Asumir deudas sin o con muy poco control, es siempre muy riesgoso. Se puede llegar a aquel momento en que resulta harto difícil honrarlas o, en muchos casos, simplemente imposible. Esa regla básica en la vida de las personas, las familias o las empresas, se aplica también a la realidad política de un país como el Perú y más aún a su gobernante, Keiko Fujimori.

Keiko quiere ser como su padre y muchos de quienes la apoyaron en las elecciones quieren exactamente lo mismo. Mucha gente guarda un gran recuerdo de los primeros años de Alberto Fujimori en su primer mandato, durante el cual consideran estabilizó al país luego de una catastrófica crisis financiera y económica y tuvo éxito en la lucha contra Sendero Luminoso.

No es mi objetivo analizar esa época ni juzgar la validez de esos recuerdos, pero si tener en cuenta que Alberto Fujimori llegó al poder después de haber ejercido como rector de una universidad pública en el Perú. Políticamente, no le debía nada a nadie. Era, cuando postuló a la presidencia de la república, una persona desconocida. El «chinito», como le decían, recorría el país en su tractor anunciando “honradez, tecnología y trabajo”; y gracias a ese mensaje simple y al apoyo de algunos medios de comunicación logró vencer a quien parecía ser el candidato favorito: Mario Vargas Llosa.

Precisamente porque no tenía grandes deudas políticas, pudo plantear al inicio de su gobierno, con el apoyo de asesores, una serie de acciones orientadas fundamentalmente a estabilizar la economía, promover el empleo, pacificar el país luchando contra Sendero Luminoso y devolverle coherencia al marco tributario. Claro que en ese camino empezó a asumir deudas. Desde un inicio con Vladimiro Montesinos y luego con la propia democracia, deudas que conllevaron a que no pudiese gobernar y tuviese que huir del país. Pero de esas deudas, las del padre, no trata este artículo sino las de Keiko.

Keiko, en su cuarto intento, logró el deseado éxito de ganar las elecciones el 2026 y, en ese largo camino de 15 años de postulaciones y 5 años previos de congresista asumió muchas deudas. Se endeudó a tal punto que hoy no tiene libertad para gobernar.

Pero déjenme ser claro y partir de una fundamental premisa. La política se construye sobre alianzas, compromisos, negociaciones y acuerdos y ello es lo más natural. Por ello cuando en este artículo incido en el concepto de “deuda” me refiero a cuando los compromisos políticos dejan de ser instrumentos que facilitan el poder para convertirse en elementos que condicionan el ejercicio de ese poder. Endeudarse en ese sentido implica perder poder porque al hacerlo se cede parte de la libertad de decisión y eso le viene pasando a Keiko como veremos a continuación.

Si alguien cree que en algún momento Keiko podría convenir que su gobierno debe ser respetuoso de los derechos humanos, recuerden que nunca podrá hacerlo porque las Fuerzas Armadas se lo impedirán».

1.  La deuda militar

Esta es una deuda antigua que viene desde el padre y que se materializó en el manto de impunidad con que Alberto Fujimori cubrió a las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso y en sus actos de corrupción. Por ello mantuvo al comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermosa Ríos por 7 años en su cargo y convirtió a las Fuerzas Armadas en herramienta instrumental para objetivos poco democráticos.

Hoy podría parecer que esa deuda viene siendo atendida por el actual senador Fernando Rospigliosi quien en su papel de guardián de la impunidad impulsó en los últimos años leyes que exoneran, indultan o amnistían de toda responsabilidad a militares acusados de violaciones de derechos humanos o sin proceso en curso por haber huido del país pero ocurre exactamente lo contrario: la deuda sigue incrementándose y la vienen cobrando exigiendo tratos preferenciales en el pago de sus pensiones por retiro, frente a paupérrimas pensiones para cualquier otro ciudadano, o en la demanda de equipamiento militar no urgente ni necesario para un país cuyo déficit fiscal no puede ser estabilizado. Keiko tendrá en sus cinco años muy poco margen para decirles que no.

Si alguien ilusamente cree que Keiko podría reflexionar y en algún momento convenir que su gobierno debe ser respetuoso de los derechos humanos y severo contra quienes los violaron, recuerden que nunca podrá hacerlo porque serán la Fuerzas Armadas las que lo impedirán. Depende fuertemente de ellos y su estabilidad se sustenta en su apoyo.

