones que establece la ley.
Ese es el desafío que el Gobierno de Melella tiene pendiente mientras Tierra del Fuego se presenta ante el país como sede de un encuentro dedicado, precisamente, a la transparencia pública.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
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