Reclaman cambios en la elección de jueces para limitar la discrecionalidad del Consejo de la Magistratura

Organizaciones judiciales, empresarias y de la sociedad civil reclamaron una reforma del sistema de concursos para la selección de jueces nacionales y federales, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y evitar que las entrevistas personales alteren los resultados obtenidos por los candidatos en las evaluaciones técnicas. El planteo llega a pocos días de la renovación de gran parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, prevista para el 18 de noviembre.

La iniciativa quedó plasmada en una declaración pública titulada “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos”, que cuenta con el respaldo de 30 organizaciones, 12 juristas y 277 firmantes individuales, entre ellos dirigentes políticos de distintos espacios, empresarios y referentes académicos.

El principal reclamo apunta a limitar a un máximo de 20 puntos la incidencia de las entrevistas personales en la calificación final de los postulantes. Actualmente, según advierten los impulsores de la propuesta, esa instancia permite introducir criterios discrecionales capaces de modificar el orden de mérito establecido a partir de los antecedentes profesionales y los exámenes de oposición.

“La Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces. La ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos respetando estrictamente el orden de mérito”, señala el documento.

Los firmantes sostienen que esas condiciones no siempre se cumplen y cuestionan que existan diferencias de criterio para determinar qué aspirantes acceden a las entrevistas. A su entender, el peso de esa evaluación puede terminar desplazando el mérito demostrado durante el concurso.

El pedido coincide con una propuesta de reforma presentada en marzo por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mediante la Acordada 4/2026. El proyecto establece un sistema de evaluación de hasta 200 puntos, de los cuales solamente 20 podrían corresponder a la entrevista personal.

La iniciativa también contempla la implementación de concursos anticipados para agilizar la cobertura de vacantes, la creación de legajos digitales de los aspirantes y mecanismos de anonimato en los exámenes, con el propósito de impedir que la identidad de los candidatos influya en las calificaciones.

Entre las modificaciones propuestas figura una evaluación general de conocimientos jurídicos de 120 preguntas de opción múltiple, cuya aprobación tendría una validez de cinco años, seguida de una instancia práctica que incluiría la resolución de casos y la redacción de una sentencia. Los antecedentes académicos y profesionales tendrían una valoración máxima de 100 puntos, mientras que los concursos deberían completarse en un plazo de 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición, prorrogable por otros 30 mediante una decisión fundada.

La reforma comenzó a analizarse en abril en las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación del Consejo de la Magistratura, pero todavía no fue aprobada. Su tratamiento quedará pendiente para la nueva integración del organismo, que asumirá a partir del 18 de noviembre.

Entre las entidades que acompañan el reclamo aparecen la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Red de Acción Política (RAP) y distintos colegios de abogados. También adhieren organizaciones empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina, IDEA y AmCham Argentina.

En el plano jurídico, la declaración reúne las firmas de especialistas como Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.

El respaldo político también es amplio y atraviesa diferentes espacios partidarios. Entre los firmantes individuales figuran el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; los exvicepresidentes Gabriela Michetti y Julio Cobos no figura entre los adherentes mencionados; los exministros Ernesto Sanz y Esteban Bullrich; los dirigentes Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Florencio Randazzo y Omar Perotti; y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Para los impulsores de la iniciativa, reducir los márgenes de discrecionalidad en la selección de magistrados resulta indispensable para fortalecer la independencia judicial. Además, consideran que contar con tribunales independientes y previsibles constituye una condición fundamental para promover inversiones, crecimiento económico y generación de empleo.

El reclamo adquiere especial relevancia en un contexto de numerosas vacantes judiciales y con un Consejo de la Magistratura próximo a modificar su composición. La nueva integración deberá definir si avanza con la reforma propuesta o mantiene el actual sistema de selección, cuya transparencia y objetividad quedaron nuevamente bajo cuestionamiento.