2.  La deuda policial

Esta es una deuda libremente asumida por Keiko. La creó un homínido político pre-Keiko, Dina Boluarte, al autorizar por sí o por interpósita persona la represión contra las marchas que en distintos lugares del país se organizaron contra su gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 y que originaron 50 civiles muertos por disparo de arma de fuego por parte de la policía y en algunos otros casos de los militares. Nadie ha respondido por esos asesinatos y no lo ha hecho Keiko que, desde el congreso anterior, que presidía su propio partido político, ha sido más bien proclive a cubrir de impunidad esta situación.

Esa deuda ha sido asumida por Keiko con el agravante que el pasado Congreso bajo presidencia de su partido, aprobó una ley que le da a la propia policía nacional la atribución de investigar a sus propios miembros bajo la excusa de “actos de servicio” con lo cual garantizan su impunidad.

Por lo tanto, a la Policía no se la toca. Y ello implica que aun cuando todos reconocen el nivel de corrupción generalizada bajo el que actúan, nada pueden hacer. La deuda se los impide. Así, la policía se ha convertido también en parte del problema de la inseguridad en el país, con miembros de ella que son parte de las organizaciones criminales y no podemos esperar allí cambio alguno.

3.  La deuda con las organizaciones criminales

Todos recordamos a Keiko cuando postulaba a la Presidencia y tenía como gran contendiente a Pedro Pablo Kuczynski y recordamos también el momento en que recibió el respaldo de los dirigentes vinculados a la minería ilegal llegando a firmar con ellos un compromiso, en abril de 2016, para derogar normas legales que tenían por objeto controlar la expansión de esta ilícita actividad.

Es una alianza que tiene al menos una década, si no más; una deuda que se ha venido pagando mediante la ampliación del REINFO y la entrega de condiciones que permiten a los mineros ilegales continuar con su ilícita actividad con el apoyo del propio Estado.

Lo que ocurre hoy día es que esos acreedores de Keiko ahora también están en el Congreso e incluso tienen influencia en medios de comunicación y canales de televisión.

Por lo tanto, Keiko tiene muy poco margen para enfrentarlos, aun cuando sabe que uno de los grandes problemas de la seguridad en el Perú es precisamente la articulación de la criminalidad con determinados intereses políticos y económicos.

Por eso, incluso desde el Congreso pasado, Fuerza Popular ha contribuido a facilitar la aprobación de normas que, lejos de combatir la criminalidad, terminan favoreciéndola.

¿Cómo puede Keiko enfrentar a las organizaciones criminales si tiene compromisos con algunos de quienes las representan o protegen? Claramente no lo podrá hacer ni tendrá siquiera la voluntad para hacerlo y aunque nos vendan la denominada ley MAPE (para la minería artesanal y de pequeña escala) sabemos que ella no enfrentará de manera alguna el problema estructural de esa ilícita actividad.

4.  La deuda con la corrupción y los acuerdos políticos

Es claro que durante los últimos años gobernó desde el Congreso el fuji-cerronismo. Una alianza formada en esencia para liberar a sus líderes de investigaciones, denuncias, procesos judiciales o cualquier acción que pudiera resultarles incómoda. Esa alianza no se limitó a dos movimientos políticos, pero más bien incluyó a todos aquellos con escaños en el Congreso que concluyó en julio de 2026 y que fueron capaces de pactar a favor de sus propios intereses y en desmedro del propio país. Esta alianza organizada para la impunidad representa una deuda política muy importante, pues sus integrantes pactaron para protegerse mutuamente y evitar que prosperasen investigaciones y responsabilidades por sus propios actos de corrupción.

Por lo tanto, esas alianzas no pueden romperse fácilmente. Las denominadas leyes pro-crimen se mantendrán vigentes, no porque necesariamente respondan a una estrategia para enfrentar la criminalidad externa a la política, sino porque son los propios políticos quienes tienen interés en protegerse entre ellos.

Esta es una de las deudas que más limita a Keiko. Cualquier intento de modificar ese marco normativo supone enfrentarse a quienes fueron sus aliados y con quienes se construyó el poder político que hoy se pretende conservar. Y Keiko no parece estar en condiciones de hacerlo.

Cualquier reforma del TC, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, de la JNJ y de otras entidades del Estado tendrá enormes obstáculos durante estos cinco años».

5.  La deuda con el Ministerio Público y el sistema de justicia

Esta es una deuda compartida. Una deuda asumida colectivamente. Todos se protegen entre ellos.

Yo protejo a Patricia Benavides; el Tribunal Constitucional protege al actual fiscal de la Nación que a su vez se ve protegido por la Junta Nacional de Justicia que protege al Defensor del Pueblo y entre todos protegen las leyes de impunidad y de la mano a Keiko Fujimori, liberándola de cualquier responsabilidad penal o de las investigaciones que puedan comprometerla. Se ha construido así una red de protección y reciprocidades políticas que hace muy difícil imaginar una reforma institucional genuina.

Por lo tanto, cualquier reforma del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y de otras entidades del Estado tendrá enormes obstáculos durante estos cinco años.

No porque no sean necesarias. Todo lo contrario. Son indispensables. Pero hacerlas supone afectar intereses de quienes forman parte de este entramado de protección mutua. Y Keiko tiene demasiadas deudas con ellos.

6.  La deuda fiscal

Todos quieren que Keiko sea como su padre. Pero hay que recordar que Alberto Fujimori simplificó el sistema tributario y lo redujo a solo cinco impuestos, sin un sistema de exoneraciones que generara los privilegios sectoriales que hoy conocemos. Keiko ha hecho prácticamente lo contrario.

Ha facilitado la renovación de beneficios tributarios a los agroindustriales y facilitado estos beneficios a otros sectores de la economía, llegando incluso a extenderlos a las barberías. Ha asumido una deuda con quienes se han acostumbrado a recibir esos beneficios y difícilmente aceptarán perderlos. Por lo tanto, no habrá forma de estabilizar el déficit fiscal si no se cierran esos agujeros.

El problema es que cerrarlos significa enfrentarse a quienes han contribuido a sostener políticamente su proyecto. Y esa es precisamente la contradicción: el país necesita recuperar ingresos y ordenar su sistema tributario, pero Keiko tiene compromisos con quienes se benefician de sus distorsiones y ni el deseo y voluntad del ministro de Economía y Finanzas podrá cambiar ello. Claro ejemplo es la desautorización que miembros del propio gabinete de Keiko plantean sobre propuestas que provienen de la máxima autoridad de las finanzas en el país.

Por su lado el Congreso pasado despilfarró recursos. Se incrementó el presupuesto a niveles nunca vistos llevándonos a tener un Congreso con una planilla sobredimensionada, innecesaria e incompetente. Pero ese agujero fiscal no se limita al Congreso. Se ha extendido a muchos otros sectores de la economía y del aparato público.

El Ministerio de Economía pretende cerrar la brecha fiscal y recuperar la disciplina que el país necesita. Pero los propios compromisos políticos del gobierno y de sus integrantes terminan impidiéndolo. Keiko le debe demasiado a los acuerdos que le permitieron construir y mantener su poder.

Este agujero fiscal incluye pensiones a militares y a maestros y como se dijo, los primeros no podrá tocarlos y los segundos ya le generan movilizaciones sindicales que la pueden poner en jaque. Nos imaginamos como consecuencia de ello ¿alguna mejora en la calidad educativa que vaya más allá de pelo corto, prohibición al maquillaje o la obligación de la falda larga? Definitivamente no

Y, por lo tanto, el déficit fiscal seguirá siendo más alto de lo que debería y continuará superando las metas establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual del Perú.

¿Cómo puede un gobierno recuperar la disciplina fiscal si no tiene la capacidad política de decir que no a quienes se han acostumbrado a recibir recursos y beneficios del Estado? La deuda política termina convirtiéndose, inevitablemente, en deuda económica. Y esa deuda la terminamos pagando todos los peruanos.

A Keiko le parece adecuado asumir una posición de subordinación, como si el Perú estuviera condenado a ser un dócil país del patio trasero de Estados Unidos».

7.  La deuda con Estados Unidos

Esta es una deuda más reciente. Se origina en un innecesario nuevo alineamiento y poco inteligente de Keiko Fujimori con Estados Unidos, sus gobernantes y sus políticas.

A Keiko no parece importarle que el Perú haya sido afectado por mayores aranceles. Tampoco parece preocuparle que ese alineamiento pueda poner en riesgo nuestra relación con China, un gran inversionista y uno de nuestros principales socios comerciales. A Keiko le parece adecuado asumir una posición de subordinación, como si el Perú estuviera condenado a ser un dócil país del patio trasero de Estados Unidos.

Tendría que escuchar a Lula cuando dice que América Latina no será el patio trasero de nadie. Sin embargo, Keiko parece no estar dispuesta a cuestionar esa relación de subordinación.

Y para cumplir con esa tarea coloca a un canciller como Carlos Espá, cuya trayectoria y vinculaciones con Estados Unidos generan legítimos cuestionamientos sobre la autonomía con la que puede conducir nuestra política exterior.

Esta deuda también se expresa en la manera en que el Perú ha comenzado a tratar sus relaciones internacionales.

Antes el Perú se oponía al embargo a Cuba. Ahora se abstiene o lo apoya. Antes el Perú mantenía una posición de rechazo frente a la expansión de los asentamientos israelíes en territorios palestinos, particularmente en Cisjordania. Ahora se abstiene o lo apoya. Antes el Perú permitía que las posiciones palestinas se expresaran en el sistema de Naciones Unidas. Ahora se abstiene o las limita. Todo parece responder a un mismo patrón: el alineamiento con Estados Unidos se ha convertido en una deuda política que Keiko no está dispuesta a cuestionar.

Y, por lo tanto, tendremos que seguir soportando una política exterior que no necesariamente responde a los intereses del Perú, sino a los compromisos políticos de quienes nos gobiernan.

8.  La deuda con la extrema derecha

Keiko no parecía querer ser vista como una figura de derecha o menos aún de extrema derecha cuando, en octubre de 2015, en una conferencia en la Universidad de Harvard consideró que el trabajo de la Comisión de la Verdad había sido positivo, que se había cometido errores en el gobierno de su padre y que se solidarizaba con las mujeres sometidas a las esterilizaciones forzadas. Es más, proyectó la imagen de una persona conciliadora y respetuosa de los derechos civiles no solo en dicha conferencia, pero en la entrevista que concedió un día antes a Steven Levitsky. Sin embargo, esa imagen pareció durar poco. Perdida la elección, meses después, y con una mayoría abrumadora, de su partido, en el Congreso que inició en julio de 2016, Keiko sacó las armas y le hizo la vida imposible a Kuczynski.

Hoy esa actitud parece haberse endurecido aún más. Fuera de sus apariciones como “inffuencer” Keiko parece preferir la imagen militarizada de un gobierno que pone orden, a lo Bukele y ese posicionamiento la ha llevado a ser reconocida en los medios internacionales como parte de los gobiernos de extrema derecha que han asumido el poder en América Latina.

¿Qué asume Keiko con esta posición de extrema derecha? Creo que contrae una deuda muy importante.

Se alinea con gobernantes y movimientos de extrema derecha de la región en un contexto en el que la cooperación entre Estados parece haber dejado de ser una prioridad y por ello en esta fragmentación de supuestos e inexistentes aliados nadie saldrá ganando.

Esta extrema derecha se sustenta en nacionalismos, en disputas por ocupar espacios comerciales y en una competencia geopolítica que tiene como uno de sus principales escenarios la relación con Estados Unidos y China.

En esa lógica se inscribe también su decisión de alinearse con el denominado Escudo de las Américas, a diferencia de Chile, que ha optado por participar como observador. Esta iniciativa, que se presenta bajo el argumento de la seguridad regional, tiene también implicaciones comerciales, económicas y geopolíticas. Parece orientarse a consolidar la influencia estadounidense, a limitar la presencia de inversiones provenientes de China y a asegurar el acceso a tierras raras y minerales críticos.

¿Eso le genera beneficios al Perú? Todo hace suponer que no necesariamente. Más bien, corremos el riesgo de dificultar nuestras relaciones comerciales y estratégicas con uno de nuestros principales socios económicos.

En esta misma lógica, Keiko saluda a Lula, pero no sabemos si lo hace por convicción o simplemente por cortesía. Lo cierto es que Brasil tendrá un papel fundamental en el nuevo escenario geopolítico regional y será un actor central en la disputa frente al avance de los movimientos de extrema derecha. Y siendo Brasil uno de nuestros principales socios en el continente y la economía más poderosa de la Región no sabemos cuál será el costo que le impone su deuda con la extrema derecha en su relación con un gobierno de ideología progresista.

Pero hay también una deuda que ha asumido con los ciudadanos que la respaldaron. Fundamentalmente limeños y de derecha. Hay que recordar que el sustento que reúne a derecha y extrema derecha es el de una narrativa que incide en la exclusión, la polarización y la permanente descalificación del otro, al que se acusa de ser caviar, comunista o terrorista. El “terruqueo” es la regla y el miedo del segundo lustro de los 80 en violencia e inestabilidad económica, sigue vigente 35 años después.

Satisfacer las expectativas de esos sectores impedirá a Keiko integrar, incluir y gobernar pensando en el bienestar de todos los peruanos. Le resultará muy difícil, con esa deuda, asumir verdaderamente el papel de presidenta de todos, porque gobernar para todos exige precisamente lo contrario: reconocer al que piensa distinto, construir consensos y entender que quienes no votaron por uno también forman parte del país que se debe gobernar.

Muchas de las decisiones que el Perú necesita requieren precisamente hacer aquello que Keiko no puede permitirse: enfrentarse a sus acreedores».

9.  La deuda con Porky y Renovación Popular

Esta es probablemente una de las deudas más complejas, porque es al mismo tiempo política, económica y de imagen.

Porky, Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular e inconstitucionalmente potencial nuevo alcalde de Lima desde enero de 2027, es una persona que se caracteriza por sus expresiones destempladas, su adjetivación permanente y su desprecio por las formas y las reglas de convivencia política. Y hoy Keiko parece querer asemejarse a él, adoptando incluso algunos de sus gestos y de su estilo confrontacional.

Pero el mayor problema no es ese. Porky ha asumido una deuda monetaria inmensa desde la Municipalidad de Lima. Una deuda que podría resultar muy difícil de atender y que, en última instancia, tendrá que ser asumida por todos los peruanos, agravando aún más el problema de las cuentas fiscales antes referido. Y en esto ni Keiko ni el ministro de Economía y Finanzas tendrán necesariamente margen para oponerse. Porque Keiko tiene una deuda adicional con Porky: la deuda política.

Keiko necesita a Porky en el Senado para asegurar la mayoría que requiere. Y eso significa que, con esa espada de Damocles sobre su cabeza, tendrá muy poco margen para cuestionar sus decisiones o rechazar sus demandas. Por lo tanto, no le quedará más que aceptar sus caprichos o asumir el costo político de enfrentarse a él.

Esta es otra deuda inmensa. Una deuda que no solamente compromete las finanzas de Lima y compromete las del país entero y una deuda política que le quita a Keiko margen para gobernar.

Demasiadas deudas para poder gobernar

Todo esto nos lleva a una conclusión bastante sencilla. Keiko Fujimori está demasiado endeudada políticamente. Y cuando uno debe demasiado y no tiene capacidad para pagar, termina perdiendo su libertad de acción.

El problema de Keiko Fujimori no es solamente cómo llegar al gobierno, sino cómo gobernar sin traicionar a quienes la llevaron hasta allí. Porque gobernar implica tomar decisiones. Y muchas de las decisiones que el Perú necesita requieren precisamente hacer aquello que Keiko no puede permitirse: enfrentarse a sus acreedores.

Hay quienes creen que Keiko puede cambiar. Que su visita a Bukele, su gesto de dureza, su manera de hablar y su aparente disposición a dar órdenes son señales de que tendremos un gobierno diferente. Pero olvidan algo fundamental: una cosa es aparentar autoridad y otra muy distinta tener la libertad para ejercerla.

Un gobernante que tiene demasiadas deudas políticas no puede tomar libremente las decisiones que el país necesita. Puede dar discursos, anunciar medidas, hacer gestos de autoridad y presentarse como alguien dispuesto a poner orden. Pero cuando llegue el momento de afectar los intereses de quienes lo llevaron al poder, tendrá que retroceder.

Y ese es el verdadero problema. Keiko no solamente tiene que gobernar el Perú. Tiene que pagar las deudas que contrajo para llegar al poder. Y probablemente esas dos tareas sean incompatibles.

Ciudadanos, nos esperan cinco años iguales.

Colofón: todavía hay margen para gobernar

Keiko está muy endeudada. Eso es lo que he tratado de explicar y es precisamente lo que limita su libertad en el ejercicio del gobierno. Quiero, sin embargo, dejar algo muy claro: de ninguna manera deseo que Keiko fracase y, como consecuencia, fracase también el país. Pero reconozco que, siendo tan difícil honrar todas las deudas que ha asumido, tendrá cuesta arriba la posibilidad de gobernar con libertad.

¿Qué sugiero entonces? Para empezar, Keiko tiene que abandonar los extremos. No puede pretender ser una “influencer” de TikTok, mostrando una cara dulce que no termina de transmitir autenticidad o proyectando una imagen superficial. Tampoco puede limitarse a mostrar un gesto adusto, casi militar, como si gobernar fuera simplemente dar órdenes y demostrar autoridad.

Keiko tiene que saber conciliar, acercarse a la gente y mostrar empatía frente a las necesidades de cada ciudadano. Su mensaje debe orientarse a ello y, reconociendo las deudas que ha contraído, debe empezar a construir un margen de maniobra que le permita gobernar. Pero sin empatía le será muy difícil conseguirlo.

Es probable que Keiko encuentre una oportunidad en los buenos precios de los minerales, de algunos otros commodities y productos que el Perú exporta. Con ello podría rencaminar el país hacia el crecimiento y con ello intentar reconstruir la confianza con el ciudadano. Pero debe recordar que la economía no lo es todo. Existe también una demanda social y una fragmentación política que no puede ignorar. El resultado electoral muestra que aproximadamente la mitad de los ciudadanos no la apoyó. A ellos también tiene que llegar.

Y hay un desafío inmediato que pondrá a prueba su capacidad de gestión: los eventos que podría desencadenar la presencia de El Niño y su agravamiento en las próximas semanas. Allí veremos realmente de qué está hecho su gobierno. Hasta ahora, la respuesta ha sido muy deficiente. El mensaje que ha prevalecido desde un gabinete bastante mediocre parece ser el de «sálvese quien pueda». Los ministros no parecen estar a la altura de lo que exige enfrentar un evento de esta naturaleza. Keiko debe empezar por ahí. Ese es el desafío más inmediato.

Si logra demostrar empatía, solidaridad e inclusión; si es capaz de reconocer a los más vulnerables y atender sus necesidades frente a El Niño, protegiendo especialmente a los ciudadanos y a las actividades esenciales de las que depende su supervivencia, quizás pueda empezar a construir una manera diferente de gobernar.

La política está compuesta por señales. Y las señales que hasta el día de hoy han dado Keiko y su gabinete son muy negativas. No llegan a la gente. Keiko tiene que recordar que son precisamente las señales que demuestren su cercanía con las necesidades de la población las que le permitirán reconstruir su relación con los ciudadanos por los que debe gobernar. Esperamos, por lo menos, las primeras señales. Señales que permitan recuperar la confianza y que, a partir de ellas, Keiko pueda incrementar su empatía y mejorar su capacidad de gobernar.

Porque, finalmente, gobernar no consiste solamente en pagar las deudas políticas que uno ha contraído para llegar al poder. Consiste en recuperar la libertad para tomar decisiones pensando en todos los ciudadanos. Y esa es precisamente la deuda más importante que Keiko tiene pendiente con el Perú y con quien debiera ser su principal acreedor, la ciudadaníaiii.

Xiamen, China Noviembre 1, 2026

i. Artículo desarrollado en su integridad por el autor, fruto de reflexiones personales y sometido a corrección final con herramienta de inteligencia artificial, sin alterar de manera alguna la autoría propia ni los argumentos y reflexiones planteadas.

ii. Este artículo es una lectura política estrictamente personal y de mi absoluta responsabilidad. No ha sido escrita ni representando ni transmitiendo la posición de ninguna organización. Se formula a los 100 días de inicio del gobierno de Keiko Fujimori y pretende contribuir al entendimiento de la actual realidad política de su gobierno y proyectar los retos de los años venideros.

iii. A mis amigos (y lectores de este artículo) que eventualmente reaccionen con el habitual «con Sánchez hubiera sido peor», les recuerdo que la mirada de un país —y la de un político— no debe limitarse a comparar quién habría sido peor. Debe, por el contrario, conservar la ambición de aspirar a lo mejor. Y eso, en el Perú, todavía es posible.